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El gobierno de Javier Milei oficializó en el Boletín Oficial la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y puso a la venta el 90% de sus acciones. El paso previo al desguace de la empresa había sido la autorización para que el servicio público de agua potable y desagües cloacales sea interrumpido por la falta de pago de dos meses, en el caso de los usuarios residenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El decreto habilita el corte de suministro por "deficiencias en las instalaciones". AySA fue una de las empresas públicas sujetas a ser privatizadas en la Ley de Bases aprobada por el Congreso el año pasado. De acuerdo con el procedimiento aprobado, la privatización se llevará adelante en dos etapas: en la primera, se venderá el 51% del paquete accionario de AySA a un único operador mediante una licitación. Luego, un 39% de las acciones será ofertado en bolsas y mercados nacionales. El 10% restante quedará en manos de los empleados “dentro del programa de propiedad participada”. El acuerdo marco y el pliego de licitación deberán ser aprobadas por el Congreso.
Mediante esta privatización, el gobierno buscará recaudar una cantidad de dólares para pagar vencimientos de deuda pública. Los trabajadores pagarán con el aumento trimestral de las tarifas y los aumentos extraordinarios que autorizó el gobierno para la nueva dueña de la empresa. Se trata de un servicio que, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, a cargo de la UBA y el Conicet, aumentó un 331% en sólo un año. Mientras el gobierno habilita el corte del suministro,habilita por otra parte a que la empresa comercialice excedentes de agua potable o capacidad cloacal. Para ello, además se habilitaron a la empresa "amplias facultades" para revisar y auditar todas las obras.
Privatización-estatización-privatización
El gobierno admitió la necesidad de grandes inversiones en infraestructura, pero asegura que ello iría en contra del “saneamiento fiscal”.
La “estatización” kirchnerista no fue otra cosa que un rescate a la empresa francesa Suez, la cual decidió retirarse dejando una empresa endeudada (casi 700 millones de dólares) producto del fraude y el vaciamiento del que ninguna otra empresa quiso hacerse cargo. Los “estatizadores” habían colocado a la cabeza de la compañías al director general adjunto (entre otras funciones) de Suez (el abogado Carlos Humberto Ben). En la década del ‘90, Suez logró enormes beneficios con tarifas dolarizadas. La devaluación posterior volvió impagables las tarifas dolarizadas y los ajustes tarifarios en dólares, llevando a la empresa a la decisión de retirarse (sin olvidar la exigencia de una jugosa “indemnización”). Con un dólar planchado (por ahora) la gestión de AySA vuelve a ser visto como un buen negocio, aunque amenazada por otra devaluación.
El papel de la burocracia sindical ha sido clave en todo este proceso de privatizaciones y pseudoestatizaciones. El secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, fue uno de los grandes promotores de la privatización en 1993. Desde el 2003 se hizo kirchnerista y un “estatista” de primera línea, lo que le valió que el gobierno lo colocara en el directorio de AySA. Este burócrata, que aún sigue al frente del sindicato, acompaña ahora la privatización de Milei. Al ser consultado por la agencia Noticias Argentinas sobre la privatización de AySA, Lingeri respondió que “es una imposición de la Ley Bases”. Acerca del ajuste que la privatización significará sobre los trabajadores de la empresa, el sindicalista contestó que “el ajuste ya se hizo en todos los niveles operativos y administrativos por vía de la prejubilaciones y los retiros voluntarios". Según LPO, Lingeri “ya salió a apoyar el proceso privatizados porque mantendrá el 10% de participación accionaria”.
Mekorot
Según informaron algunos medios, el gobierno habría avanzado en las gestiones con Mekorot, la empresa estatal de agua israelí, durante la visita que Milei realizó el mes pasado a ese país. La empresa israeli es conocida por la condena a su administración del agua en territorios ocupados -violación del derecho internacional humanitario. Mekorot podría llegar a AySA con socios locales, como Daniel Sielecki (“un empresario muy cercano al gobierno de Milei al punto que ubicó a su sobrino como embajador en Francia y ahora puja por quedarse con Telefé”) y a Mauricio Filiberti (quien “controla monopólicamente desde hace años el meganegocio de la venta de cloro a AySA y siempre fue vinculado con el titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri”).
La privatización de AySA no es una idea original de los libertarios. El gobierno peronista de los Fernández ya había avanzado en sus relaciones con Mekorot. Según LPO, “Mekorot viene desde hace años haciendo lobby para ingresar en Argentina. Cuando Daniel Scioli fue gobernador bonaerense estuvo a punto de quedarse con la construcción de la planta potabilizadora de agua en La Plata, pero Scioli no consiguió los fondos”. En 2022, el entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, junto a su par de Obras Públicas -Gabriel Katopodis- encabezaron una misión a Israel , “con la idea polémica de centralizar la gestión del agua a nivel nacional en manos privadas” (Agencia Tierra Viva, 20/9/23). Allí se selló un acuerdo de cooperación entre el Consejo Federal de Inversiones y Mekorot para asistir técnicamente a las provincias en el desarrollo de planes de gestión y desarrollo de infraestructura hídrica.
Desde entonces, Mekorot ha establecido acuerdos con gobiernos de 12 provincias argentinas. Los gobernadores de Chubut, Neuquén y Jujuy firmaron convenios con Mekorot para el diseño de sus Planes Maestros Hídricos, con la presencia del embajador de Israel en Argentina y el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí. Acuerdos similares fueron firmados en el 2022 por Santa Cruz, Rio Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Formosa. Otras provincias, como Santa Fe y Santiago del Estero, mencionaron vínculos con la empresa. Los acuerdos implican el avance de la megamineria, del agronegocio y otros negociados. Estos acuerdos vienen siendo cuestionados por diferentes sectores de la población, ya que se realizaron sin consulta pública, con escaso acceso a la información y en condiciones violatorias de derechos de la población. La entonces gobernadora de Río Negro recalcó entonces “la importancia de la experiencia que significó el viaje a Israel en muchísimos sentidos: no sólo en lo relativo a administrar un recurso escaso y hacer, gracias a esa administración, un gran país, sino en muchos otros aspectos: el tecnológico, el de desarrollo, y el de tener una mirada estratégica sobre los recursos”. Su sucesor tuvo que responder a un pedido de informes acerca de los términos del acuerdo entre Mekorot y la provincia. Uno de los reclamos es que el gobierno de Río Negro cedió a Mekorot la propiedad intelectual de la información hídrica y geológica de la provincia, garantizó inmunidad del personal y asumió los costos que la empresa pudiera contraer La llegada de la empresa al país avanzó en 2023 en el marco de la sequía que afectó gran parte del territorio nacional, siendo que Mekorot se promociona como líder global en gestión hídrica por su desarrollo e innovación en tecnologías de plantas desalinizadoras, riego avanzado y reciclaje de aguas residuales.
La privatización de Aguas pone a Argentina bajo la tutela de un Estado genocida.
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Mekorot: el apartheid del agua en la Franja de Gaza Por El Be, 24/07/2025.
