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El 26 de mayo pasado se cumplieron cuatro meses de la desaparición de Valeria López, de 35 años, vecina de la localidad de Virreyes, partido de San Fernando. En plena cuarentena, su familia la busca sin ninguna respuesta por parte de la justicia ni de los gobiernos municipal y provincial. Hace algunas semanas el expediente apuntaba hacia la isla del Delta sin ningún elemento que determinara que allí podría estar, y no investigaba una cantidad de testigos que se acercaron a la familia. Esto llevó a que la Fiscalía de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, trasladara el desarrollo de la investigación a la Comisaría 5° de Beccar, dadas denuncias de irregularidades de la Comisaría 4° de Virreyes, que había llevado el caso hasta ese momento.
La zona norte de GBA tiene la característica, que ha sido levantada como bandera por los gobiernos municipales, de destinar una cantidad importantísima del presupuesto a la seguridad. La mayoría de los distritos cuenta con una fuerza policial propia y tiene instaladas cientos de cámaras que monitorean las calles. Sin embargo, se suceden una enorme cantidad de desapariciones de mujeres en el año sin que las familias puedan tener acceso al registro de esas cámaras y en las narices de todo el dispositivo policial. La familia de Valeria, al igual que ha ocurrido con los casos de Luna Ortiz en Tigre o de Marcia Reyes en Escobar, no tiene acceso a las grabaciones de las cámaras de vigilancia, que se borran a los 15 días.
En la gran mayoría de los casos, la policía insta a esperar las 48 horas para iniciar la búsqueda y tardan muchos días más en llevar la denuncia a fiscalía, quién tiene la potestad de solicitar órdenes de resguardo. Los 15 días se disuelven en la acción diletante de la justicia cuando una mujer desaparece.
Durante la cuarentena se han sucedido casos de desaparición en la zona con un supuesto operativo de las fuerzas represivas fuerte en las calles que controlaban el cumplimiento del aislamiento obligatorio. Pues bien, mujeres de entre 13 a 25 años circularon sin certificado ni DNI, muchas cruzaron todo el conurbano bonaerense hasta la zona sur, casualmente sin ser detectado por los controles policiales. Ahora sí, a la mamá de Valeria la han echado de la comisaría cuando iba en busca de respuestas porque estaba incumpliendo la cuarentena. Estas fuerzas policiales han recibido capacitaciones en “perspectiva de género” luego de la sanción de la Ley Micaela, y el resultado ha sido el mismo: por acción u omisión, son responsables de que las mujeres no aparezcan.
Este 3 de junio, donde volvemos a levantar la voz contra la violencia contra las mujeres, tenemos que plantar bandera también ante los cientos de desapariciones de mujeres que ocurren año tras año. Tenemos que levantar comisiones de familiares, amigos y vecinos en cada barrio cuando desaparezca una compañera, que se ocupe de exigir la rápida búsqueda, que oriente hacia los lugares correctos para que no desvíen la investigación hacia callejones sin salida y monitoree todas las acciones que lleve adelante la fiscalía y las fuerzas policiales a cargo. El Estado capitalista se nutre económicamente del negocio de la trata de personas, que secuestra miles de mujeres y llena de a millones las arcas de los bancos y los bolsillos de los funcionarios. Existe un interés de lucro por el cual ninguna capacitación va a tener efecto alguno, y razón por la cual se vuelve fundamental la organización independiente para recuperar a cada una de las compañeras desaparecidas.
Aparición con vida de Valeria López y todas las mujeres desaparecidas en democracia. Desmantelamiento de las redes de trata y de todo este régimen social que no puede garantizar la vida de la clase obrera.
