Reforma laboral: un cambio de régimen económico y político

El gobierno ha puesto todos los cañones de las sesiones extraordinarias en la sanción de la Reforma Laboral. Quien crea que por esa vía esta “acotando” la agenda parlamentaria, es porque no se detuvo en estudiar sus alcances. A través de la reforma laboral, el gobierno abre una ventana para la alteración del régimen previsional y de salud, por un lado; y para la liquidación de derechos democráticos y constitucionales, por el otro.

La reforma da por cancelados en los hechos a los actuales convenios colectivos, cuya renovación dejará de ser automática (“ultraactividad”). De existir divergencias entre la parte obrera y la parte patronal en relación a las condiciones de trabajo, la Secretaría de Trabajo podrá suspender la aplicación de cualquier cláusula protectora de esas condiciones.

El proyecto habilita al fraccionamiento de las vacaciones y al banco de horas, es decir, a flexibilizar la duración de la jornada de acuerdo a las necesidades de la patronal. Al acomodar las jornadas a los vaivenes de la producción, las empresas podrán arreglarse incluso con menos personal que el actual. Como ocurrió en todos los países donde se aplicó, el “banco de horas” conducirá a despidos, y no a nuevos empleos.

La ley de Milei limita sustancialmente el monto de las indemnizaciones, pues elimina de su cómputo todos los ítems que superan al salario básico. Son los adicionales que la propia ley incentiva, como los asociados al “mérito” y a la productividad. Optativamente, la ley habilita a un fondo de despidos (Fondo de Asistencia Laboral) que la patronal constituirá con un 3% de las remuneraciones. Pero ese porcentual... podrán deducirlo del aporte previsional. O sea que los trabajadores terminarán pagando su propia indemnización, con el despojo a sus jubilaciones futuras. La ley coloca a los fondos que se constituyan para este efecto “bajo la supervisión de la Comisión de Valores”. Es para que los fondos constituidos con ese fin se velquen la especulación la bolsa y a la compra-venta de deuda pública.

Rebaja de contribuciones

El proyecto consagra al monotributismo como una operación legítima para la contratación de trabajadores, sin derecho a alegar “relación laboral encubierta”. Es particularmente enfática con los trabajadores de plataformas de reparto, a quienes sólo se les otorga el “beneficio” de un seguro de accidentes obligatorio (beneficio para la patronal, pues se evitará de esta forma cargar las costas judiciales por accidentes de trabajo). Establece, además, un régimen de contribuciones patronales mínimas para la contratación de desempleados, junto a una escalada descendente de aportes para los trabajadores ocupados. Este fue el reclamo estratégico de la UIA en las últimas reuniones con el gobierno. Es evidente que un jubileo de cargas patronales comporta un vaciamiento adicional del sistema jubilatorio, por un lado, y del de salud y obras sociales, por el otro. Milei ha dicho reiteradamente que, “para emprender la reforma jubilatoria, primera había que hacer la reforma laboral”. Ahora se entiende el porqué: el nuevo régimen previsional adaptará los haberes al escenario creado por la drástica reducción de los aportes. Frente a la miseria previsional, reabrirá la puerta de la jubilación privada como supuesto “complemento” de los haberes. Lo mismo se plantea con el sistema de salud, donde los recortes sobre las prestaciones de salud serán justificados para ‘compensar’ las menores contribuciones patronales. Hace rato que la burocracia sindical viene discutiendo con éste y con los anteriores gobiernos ese ajuste sobre salud, mientras lo implementa de facto.

La cárcel en la fábrica

La ley llevada al Congreso comporta la virtual liquidación del derecho constitucional de huelga y, de un modo más general, de todos los derechos colectivos de la clase obrera. La huelga queda sustancialmente limitada para actividades consideradas “esenciales” o “fundamentales”, obligando a coberturas de tareas de hasta el 50% de los planteles. La lista de la “esencialidad” abarca a la casi totalidad de la actividad productiva o de servicios. Las asambleas en horario de trabajo comportarán descuentos salariales, es decir que la acción colectiva de la clase obrera es sancionada “en sí misma” – por el solo hecho de producirse. Los piquetes y bloqueos son considerados como faltas “muy graves”, pasibles del despido. El proyecto les impide actuar como representantes o delegados a trabajadores eventuales, justamente cuando la “eventualidad” es promovida por la propia reforma.

Los voceros patronales suelen alertar acerca de que buena parte de la reforma podría ser neutralizada por la justicia del trabajo. Pero el proyecto intenta blindar a las patronales también en este aspecto, pues declara “cosa juzgada” a los acuerdos de partes entre las representaciones gremial y empresarial. Se trata de una verdadera tropelía, pues convierte a acuerdos, en muchos casos impuestos por la coacción patronal, en un “fuero” propio. A través de esta ley, el régimen sustrae a las relaciones obrero-patronales de las garantías constitucionales vigentes. Y al mismo tiempo, le prohíbe a la parte obrera defender sus derechos por medio de la acción directa. La fábrica y toda la relación laboral es convertida en una prisión.

El proyecto de reforma laboral establece el trabajo forzado. Mejor hubiera sido decretar la ‘libertad laboral’, sin derechos ni obligaciones, para que el conflicto obrero-patronal lo resuelva “el mercado” – ‘a las piñas’ y la lucha de clases. Sólo falta el dictado de una ley contra “la vagancia” para que los adolescentes y los sin trabajo sean llevados por la fuerza a la empresa-cárcel. La libertad para la capital comporta el liberticidio para la fuerza de trabajo y la personalidad del trabajador.

Autoconvocarnos

Los borradores difundidos en torno de la reforma no son claros en relación a la cuestión de los aportes obligatorios a los sindicatos por parte de los no afiliados, en ocasión de un aumento paritario. Este es el único punto contra el cual la burocracia sindical ha puesto el grito en el cielo, porque afecta la caja de sus aparatos. Los voceros de la CGT se han limitado a decir que presentarán un proyecto “alternativo”, es decir que no enfrentarán la iniciativa oficial, sino que le implorarán al gobierno una negociación dirigida a mantener a salvo sus prebendas. Además de su caja, la burocracia espera ser parte del negociado de los fondos de despido y, más adelante, de una reprivatización del sistema jubilatorio. En el Senado, el “bastión” del peronismo, están los senadores que actúan como lobbystas de las mineras y petroleras, campeonas de la tercerización laboral. Por todo lo anterior, la lucha contra la reforma antiobrera, que es un viraje estratégico en las relaciones entre el capital y la fuerza de trabajo, exige un impulso independiente desde las fábricas y reparticiones. Promovamos autoconvocatorias, movilizaciones y actos, preparando una gran movilización y la huelga general para que el decreto que convoca al tratamiento de la ley se retire del Congreso e inviabilizar su aplicación en los lugares de trabajo y en las calles.

El freno al desarrollo de las fuerzas productivas no lo pone el “costo laboral” – lo pone el costo capitalista. Lo demuestra el crecimiento de la desigualdad social a niveles obscenos. Mientras los salarios quiebran el piso con jornadas cada vez más largas, las Bolsas suben a extremos nunca vistos. El parasitismo del capital ahoga a la fuerza de trabajo.

Nuestras reivindicaciones primero.

Salario y jubilación mínimos de dos millones y medio de pesos.

Aumento general de salarios y jubilaciones para recuperar las pérdidas de medio siglo del poder adquisitivo.

Reincorporación de despedidos; reparto de las horas de trabajo.

Que las patronales abran sus libros; encarcelamiento inmediato a todos los capitalistas y políticos coimeros, y los estafadores cripto.

Asambleas generales y congresos de bases en todos los sindicatos. Los trabajadores somos los únicos dueños de nosotros mismos.

A luchar. Basta una sola chispa para encender toda una pradera.