Inflación en alza: un régimen económico en la cornisa y un desafío para los trabajadores

Con el índice de precios anunciado por el INDEC para diciembre, llegamos a ochos meses consecutivos de inflación en alza. El dato del 2,8% representa casi el doble del valor de mayo de 2025, cuando resultó del 1,5%. Milei y Caputo quisieron disimular esta escalada celebrando “la inflación anual más baja desde 2017”. Pero lo que importa es la tendencia incuestionable al alza. La inflación núcleo -que excluye a las tarifas y a las variaciones estacionales- superó al 3%, mientras que los servicios estuvieron por encima del 4% y la carne llegó al 10% en el mes. Los economistas del gobierno buscan excusas en los “rezagos” o “reacomodamientos” de precios. Pero a lo que asistimos es a un “desacomodamiento”, no solo de los precios, sin del régimen económico libertario en su conjunto.

Nadie puede atribuirle la inflación en alza a una mayor demanda agregada. La CAME viene registrando una caída de 8 meses consecutivos en las ventas minoristas, y un retroceso del 5,2% en diciembre respecto de ese mes de 2024. En ese contexto, atribuirle la inflación de diciembre al “mayor movimiento generado por las fiestas” es una impostura.

La escalada de los precios pone de manifiesto el pasaje de un régimen deflacionario a otro inflacionario: es lo que anunció Caputo a comienzos de diciembre, cuando resolvió asociar la cotización del dólar a la inflación registrada con dos meses de antelación. Como consecuencia de ello, se espera un dólar de $1.600 para fines de febrero. Naturalmente, si la inflación pasada condiciona al dólar presente, ese dólar volverá a empujar para arriba a la inflación futura. La devaluación “programada” de la moneda nacional es una exigencia del FMI, para que el gobierno acumule reservas y junte los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de la deuda pública.

Pero los resultados que consiguen Caputo-Milei están muy por debajo de los compromisos de deuda que tienen por delante. Y las maniobras financieras que pergeña el gobierno para hacerse de dólares implican contraer nuevas deudas, a muy corto plazo y con costos explosivos. Por caso, el gobierno está comprando dólares a privados a cambio de títulos públicos atados al dólar, los que vende a una cotización por debajo de la oficial. Esa operación le asegura a los compradores privados la friolera de un 18% anual en dólares.

Como la devaluación “programada” desalienta a las colocaciones financieras y al mercado de deuda en pesos, el gobierno ha promovido una nueva suba de la tasa de interés y renueva las colocaciones de deuda a tasas del 37-38% anual, muy por encima de la tasa de inflación – y por lo tanto de la devaluación previstas. Todas estas operaciones tienen un impacto extraordinario sobre el financiamiento corriente y, en consecuencia, sobre la remarcación de precios.

Milei y Caputo han fracasado en la tentativa de normalizar, con un cierto alcance en el tiempo, la carga explosiva de la deuda pública, en dólar y en pesos. Los anuncios de megapréstamos internacionales han desaparecido del escenario. Como respuesta a ello, han armado un régimen financiero de “días y meses”. Han retornado a la indexación permanente -¨a lo Massa”-, de precios, paridades cambiarias, e intereses de deuda. Naturalmente, excluyeron al salario, que en el mejor de los casos tiene ajustes de convenio del 1% frente a una inflación que se acerca al 3%. En cuanto a las jubilaciones, cuya movilidad se ajusta con la inflación pasada, no va a faltar el libertario que proponga, como lo hicieron Martín Guzmán y los Fernández en 2019, un desenganche de la inflación.

El único “ancla” que pretende colocar el gobierno frente al desbande inflacionario es el de los ingresos del trabajo – salarios y jubilaciones. Está planteado un gran desafío para los trabajadores, pues los liberticidas -que ya se comieron un 20% de los salarios de privados y un 30 o 40% de los estatales- aspiran a seguir con esta confiscación, ahora, mes a mes.