Escriben Anahí Rodríguez y Patricia Lambruschini
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Al cumplirse los plazos legales para la promulgación y aplicación de la ley de financiamiento universitario, las federaciones de docentes y no docentes convocaron a jornadas de paro y visibilización para los días 21 y 22 de octubre. Sin embargo, no hay un planteo unificado, incluso es un paro confuso.
Conadu Histórica llamó a parar 48 horas y algunas asociaciones de base impulsan acciones o movilizaciones para el martes 21.
La otra Conadu llamó a "jornadas de protesta" ambos días, con paro el miércoles 22. Las federaciones de la CGT (Fatun, Fedun y Fagdut) llamaron a parar el 21, convocando a último momento, recién el lunes por la tarde.
El martes por la mañana, el gobierno publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, pero el mismo texto anuncia que se suspende su ejecución porque no especifica de dónde saldrían los fondos para aumentar el presupuesto, los salarios y las becas. Es decir, el gobierno no implementará la ley universitaria, como tampoco la ley de emergencia pediátrica, con el argumento espurio de que afectarían el equilibrio fiscal. Mientras tanto, destina millones de pesos diariamente para financiar la fuga de capitales y a los especuladores.
Pero el gobierno que se niega a aplicar estas leyes y pretende insistir con el ajuste a los trabajadores y la universidad pública, se encuentra en un franco retroceso. En vez aprovechar este agotamiento para avanzar con los reclamos y abrir un proceso de lucha, todo el arco sindical se ha adaptado completamente.
El destino de la ley de financiamiento universitario ya se conocía de antemano, porque el gobierno actuó de la misma manera con la emergencia en discapacidad, pero no hubo ni hay un plan de lucha en serio. Luego de la enorme convocatoria en la tercera marcha federal y de haber obtenido el rechazo al veto en Diputados, todas las federaciones universitarias pasaron a cuarteles de invierno. Cuando el veto fue tratado en el Senado, sólo algunas asociaciones de base como ADIUNT (Tucumán), COAD (Rosario), APU (No docentes de Mar del Plata) o AGD-UBA, llamaron a parar o movilizar.
Las burocracias y el CIN han llevado la lucha universitaria a un callejón parlamentario sin salida. Idas y vueltas en el Congreso con presentación de leyes, vetos y contravetos. Con medidas de lucha decrecientes en el segundo cuatrimestre, que lejos de abrir un proceso de huelga, sólo condujeron al desgaste y a la desmoralización. Por eso, este paro de 48 hs. y en algunas universidades sólo de 24 hs., es confuso y no tiene perspectiva.
Para derrotar la política de destrucción educativa que viene llevando adelante Milei y arrancar las reivindicaciones de docentes, estudiantes y no docentes, necesitamos impulsar una organización desde las bases y preparar una lucha de conjunto, en unidad con los demás trabajadores y sectores en lucha.
