La carta de Colombia clarifica los campos de la guerra en la COP 30

Un grupo de 36 países principalmente insulares, de Europa y de Centroamérica, presentaron el jueves una carta a la presidencia de la COP 30, ejercida por André Correa Do Lago. Fue por iniciativa del gobierno de Colombia, por intermedio de su ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres. Allí se solicita una revisión del texto del acuerdo, antes de su votación, para que incluya una hoja de ruta que defina el alejamiento de los combustibles fósiles. Al día de hoy, no está claro qué países firmaron el acuerdo final de la COP. Los medios de la prensa burguesa hablaban el sábado de un “acuerdo por consenso”, lo que significa que no hubo ningún acuerdo.

La carta en cuestión fue presentada por la prensa como una posición “coherente” con la trayectoria de la COP 28, donde se había explicitado la necesidad de “dejar atrás” los combustibles fósiles. Objetivamente, dejó expuesta una fractura en la Conferencia climática más importante del mundo. Sin embargo, las firmas más importantes de esta carta, Francia y Alemania, se encuentran en pleno proceso de viraje de sus economías hacia una ralentización de la transición energética y una inversión decidida en la industria armamentista.

“La transición energética puede esperar”

La carta, redactada por la Ministra de marras, plantea que “no podemos apoyar un acuerdo que no incluya una hoja de ruta para implementar una transición justa, ordenada y equitativa para dejar atrás los combustibles fósiles. Esta expectativa es compartida por una amplia mayoría de las Partes, así como por la ciencia... cualquier cosa menor sería, inevitablemente considerada un retroceso”. Se presenta esta exigencia como una continuidad con la COP 28, celebrada en los Emiratos Árabes Unidos en 2023, cuando se incluyó por primera vez en un texto de acuerdo, en el apartado de tratamiento de la mitigación del cambio climático, una referencia a “dejar atrás los combustibles fósiles”. Como marcamos en aquel momento esta vaga referencia YA implicaba un retroceso respecto del sexto informe IPCC, que explicitaba que la quema de combustibles fósiles era la mayor responsable del aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En cambio el acuerdo firmado en los Emiratos no dejaba explicita esta conclusión en el respectivo apartado de la mitigación. En aquel año, la COP también habían estado al borde de la ruptura, puesto que un sector de la ciencia planteaba que el texto debía referirse a la “eliminación” de los fósiles. El mismísimo presidente de la COP y director de la mayor petrolera Emiratí, el Sultán Al Jaber, había cuestionado los hallazgos científicos del sexto informe. Sin embargo, los países europeos habían aceptado una “flexibilización” del texto, porque los países petroleros y fondos internacionales importantes como BlackRock, se habían comprometido a invertir sus millones en energías renovables. Tales inversiones no llegaron nunca a la magnitud necesaria hasta el día de hoy.

Lo llamativo fue la firma de Francia y Alemania. La Alemania del conservador Merz “ya no quiere liderar la lucha contra el cambio climático” (El País, 19/11). El canciller ha reiterado en varias ocasiones que “una protección climática que ponga en peligro o incluso destruya la base industrial de nuestro país… no es aceptada por la población”. Se refiere a que la UE ha emplazado a la industria automotriz a acelerar la transición desde la fabricación de coches con motores a combustión hacia coches eléctricos para 2035. Los fabricantes han protestado contra esta medida gravosa. Pero la situación empeoró con la guerra arancelaria. En el medio de la doctrina de la “seguridad energética”, las inversiones para esta transición serían más onerosas aún, pues Alemania debería asegurar la fabricación de las baterías de litio y, más atrás en la cadena, el control de la extracción de los minerales estratégicos para la producción de estas últimas. Como esto es más costoso que seguir fabricando autos con motores a combustión, la UE ha virado hacia medidas arancelarias que ponen una barrera a la fabricación de autos eléctricos chinos, con precios muy inferiores a los europeos.

Macron también se vio afectado por la guerra arancelaria. El primer ministro francés ha tenido que crear aranceles para proteger la industria local de producción de tecnología para la infraestructura eléctrica de energía renovable. Los aranceles a la tecnología china no son los únicos. Macron atraviesa una crisis con los productores locales franceses, que le exigen que proteja la producción de alimentos de la avalancha de mercancías, mucho más competitivas, que vendrían de Brasil y Argentina de firmarse el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur (RFI, 7/11). Para saldar este conflicto, la UE estableció un impuesto al carbono a los alimentos importados, impuesto que perjudica a Brasil fundamentalmente, mayor vendedor, por ser sus productos, el resultado de la deforestación. La introducción del punto de las “barreras arancelarias” en el acuerdo de la COP 30, un reclamo que incluso coincide con la protesta de Trump contra los impuestos al carbono que querían imponerse al transporte marítimo, ponía en una disyuntiva al primer ministro Macron que, de firmarlo, estaría contradiciendo su política de protección de la agricultura local. Macron, o los productores franceses más que él, tienen una diferencia con la UE, que acaba de decir que pretende firmar el acuerdo con el Mercosur, aunque el acuerdo, ya no es de cumplimiento absoluto de las partes de la UE. La cuestión del acuerdo de libre comercio UE- Mercosur, dejará expuesta otra fractura, esta vez en la misma UE.

De conjunto, la Unión Europea no puede dejar de lado la “transición energética”, puesto que tiene ya una infraestructura industrial y energética ligada a las energías renovables. Pero su dependencia de la tecnología y los minerales chinos, necesarios para alimentar esta industria, de un lado, y su condición de socio imperialista menor de Estados Unidos, de otro, la han obligado a virar hacia políticas de arancelamiento a la industria china. La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, la dejó sin un suministro de combustible competitivo para su economía y la obligó a la dependencia del GNL norteamericano, mucho más caro, que ha hecho ingresar a su industria en una recesión sin retorno a la vista. La guerra comercial en curso de Europa y Estados Unidos contra China se encuentra en la base de todos los “acuerdos” de compra de GNL estadounidense que Trump viene imponiendo a India, Gran Bretaña y la misma China, entre otros países. El abandono del Acuerdo de París por Trump, de los subsidios a la industria de las renovables y su impulso a la industria del GNL, “perforen, perforen, perforen”, tiene el objetivo de detener el desarrollo de la industria de las renovables de China. Europa no puede abandonar el discurso de “la transición energética” porque tiene capitales locales ligados a esos intereses, pero tampoco puede defender consecuentemente su progreso, porque su industria es dependiente y a la vez competidora de la industria de las renovables chinas. Por eso la UE en su conjunto, y sus principales países por separado, no pueden abandonar la COP, pero tampoco declararse contra los aranceles, como lo hace el acuerdo escrito por Brasil.

La carta motorizada por Colombia es la expresión de estas contradicciones. No se trata aquí de una “inconsecuencia” con el acuerdo de 2023, puesto que la misma UE ha virado en su política de mitigación, aunque en su “lenguaje” declare que hay que sostener las ambiciones de emisiones netas cero para 2050. La carta, en cambio, permitió a los países europeos más implicados en la guerra comercial y militar de la OTAN evitar la firma del acuerdo de la COP que la obligaba a retractarse de su política arancelaria. En términos generales y muy confusos, se ha producido en la COP una división sobre la base de los intereses de la UE de un lado, de los BRICS de otro. De las renovables ligadas al capital europeo y de las renovables ligadas al capital chino.

Colombia se ha postulado en la COP como líder en la lucha contra la industria de los fósiles con un discurso enérgico, que incluso Gutérrez intento enfriar. La ministra colombiana Irene Vélez viene de un enfrentamiento con la industria petrolera de su país, que le valió su salida del ministerio de Minas y Energía en 2023. Su política actual de negar nuevas licencias de exploración petrolera en su territorio, dentro de la cartera de ambiente, no tuerce el rumbo de la industria energética, puesto que las licencias, volverán a habilitarse con su salida del ministerio. Ni en la carta ni en su discurso, Colombia ha denunciado que la guerra arancelaria de Estados Unidos está bloqueando la transición energética, a pesar de que Petro ha tenido un vigoroso discurso contra la guerra de Trump y Netanyahu que devino en el genocidio palestino. Es más, Reino Unido, Francia y Alemania, quienes hicieron frente en la COP con Petro, han sido los mayores impulsores del aumento del presupuesto estatal para la inversión en industria armamentística, con la cual alimentan, además de la guerra que se gestan a nivel mundial, el genocidio de Gaza que el presidente tanto ha denunciado.

La transición energética no puede discutirse abstraída de los enfrentamientos que oponen a los capitales, sobre todo, en el marco de la preparación de la próxima guerra mundial.