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Mendoza está sacudida por un proceso de lucha, que comienza a elevarse al plano de un levantamiento popular contra la política del gobierno de Cornejo, quien, a como dé lugar, pretende abrir la provincia a la explotación generalizada de los recursos mineros de la cordillera, en especial el cobre. Esta ha sido la política de todos los últimos gobiernos, pero chocaron con la reacción de la población que vio en esas explotaciones el uso de un recurso muy escaso, el agua, y por otro que en esas explotaciones inexorablemente se iban a usar sustancias tóxicas que iban a contaminar el medio ambiente y también las napas y los cursos de los ríos.
El martes 9 de diciembre fue un hito importante pues ese día se concretó una movilización en la capital que reunió más de 20.000 manifestantes, acción que se replicó en otras ciudades más alejadas como en Gral. Alvear o Malargüe. La convocatoria iba dirigida a impedir que el senado provincial aprobara 4 leyes a favor de las grandes mineras. En una sesión semiclandestina, protegida por un cerco represivo inmenso, el gobierno con el voto de su bloque, y el apoyo de los libertario y las mayorías de los peronistas logró su propósito: aprobar la declaración de impacto ambiental en el cerro San Jorge, en Uspallata, y hace lo mismo con casi 30 proyectos en Malargüe.
Cornejo fue a fondo desdiciéndose de anteriores discursos en contra de la megaminería contaminantes y la defensa del agua. Para enfrentarse al pueblo mendocino no solo tenía el apoyo del gobierno nacional sino también del propio gobierno de EEUU.
Cornejo, servil a las mineras de EEUU
Cornejo, el 20 de noviembre recibió la visita del embajador de EEUU. "Es valioso escuchar desde los Estados Unidos que estamos en buen camino", dijo Cornejo tras almorzar con el representante de Estados Unidos, Peter Lamelas. La reunión, que se convirtió en la primera del diplomático con un gobernador argentino, fue calificada por Cornejo como “un honor” y marcó un hito en la agenda internacional de la provincia.
Durante la conversación, ambos dirigentes repasaron la matriz productiva mendocina, que abarca desde los alimentos y las bebidas hasta sectores estratégicos como la energía, el petróleo y el turismo. “El embajador sabe que somos reconocidos en el mundo por nuestros vinos, pero que no alcanza”, señaló Cornejo, en referencia a la necesidad de diversificar la economía provincial. En ese sentido, el mandatario destacó el trabajo que su gestión viene realizando para impulsar la minería metalífera, un sector que busca consolidarse como motor de desarrollo y atraer inversiones extranjeras. Lamela coincidió en la importancia de ampliar la base industrial y manifestó que sería relevante que empresas de su país se sumen a los proyectos mendocinos. “El país tiene posibilidades para crecer, pero haciendo los cambios necesarios”.
La reunión cobró aún más relevancia cuando el propio embajador expresó: “Mendoza tiene viñedos, energía, minería, y con el nuevo Acuerdo de Comercio e Inversión, las oportunidades de crecimiento nunca han sido tan claras.
El mensaje de Peter Lamelas fue interpretado como un gesto de confianza hacia la provincia y como una señal de que Mendoza puede convertirse en un socio estratégico en áreas clave como la energía y la minería. La referencia explícita al Acuerdo de Comercio e Inversión refuerza la idea de que las oportunidades de crecimiento están ligadas a un marco institucional que garantice previsibilidad y reglas claras.
El gobernador aliado a Milei, agrandado por el éxito parlamentario, dijo que apoyaba la modificación de la Ley de Glaciares y afirmó que “Mendoza está un paso adelante de esa ley porque ya lo estamos haciendo en los procedimientos del Código Minero y lo estamos haciendo en las declaraciones de impacto ambiental que están en la actualidad”.
El pueblo está en las rutas y las calles
A partir de ese momento, el repudio al gobierno se ha extendido y profundizado. Esto se tradujo en el hecho de que se mantuvo el proceso de organización y movilización. Las asambleas ambientales fueron resolviendo distintas acciones en sus zonas: ruidazos, acampes (Tunuyán), festivales, cortes de rutas, asambleas, etc. y de conjunto se resolvió una nueva movilización a la capital y en las ciudades más alejadas este 23 de diciembre pasado.
En todo este periodo, el gobierno decidió con medios represivos disolver el proceso de organización y lucha en cursos. El 9 de diciembre fueron detenidos dos manifestantes y retenidos durante 20 días. Antes de ello, ya había sido reprimida una manifestación en oportunidad de la sesión de diputado que antecedió a la del Senado. Allí dos manifestantes fueron detenido y llevados dentro de la legislatura donde sufrieron acto de tortura. Posteriormente, el 13 de diciembre, una manifestación en la capital fue reprimida y los detenidos fueron 13.
Según ANRED hay unos 20 procesados por el simple hecho de manifestarse contra los proyectos megamineros que impulsa el oficialismo. Varios de ellos están acusados de “resistencia a la autoridad” y por el artículo 194 del Código Penal, una rémora de la dictadura de Onganía para criminalizar los cortes de tránsito.
Este curso represivo tiende a generalizarse como surge en Chubut, donde la Cámara Penal de Trelew confirmó las condenas de seis vecinos que participaron en el chubutazo y ordenó la inmediata detención de dos de ellos: Damián Díaz y Mauricio Naum Vargas. Las causas fueron abiertas por aquella histórica protesta ocurrida en diciembre de 2021, cuando se logró revertir la zonificación minera.
Nada de esto ha frenado el proceso de lucha.
La jornada del 23 de diciembre
El martes 23, manifestantes organizados de Asambleas de 15 regiones de la provincia llegaron hasta la ciudad. Algunas asambleas, como la de Uspallata, plantearon que había que reclamar un paro provincial. Otras asambleas sacaron cartas abiertas dirigidas a la docencia llamándolos a que expliquen la situación y se sumen a la convocatoria.
A la manifestación, finalmente se sumaron organizaciones sociales y muchos autoconvocados, que confluyeron en la Casa de Gobierno de la provincia con las consignas de “El agua no se negocia”, los manifestantes expresaron su rechazo a las políticas mineras impulsadas por el Gobierno provincial y reclamaron la derogación de las leyes 9684 y 9685, por considerar que habilitan proyectos como San Jorge y exploraciones en el distrito minero de Malargüe. También se pidió archivar definitivamente el proyecto San Jorge, crear el Área Natural Protegida Uspallata–Polvaredas, frenar exploraciones de litio en el eje San Rafael–Malargüe y avanzar con el cierre y remediación de Sierra Pintada.
Además, la convocatoria incluyó el rechazo a cualquier modificación de la Ley de Glaciares, contra la reforma laboral y denuncias por represión y judicialización de manifestantes, con pedidos de libertad y desprocesamiento de personas detenidas. Desde la organización adelantaron que las acciones continuarán hasta que, remarcan, el Gobierno “entienda que el agua de Mendoza no se negocia”.
La movilización no logró imponer la derogación de las leyes, pero que sí que se liberaran a los dos manifestantes que permanecían detenidos desde el 9 de diciembre.
Mendoza desde hace 15 años está en emergencia hídrica. La denuncia de que la mina de San Jorge Cobre Mendocino cuando se ponga en funcionamiento va a usar 140 litros de agua por segundo, la experiencia de años atrás donde los organismos del gobierno de control ambiental no pudieron hacer nada para impedir el derrame de la Destilería de Luján de Cuyo, que está al lado de los centros urbanos, ni lo que pasa hoy con las aguas servidas que se vuelcan a canales de riego, nadie la cree al gobierno que va a poder controlar lo que ocurra en la alta montaña.
Por otro lado, respecto a los 27 proyectos de exploración en la zona de Malargue, un dictamen del IANIGLA y CONICET emitido en abril de 2025 solicitó a la Dirección de Minería que no aprobara 18 de ellos por deficiencias en información de impacto ambiental: alertaron que 8 se encuentran totalmente en ambiente periglacial y otros 10 también, pero de forma parcial.
Todos estos hechos y la conciencia de que sin agua no se puede vivir, y el 70% de la población mendocina depende del agua proveniente de los glaciares y periglaciares y las experiencias de lucha anteriores donde se fue a fondo, como ocurrió en 2007, 2011 y 2019 y se triunfó, son los puntos de apoyo para que la lucha, aunque más dura, se sostenga y se eleve efectivamente a una una huelga activa, o sea a una rebelión y junto con ello el llamado al resto de los trabajadores y organizaciones de lucha para que se resuelvan coordinadamente acciones de las lucha.
