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El domingo pasado, seis ministros de Estado y la plana mayor de la COB y de la Federación Campesina Tupak Katari firmaron un acuerdo que abroga el decreto supremo 5503 y, mediante un nuevo decreto, establece un tarifazo del 86 % para las naftas y del 168 % para el diésel; un aumento el 20 % del salario mínimo -ante una inflación del 25 %- y la extensión de un plan social educativo (Juancito Pinto) para el período 2026, junto a la creación de un programa de protección de personas vulnerables por un año. También se mantendrá un diferimiento de pagos de créditos y moras por seis meses, que solo devengarán en intereses corrientes. Los demás capítulos fueron anulados; se creará una comisión entre el gobierno, la COB y la Tupak Katari, para elaborar en conjunto nuevos decretos sobre los puntos caídos y en controversia. El presidente Rodrigo Paz ha festejado el acuerdo y declarado que lo esencial del decreto supremo ha quedado vigente.
Ni la COB ni la mayoría de las organizaciones campesinas e indígenas, salvo los denominados Ponchos Rojos, se oponían al tarifazo, sino solamente al resto de los artículos y capítulos que instauraban un régimen de gobierno por decreto por un año. La promulgación de la abrogación del 5503 no se ha producido todavía.
Una “ley Bases” boliviana
El mentado decreto, oficiado el 17 de diciembre pasado, era una suerte de ley ómnibus que el presidente Rodrigo Paz no podía tratar en la Asamblea Nacional boliviana por encontrarse en franca minoría y por la enorme fragmentación del resto de los bloques.
En su texto se establecía la “emergencia económica, financiera, energética y social nacional” y se autorizaba al Ejecutivo a endeudarse y aprobar nuevas inversiones, sin pasar por la Asamblea Nacional y sin garantizar consultas previas con las comunidades afectadas, como establece la Constitución boliviana. Por otro lado, garantizaba subvenciones y “estabilidad jurídica por 15 años” para nuevas inversiones o ampliaciones. Se habilitaba un blanqueo de capitales sin plazos definidos. Eliminaba los requisitos de autorizaciones previas para la importación y el certificado de abastecimiento interno y precio justo, como también el cobro de aranceles a productos importados. Por último, facultaba al Banco Central Boliviano a establecer un “nuevo régimen cambiario”, insinuando una fuerte devaluación.
Los capítulos y artículos que quedaron vigentes, esconden sus propios aspectos reaccionarios. El capítulo de aumento del salario mínimo consagra una pérdida del poder adquisitivo de cinco (5) puntos ante la inflación y elimina en los hechos la negociación paritaria, con la que se garantizaban los aumentos; bloquea cualquier aumento para el resto del año y, en el caso de la administración pública, prohíbe la contratación de nuevo personal; a su vez, abre la posibilidad de despidos en nombre de la “racionalización de gastos y personal” en empresas públicas. Peor aún, abre la posibilidad de negociaciones individuales y sectoriales, aunque deban mantener como piso el salario mínimo establecido.
La vigencia del tarifazo a los combustibles ha permitido al Gobierno una transferencia de recursos de las masas hacia el Estado de 240 millones de dólares durante los 22 días de vigencia del decreto (El deber, 11/1). Estos recursos, estimados en 3.500 millones de dólares anuales, financiarán los subsidios y exenciones al capital, que ahora se buscará reimponer por medio de nuevos decretos.
A falta de alianzas con un Parlamento atomizado, el gobierno de Paz podría posarse en el apoyo de las organizaciones sociales, con la COB a la cabeza, para ´consensuar´ las nuevas medidas. Su excompetidor, el derechista “Tuto” Quiroga, pretende un acuerdo inmediato con el FMI para un endeudamiento de 12.000 millones de dólares y la reestructuración de la deuda pública fuertemente engrosada bajo los 20 años del gobierno del MAS. Este programa fue uno de los puntos de divergencia central en las recientes elecciones, como fuera destacado por todos los observadores. Paz Pereira es partidario de pagar la deuda pública boliviana sin reestructuraciones y nuevos endeudamientos. En la última semana ha llamado a las gobernaciones a que le acerquen “proyectos productivos” que serían financiados por el BID.
La lucha contra el decreto de Paz
La motosierra de Paz Pereira fue resistida por los bloqueos de las masas explotadas y los transportistas se declararon en huelga.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, declaró que desde la central “no son intransigentes” y solo pedían medidas “consensuadas”. Para Argollo, “a partir de nuestra movilización, ningún sector va a hablar, conversar, hacer tratativas, si no es a la cabeza de la Central Obrera Boliviana” (El Erbol 19/12/25). Los bloqueos, en la mayoría de los casos, fueron sostenidos por las bases de cooperativistas mineros, juntas vecinales y organizaciones campesinas e indígenas.
Ante el levantamiento de la lucha, los Ponchos Rojos intentaron mantener su bloqueo en El Alto, pero fueron reprimidos por la policía. Previamente, intentaron bloquear el paso del vehículo del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al grito de “vendido” (El Deber, 11/1). El burócrata sindical había festejado el acuerdo con el Gobierno declarando que “aquí no han perdido los ministros ni han ganado los dirigentes, aquí ha ganado Bolivia” (ídem).
El MAS, por su parte, en ninguna de sus tres fracciones, ha jugado un rol protagónico. Tampoco el influencer y vicepresidente boliviano, el derechista Edmand Lara, quien no tiene partido ni organización. De todos modos, Paz Pereira aprovechó para denunciar un pacto entre Evo Morales y su vicepresidente. Los escándalos por corruptelas por parte de funcionarios del MAS prosiguen sin pausa y, en medio de la lucha contra el decreto 5503, fueron detenidos el exgerente de la empresa estatal de producción y comercialización de oro (EPCORO), Edwin Condori, y el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien fue alojado en la misma cárcel donde se encuentra el expresidente Arce. Evo Morales,se ausentó los últimos días del escenario público por haber contraído dengue. La movilización no parece haber generado ninguna posibilidad de recomposición política del masismo; probablemente agudice su crisis. La COB y las organizaciones indígenas y campesinas han buscado evitar una confrontación política.
Perspectivas
Rodrigo Paz festeja la supervivencia del “espíritu” de su decreto. Quiere tener las manos libres para gobernar sin acuerdos ni condicionamientos.
El tarifazo sobre los combustibles acicatea la inflación ya acelerada por la fenomenal caída de reservas del BCRB y el desabastecimiento. El peso de la deuda pública boliviana llega al 80 % del PBI, aunque los vencimientos fuertes se acumulan recién para dentro de 10 años. La “apertura” a inversiones extranjeras debería poner fin a una fenomenal desinversión.
En cuanto al litio, las comunidades que dependen del ecosistema del salar de Uyuni han bloqueado en varias oportunidades el desarrollo de proyectos y por eso Paz busca eliminar las consultas previas sobre nuevos proyectos. Los costos de explotación también son mayores por cuestiones técnicas, ya que el litio boliviano contiene hasta 10 veces más magnesio que el de Chile (El País, 03-06-25).
El enorme vacío político producto del derrumbe del MAS juega a favor de Paz, como también la tendencia al compromiso y sostenimiento de la burocracia de la COB y la Tupak Katari.
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Bolivia: el ‘rodrigazo’ del gobierno de Paz enciende las protestas Por Joaquín Antúnez, 23/12/2025.
