Acerca de los crímenes aberrantes y las ilusiones de papel

Una de las características salientes del decrépito modelo de relaciones sociales imperante es la aplicación de una Política Criminal que, naturalmente, no afecte a sus fuentes de ganancia.

Es así como, en los hechos, tanto la violencia contra la mujer como el narcotráfico cuentan con una cobertura que, cada vez que ocurre un horrendo crimen como el que se cobró la vida de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, pretende burdamente disimularse.

En lo concerniente al narcotráfico cualquiera que conozca, al menos superficialmente, el funcionamiento del sistema penal sabe que, como regla general, el poder sancionatorio estatal se circunscribe a realizar “diligencias investigativas” que encuentran un límite en el narcomenudeo.

La idea es que el poder punitivo solo se aplique a quienes llevan adelante conductas relacionadas con esa actividad delictiva secundaria.

Esa es la forma de sostener la impunidad del verdadero gran negocio del narcotráfico que necesariamente, para seguir prosperando, debe contar con ramificaciones de todo orden.

Es a todas luces evidente que el narcomenudeo es la consecuencia de múltiples factores derivados de un sistema social definitivamente corrompido que, al vincularse íntimamente con la siempre creciente inseguridad ciudadana, pone en crisis el postulado preambular de afianzar la justicia.

En el libro “La violencia en los márgenes” publicado en el año 2013 Javier Auyero y María Fernanda Berti señalan:

”…El almacenamiento, corte, fraccionamiento y preparación de las drogas ilegales para su comercialización minorista se lleva a cabo en territorios y zonas controladas en forma directa o indirecta por las incipientes redes y grupos delictivos de narcotraficantes que se han ido constituyendo en áreas y barrios extremadamente pobres y altamente marginalizados de las grandes urbes… Como han demostrado varios estudios, la economía de la droga es una espada de doble filo: mientras sostiene comunidades pobres, simultáneamente las quiebra por dentro…” (Editorial Katz. Página 142.)

La calamitosa conclusión aludida deriva de un profundo trabajo de campo que ambos autores efectuaron en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, hace más de doce años.

A esta altura puede sostenerse que las redes y grupos delictivos que operan en las regiones empobrecidas como mano de obra del fabuloso negocio del narcotráfico ya no pueden considerarse incipientes.

La experiencia común e incluso, dramáticamente, los extremos de la pesquisa que han difundido las autoridades que se vinculan con la investigación del brutal crimen de Brenda, Lara y Morena lo corroboran sin margen para la duda.

Es innegable entonces la necesidad de combatir realmente a los delincuentes que se encuentran en la cúspide de una actividad criminal que en el fondo afecta la integridad biopsicosocial de un innumerable número de personas que, en abrumadora mayoría, son jóvenes y pobres.

Son precisamente esos jóvenes que pertenecen a la clase trabajadora los que el Estado encierra rebasando los infectos lugares de alojamiento de los calabozos policiales, las cárceles y los reformatorios a los que, siempre ficticiamente, se los denomina “centros socioeducativos de régimen cerrado” o “de reinserción social”.

Sin medias tintas debe subrayarse que es insensato siquiera sospechar que semejante calamidad puede ser combatida con efectividad mediante las leyes de un orden social que, en base a una insaciable codicia, entroniza a la barbarie del capital.

Siguiendo a Rosa Luxemburgo puede señalarse que esa postura legalista no es más que “un pasatiempo tan absurdo como pretender juntar agua con un colador” (El socialismo en Francia Año 1899).

Como fue dicho, el feroz crimen que está en boca de todos también reedita la cuestión vinculada con la violencia ejercida contra la mujer.

No puede obviarse que las variadas exteriorizaciones de atropello y agresión que severamente afectan a las mujeres producen un muy justo, intenso y multitudinario repudio social que incluso alcanza a toda otra identidad, práctica o expresión de género.

En ese contexto, en el que las mujeres son protagonistas de primer orden, se ha trivializado el contenido revolucionario de históricas jornadas de lucha y resistencia.

Para eso, entre otras cuestiones, se echó mano de una repetida trampa: La sanción de una ley…

Para rendirle un respetuoso honor a la memoria de Brenda, de Lara y de Morena. Para respetar el inmenso dolor de sus afectos y la aguda consternación que, frente al crimen, padecen las personas que poseen una base elemental de humanidad; es necesario efectuar precisiones sobre la ley 26.485 de violencia contra la mujer que fue promulgada el 1 de abril de 2009.

En su artículo 7 la ley proclama que “Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones”.

Claramente, lo que primero debe subrayarse es que, en una sociedad dividida en clases resulta una patraña sostener que el trato desigual que afecta a una mujer está basado, simplemente, en una cuestión de género.

Eso implica considerar que, por ejemplo, existen derechos iguales entre una mujer que es obrera y otra que es empresaria y que, por lo tanto, no se registran intereses antagónicos entre las mismas.

Es a partir de esa ficción legal que, específicamente, la ley 26.485 proclama que su objetivo es: “La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida”.

También consagra “El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia” (artículo 2 incisos “a” y “b”).

Por su parte, en su inciso “j”, el artículo 3 dice garantizar “la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres”.

Siempre en esa línea, y como corolario de un fariseísmo sin límites, en el inciso “a” de su artículo 3, la ley 26.485 asume la obligación estatal de garantizarle a las mujeres “Una vida sin violencia y sin discriminaciones”.

Lo cierto es que en brutal contraposición con esos postulados rimbombantes interviene, impiadosa, la realidad material.

En ese aspecto debe tenerse presente que según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, dependiente de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el año 2014 hasta el año 2024, se registraron 2.699 casos de homicidios directamente vinculados con razones de violencia de género.

El año 2014 registró el número menor (225 casos) mientras que el año 2023 registró el número mayor (272 casos).

El 26 de Noviembre de 2015 se contabilizaron 235 casos.

Ese mismo año, para “reforzar” la erradicación de la violencia de género se sancionó la Ley N° 27.234 que establece la obligatoriedad de realizar anualmente en todos los establecimientos educativos (públicos y privados, de todos los niveles) la jornada "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género".

Asimismo, a consecuencia del horrendo femicidio perpetrado el 1 de abril de 2017 en perjuicio de la joven Micaela García; el día 19 de diciembre de 2018 se sancionó la ley 27.499 de capacitación obligatoria en la temática de Género y violencia contra las mujeres.

Su dictado se debe a la lucha que, aún en el contexto de la desgarradora tragedia padecida, impulsó la Señora madre y todos los afectos de Micaela, quien también fue brutalmente ultimada.

Como siempre ocurre, el Estado actuó ante los hechos consumados y por imposición de la lucha de la gente común.

En paralelo, ese mismo año, el Registro aludido computó 255 femicidios.

Incuestionablemente, no hace falta efectuar ningún esfuerzo teórico para concluir que, como es lógico que ocurra, la sanción de una ley no implica modificar de un modo automático la vida real.

Sin perjuicio de eso, suele ocurrir que las leyes invoquen propósitos decididamente contradictorios con los objetivos esenciales de un orden social que se existe sobre la base de la explotación y opresión de los vulnerables de todo orden.

Sin la hipocresía de los cálculos políticos, aquel que sinceramente respete el inimaginable dolor que para siempre atravesará la vida de los afectos de las víctimas, debe transmitir eso y no otra cosa.

Luego debe guardar respetuoso silencio.

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