Pergamino: el Concejo Deliberante y el intendente Martínez les dan la espalda a las discapacidades

El martes por la tarde se llevó a cabo una sesión del Concejo Deliberante de Pergamino, en el que uno de los temas a tratar fue el proyecto de ordenanza para que se declarara la Emergencia en Discapacidad por 12 meses en el partido. Esto tenía como objetivo paliar, en parte, las cuestiones del transporte y traslado de personas con discapacidad y el mantenimiento de 35 instituciones de la ciudad que les brindan prestaciones elementales. El desarrollo de la sesión y la votación de este proyecto en particular, dejó a las claras el carácter del Concejo.

Ante la presentación del proyecto, ahora ingresado a la Comisión de Salud, se presentaron dos despachos, ambos sobre una base de destinar migajas a las discapacidades. El de mayoría, que planteaba que la emergencia fuera costeada con el 10% del Fondo Educativo y se destine al transporte, productos de limpieza, pañales, viandas, reformas edilicias, etc. -y el de minoría, que suscribía proseguir con políticas de acompañamiento y la compra de un nuevo vehículo.

Desde el bloque del Frente de Todos, que cacarean para la tribuna en municipios en los que ofician de oposición, fue el concejal Álvaro Reynoso quien declaró que “teníamos la posibilidad de aunar un criterio a nivel local y es una pena que no lo hayamos logrado”, y su compañero de banca, Bernardo Fiore Pitrelli señaló que “estamos reclamando una inversión en salud de calidad”, mientras que desde el gobierno provincial se aplica la motosierra de Kicillof sobre los hospitales públicos, siendo el HIGA “San José” de Pergamino, una muestra de esto, con personal becado que cobra un salario que no llega a los $ 600.000, disciplinados por medio de la persecución para aquellos que alzan la voz contra la precarización y tercerización laboral. A esto hay que sumarle la falta de insumos, personal y los turnos que se dan a goteo para tratar ciertas patologías.

Los que sostuvieron el despacho de mayoría, que querían infringirle un zarpazo al ya alicaído Fondo Educativo, manejado de manera discrecional, fueron concejales radicales (que accedieron a su banca por Juntos por el Cambio), el Frente de Todos y el bloque libertario, que, en medio de un ajuste brutal en discapacidad por parte del gobierno nacional y las coimas en el ANDIS, señalaron la urgencia por la que atraviesan las instituciones que atienden la discapacidad a nivel local. El libertario Figueroa, no exento de cinismo, dijo en la sesión que “se necesita ser más empáticos ante la situación y el Municipio cuenta con los fondos suficientes para enfrentar lo solicitado.” Son lo mismos concejales que han guardado un silencio atroz sobre los recortes en el área en discapacidad a nivel nacional, los que se ponen en guardianes morales del destino del presupuesto de Pergamino. El voto libertario en favor del despacho de mayoría, responde a su pelea política que mantienen con el intendente Martínez, en el ecosistema de la derecha vernácula. Como muestra de la impostura libertaria basta un botón: en una reciente entrevista radial, la profesora Cintia García, candidata a consejera escolar por LLA, manifestó que el personal auxiliar de las escuelas debería estar tercerizado, dando cuenta, que los libertarios actúan de manera desembozada contra los trabajadores y los reclamos populares, como lo es el de discapacidad.

El despacho de minoría fue aprobado por 11 votos afirmativos, de los cuales nueve provinieron de la bancada que responde al intendente Javier Martínez, ex PRO y actual Hechos. Los otros dos votos fueron aportados por la ex libertaria Tribuley (quien, desde la privatización de los servicios públicos de la ciudad, está alineada con Martínez) y Quintana, radical amarillo. Pero Martínez, en medio de la campaña electoral y a partir del rechazo público que generó la votación en discapacidad, ha salido a decir que todos los reclamos serán atendidos.

El jefe comunal hizo pasar la estafa contra las discapacidades cuando logró la votación afirmativa del presupuesto municipal, que asciende a 54 mil millones de pesos, del cual se destina al área de discapacidad 1.200.000 pesos -una miseria con los que se deben costear los gastos que demandan las instituciones que trabajan con las discapacidades. Es Martínez un mileista de la primera hora, que hizo propio el programa liberticida de achicamiento del Estado y del déficit cero municipal, que se sostiene en base a los magros salarios de los trabajadores municipales y con ajustazos permanentes en las tasas públicas de la ciudad y en los recortes en áreas estratégicas, como es la de Salud.

Los enjuagues en el HCD de Pergamino -reflejo del contexto nacional- apuntalan el abandono de la perspectiva de derechos humanos del Estado argentino, que tiene jerarquía constitucional, en pos de ir configurando un estado de excepción que se desentienda de toda una franja de la población que necesita de la asistencia estatal para la propia subsistencia. El Estado moderno actual no tiene la soberanía sobre la vida o la muerte, como en el pasado la tuvieron las monarquías. Ejerce lo que Foucault llama: "racismo de Estado”, la política de dejar morir por omisión y abandono. Esta política continúa vigente, con mayor o menor sutileza, según el gobierno de turno.

Desde Política Obrera planteamos un aumento de las partidas destinadas a discapacidad y que los montos necesarios sean establecidos por el colectivo de discapacidad, conformado por familiares y trabajadores de la salud. El reclamo por la actualización es urgente. En una perspectiva más general, es necesario señalar que el régimen de contratación a profesionales y prestadores que existe actualmente es un parche: disimula al desmantelamiento del sistema público de salud, el cual debería asegurar las atenciones por discapacidad en su propio ámbito -en hospitales, salas y atención domiciliaria- con profesionales de todas las disciplinas trabajando con estabilidad laboral y un salario que cubra la canasta familiar.

Llamamos a combatir esta política criminal con la más amplia deliberación en todos los sectores de salud, las dependencias asistenciales y en el colectivo de personas con discapacidad, para acordar y poner en marcha medidas de acción directa y de lucha.