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Los trabajadores papeleros procesados por ocupar la planta Bernal, de la multinacional Kimberly Clark, fuimos informados por nuestros representantes legales, los abogados de Correpi -quienes desde un principio se pusieron a disposición para nuestra defensa-, que se logró el cierre de las causas.
La misma fiscalía que, en su momento, tomó la denuncia patronal contra los trabajadores, los judicializó y posteriormente ordenó el desalojo brutal de la fábrica -repudiado por numerosas organizaciones políticas, sindicales y sociales-, ahora dispone el archivo de la causa. En su resolución, la fiscal alega consideraciones tales como que en "lo actuado priman cuestiones de orden social que trascienden el derecho penal y además que el cierre generaba la pérdida de los puestos de trabajo de 300 familias". Esto es darnos la razón a los trabajadores -que desde el primer día denunciamos que se pretendía resolver una lucha sindical mediante una extorsión judicial- cuando el desalojo y los despidos son hechos consumados.
El estado y sus gobiernos, junto a la patronal, se valieron de todas las herramientas estatales (Secretaría de Trabajo, Poder judicial, fuerza represiva) durante el proceso de ocupación de 70 días y posteriormente, para garantizarle a Kimberly Clark la impunidad para el cierre trucho de planta Bernal.
La podrida burocracia sindical del Sindicato Papelero de Bernal y Federación del Papel no llamó a ninguna acción directa en respuesta a este cierre trucho, a pesar de haber sido reclamado con insistencia por la asamblea de la ocupación, ni tampoco lo hizo por los cierres de Ansabo, Acevedo, Helice, Convenor y Ledesma. Deliberadamente intentaron aislar la experiencia de los trabajadores de Kimberly Clark, que abría una perspectiva de lucha para defender los puestos de trabajo con los métodos del clasismo. La defensa de esta lucha quedó en manos de la organización interna de la planta y del movimiento obrero combativo, que se solidarizó numerosas veces con nuestra lucha. Fueron hitos de esta etapa las acciones como la puesta en producción y el Plenario Nacional que sesionó en las puertas de Kimberly Clark el 1ro de noviembre, que contó con la activa participación de delegaciones obreras de diversos puntos del país y funcionó como un incentivo a la puesta en marcha de Molinos Minetti, en Córdoba, también ocupada por sus trabajadores en ese entonces.
El violento desalojo de la fábrica, a punta de pistola, tuvo como finalidad dar por finalizado el ejemplo que significaba una ocupación obrera de más de 70 días y que ponía en jaque el eje central de la relación capital-trabajo, puesto que los trabajadores habíamos comenzado a producir sin ningún tutelaje patronal ni gerencial.
Declarada la pandemia, desde el gobierno sostuvieron la política de impunidad para Kimberly Clark, puesto que mantienen militarizada una planta capaz de producir enormes cantidades de insumos de primera necesidad que faltan en hospitales y demás dependencias de salud estatal. En contraste, la pandemia no inhabilito a los Fernández de pagar puntillosamente a los acreedores internacionales.
Las causas a los trabajadores de Kimberly Clark, que hoy se cierran no dejan dudas de las maniobras recurrentes de las que se vale la trinidad Estado-Patronales-Burocracia Sindical para regimentar a los trabajadores que salen a luchar. Estas políticas anti obreras están siendo enfrentadas por trabajadores de distintos gremios (BedTime, Sutna, Penta, Ansabo, Tres Arroyos, trabajadores de la salud) y se avizoran nuevos choques que deben tener una intervención independiente desde una política organizativa y de acción propia de los trabajadores, los únicos que podemos revertir la grave situación de barbarie que se desarrolla.
