Escribe Joaquín Antúnez
Estados Unidos, territorio de guerra.
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El asesinato de Renee Nicole Good por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en Minneapolis (Minnesota), ha sido reivindicado de manera cerrada por el gobierno de Donald Trump. La versión oficial ofrecida por Trump y sus funcionarios sostiene que el agente involucrado actuó “en defensa propia”. Al día siguiente del asesinato de Good, otras dos personas -en este caso, migrantes- fueron baleadas en Portland (Oregón). Nuevamente el gobierno esgrimió la versión de la “defensa propia”. Esta impunidad para masacrar a connacionales y migrantes revela que el gobierno ultrarreaccionario de Trump le ha declarado la guerra a su propio pueblo –correlato de la guerra mundial que promueve-.
El caso Good no ha dejado lugar a dudas. Su crimen fue registrado por varios celulares de manifestantes contra las redadas del ICE. Fue captado por al menos tres personas distintas, desde diversos ángulos. La versión de la “defensa propia” no tiene validez alguna. En las grabaciones, se observa cómo los agentes intentan abordar el auto de Good sin mediar palabra alguna, con la cara tapada y sin identificación. Al intentar alejarse con su vehículo es acribillada en la cabeza. El ICE se negó a permitir el ingreso de médicos hasta que llegara la policía local al lugar.
Kristi Noem, secretaria de Defensa, felicitó al agente responsable de los disparos. “Actuó según su formación”, reivindicó. En una tergiversación completa del hecho, el propio presidente afirmó que el agente había sido “atacado” por Good con su vehículo. La responsabilidad del asesinato recaería en la “izquierda radical”, que “promueve el ataque a los agentes federales”. Según informes del propio departamento de Seguridad, los ataques callejeros contra agentes federales aumentaron 1.000 % el último año al calor de las redadas. Tom Homan, el zar de la frontera, definió las protestas contra el accionar extrajudicial e ilegal del ICE como “una manifestación profunda de odio”.
El operativo desarrollado en Minneapolis y su zona aledaña estaba basado en denuncias, de procedencia poco confiable, contra supuestos inmigrantes somalíes. El despliegue de 2.000 agentes federales lo convirtió en uno de los operativos más numerosos hasta el momento. En solo 24 horas ya se habían producido 150 detenciones. Lo cierto es que la lista de detenidos informados por el ICE da cuenta de la captura también de ciudadanos estadounidenses legales. Minneapolis es considerada una ciudad santuario, es decir, que ‘protege’ a los inmigrantes sin papeles. Cabe recordar también que fue la cuna de la rebelión popular contra Trump en su primer mandato, cuando la policía de Minnesota asesinó a George Floyd -a apenas diez cuadras de donde fue fusilada Good- y desató el movimiento Black Lives Matter (“Las vidas negras importan”).
Tanto la ciudad de Minneapolis como el estado de Minnesota cuentan con gobiernos demócratas. En el caso del gobernador Tim Walz ha mantenido una estrecha colaboración con Donald Trump, aunque dijera que “no coincidía con los métodos del ICE”. Tras el asesinato de Good, aseguró que “se ha terminado la colaboración con el gobierno federal”. Sin embargo, autorizó el ingreso de la Guardia Nacional para ´apoyar´ a las fuerzas locales. Por su parte, Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis, quien había tolerado el despliegue de agentes federales, en sintonía con Walz, tras el asesinato de Good ofreció un discurso incendiario. Bramó que el ICE “se vaya a la mierda”, la consigna de los manifestantes antirredadas en todo el país. Apelando a un lenguaje pretendidamente ´duro´, busca ocultar su actitud permisiva ante el despliegue del trumpismo.
El gobernador Walz ha prometido una investigación rápida. Por lo pronto, la gestión Trump ha bloqueado el acceso a las pericias, que se encuentran en la órbita del FBI. Según Kristi Noem, la secretaria de Seguridad (DHS), por estar involucrados agentes federales la investigación recae en la jurisdicción federal. La investigación ya tiene resultado conocido, puesto que el DHS, en su comunicado oficial, expresó que el agente actuó en defensa propia, antes de conocerse cualquier pericia o reconstrucción de los hechos.
El vicepresidente Vance ha anunciado la creación de un nuevo puesto de fiscal general adjunto que responderá directamente al presidente y que será utilizado “para perseguir a los radicales de extrema izquierda”. El vicepresidente definió las protestas contra el gobierno como “terrorismo interno”, dando la pauta de que profundizarán los métodos de guerra civil. Al mismo tiempo denunció a Walz y Frei como “incitadores al odio”, por abrir una investigación local. Vance concluyó: "Lo inaudito es la idea de que un funcionario local pueda procesar a un funcionario federal con inmunidad absoluta". La “inmunidad absoluta” es sencillamente un invento de Vance.
Las manifestaciones no han tardado en desarrollarse en las principales ciudades del país, muchas de ellas intervenidas por el ICE y la Guardia Nacional. En Minneapolis, la policía se ha abstenido de la seguridad y los agentes federales han asumido la represión y sumado nuevas detenciones y una brutal represión sobre las manifestaciones. Los demócratas buscan apaciguar la reacción popular.
El gobierno nacional desarrolla una verdadera doctrina criminal. Las detenciones se realizan al mejor estilo de los grupos de tareas. En la propia Minneapolis, se ha conformado una red de defensa de inmigrantes que organiza entrenamientos preparatorios para un choque físico con el ICE. Retoma una vieja tradición de los barrios latinos y de negros, que conformaban milicias populares contra la represión policial en la época de las Panteras Negras.
En una reciente entrevista con el New York Times, Trump declaró que no dudará en invocar la Ley de Insurrección si las manifestaciones se extienden. Ésta le permite movilizar al ejército y limitar severamente las libertades civiles constitucionales. En la misma entrevista, declaró que “no necesita del derecho internacional”, en relación a la invasión a Venezuela y su conversión en un protectorado de facto.
Lo que Trump ha realizado en Venezuela es lo que pretende imponer a su propia población en los Estados Unidos. Es un intento por realizar un cambio de régimen político -el establecimiento de una dictadura personal- adecuado para el desarrollo de una guerra imperialista mundial. La democracia estadounidense se ha convertido en un obstáculo para el despliegue de la política trumpista.
La proto dictadura civil de Trump alimenta choques y contradicciones al interior de los Estados Unidos. Las movilizaciones contra Trump llegaron a reunir a más de 7 millones de personas, además de las numerosas rebeliones locales, como en California, contra las redadas del ICE. A ello se agregan las continuas derrotas electorales de los republicanos en las elecciones locales, incluso a manos de candidatos que se proclaman ´socialistas´, como es el caso del flamante intendente de Nueva York, Zohran Mamdani. En noviembre próximo tendrán lugar las elecciones intermedias: una derrota del oficialismo abriría las puertas a un juicio político. El propio magnate ha emitido un alerta a la cúpula del Partido Republicano.
El desenlace político de esta crisis, lejos de los pasillos del Capitolio, tiene reservado su lugar en el desarrollo de la lucha de clases que se ha elevado a niveles altísimos.
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