El traspaso del fuero laboral a la Ciudad

En el paquete de leyes que el Gobierno ha dado en llamar “reforma laboral” se introdujo, discretamente, un artículo que conduce a la disolución del fuero laboral nacional y el traspaso de sus funciones al poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, copado por el macrismo.

Viene negociándose largamente, pero ha dado un paso decisivo ahora. La ´adecuación´ de los tribunales del trabajo es ineludible para blindar las disposiciones de la nueva ley ante su eventual judicialización. Se previenen, sobre todo, de los artículos que tienen que ver con los topes indemnizatorios, el fraccionamiento de las vacaciones y la ampliación de la jornada laboral. Macri y Milei fustigan a la justicia laboral como una rémora del kirchnerismo, digitado desde el estudio de abogados que fundó el fallecido exdiputado Héctor Recalde.

Macri viene insistiendo en el traspaso de la justicia laboral al ámbito de la Ciudad desde que el PRO gobierna Buenos Aires. El dominio del PRO en la justicia porteña es inocultable: cuatro de los cinco miembros del Tribunal Supremo de Justicia responden a ese partido. “Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Inés Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo” (La Política Online, 13/12). Este operativo busca consagrar definitivamente el giro reaccionario de la contrarreforma laboral. Son muy pocos los juicios laborales que las empresas pueden llevar a la Corte Suprema luego de los fallos de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Macri busca añadir una instancia para que las apelaciones patronales puedan dilatar todavía más los fallos en su contra. La Corte Suprema ha prestado un apoyo fundamental a este operativo con el reconocimiento del TSJ de la Ciudad como tribunal de alzada (fallo Levinas), contra la resistencia que oponen los jueces de Cámara -quienes fungían como tribunales de última instancia antes de la Corte Suprema y pasan ahora a reportar a un tribunal local-. “Con el traspaso [del fuero laboral a la Ciudad] habría una instancia después de la Cámara de Apelaciones que sería el Tribunal de Justicia de la Ciudad, que fue designado por el macrismo y que se conocen fallos de sus jueces que significarían una regresión para la jurisprudencia protectoria”, había advertido el abogado laboralista Matías Cremonte hace dos años (La Nación, 25/11/23). “Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño” (LPO, 13/12). Todo esto será negociado por Milei y Macri. El artículo 91 indica que “la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”. Ese ´acuerdo de transferencia´ será objeto de una trenza que se extenderá desde el nombramiento de los jueces necesarios para completar los juzgados que se vayan a crear, hasta la deuda por la coparticipación que reclama Jorge Macri.

Exactamente un año atrás, la Legislatura porteña aprobaba la creación del fuero laboral de la Ciudad. Así lo anunciaba el macrismo en la web oficial del GCBA: “Hoy en día, los juicios se tramitan en la Justicia Nacional y, por demoras y complejidades en su resolución, se ven afectados tanto los derechos de los trabajadores como de los empresarios. En el caso de los trabajadores, porque los créditos solicitados se licúan con el paso del tiempo. Por su parte, las empresas se ven perjudicadas económica y operativamente al afrontar sentencias con sumas de dinero que incluyen intereses, reajustes y actualizaciones de montos a valores actuales. ‘Nuestro gran objetivo es un Fuero Laboral propio, moderno y ágil, que favorezca la creación de empleo´, planteó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri” (15/12/24). La eliminación de la indemnización por despido es uno de los reclamos más acuciantes de las patronales. No es casual que, días atrás, el Tribunal Supremo de la Ciudad anunciara que estaba preparando un índice para actualizar las indemnizaciones por despido fijando un tope. El propósito de limitar las indemnizaciones no es ´generar empleo´, por supuesto, sino abaratar los despidos. “Esta ley, si se aprueba, se aplica con carácter general para todos los trabajadores a partir del día que diga la ley; no distingue entre trabajadores nuevos y trabajadores viejos”, asume Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma (https://www.youtube.com/watch?v=miD0Q60T4k4).

El corolario de este operativo ultrarreaccionario es la amenaza de despido contra los magistrados que lo contraríen. El artículo 90 del proyecto señala: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”. Actualmente, los jueces que se rigen por los principios determinados por la Corte tienen independencia a la hora de resolver sobre los casos y sus sentencias no pueden ser utilizadas para impulsar un juicio político. La Corte es, por lo tanto, parte de esta articulación antiobrera. Ha pronunciado una seguidilla de fallos antiobreros en el último periodo -refrendando despidos encubiertos, ilegalizando huelgas o, por el contrario, legalizando el monotributismo- que pueden considerarse antecedentes de la actual contrarreforma.

La creación del fuero laboral nacional fue anunciada en el Boletín Oficial el 13 de enero de 1945, con las firmas del entonces presidente Edelmiro Farrell y su secretario de Trabajo y Previsión Juan Domingo Perón. Presentado como un respaldo a las “leyes sociales” promovidas por Perón, instauró un mecanismo de arbitraje que imponía ciertos límites al despotismo patronal. Su concepción partía de que el trabajador era la parte ´débil´ del contrato laboral. Resistido por la burguesía, especialmente por la Sociedad Rural, la Corte Suprema en una acordada se negó a tomarle juramento a los nuevos magistrados, que finalmente lo hicieron ante Farrell. Por decreto, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo quedó establecida como el tribunal de máxima jerarquía en materia laboral. Fue un periodo excepcional de adaptación del Estado capitalista ante la creciente organización y politización del movimiento obrero. El ‘mileísmo’ pretende empujar a la clase obrera al preperonismo, pero está cavando su propia fosa.