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Una investigación judicial sobre compras de US$ 1.400 millones al Banco Central, realizadas entre enero y octubre de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández, ha dado un salto dramático con revelaciones aportadas por un comisario que se presentó como “arrepentido” en la causa. En una serie de audios, que involucran a financistas y funcionarios del BCRA, los interlocutores se refieren a la complicidad y participación de personas del más alto nivel del personal político y de las finanzas estatales. Entre los mencionados se encuentran Sergio Massa y Javier Milei, además de otros gerentes del Banco Central, todos los cuales continúan en funciones.
Tres jueces federales están detrás de la pesquisa. La principal se inició en 2024, a partir de un reporte de actividades sospechosas emitido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y se encuentra en manos de Servini de Cubría, que ordenó 60 allanamientos. La segunda la lleva adelante María Eugenia Capuchetti. Aunque es anterior a la primera, pues su origen es una denuncia radicada en 2021, involucra a los mismos bancos y casas de cambio que aquella. La tercera, que está en poder de Sebastián Casanello, se inició a partir de un incidente curioso: el financista Elías Piccirillo, entonces marido de Jessica Cirio, le plantó a su exsocio Francisco Huauque -quien le reclamaba una deuda de 6 millones de dólares- un kilo de cocaína y un arma en su camioneta y fraguó un operativo policial para que lo detuvieran. El falso operativo fue orquestado por Piccirillo junto a un comisario de la policía porteña, Sebastián Smith, que hacía las veces de custodio de sus caudales. Apremiado por su situación procesal, Smith se presentó ante Casanello como “arrepentido” y aportó un pendrive con audios que involucran a Piccirillo y más allá. En ellos, hay diálogos reveladores entre Piccirillo y Huauque y entre el primero y una gerente del BCRA, Romina García, donde se menciona que “los de arriba” -dice García- estaban al tanto del fraude orquestado con las financieras y “están todos entongados” en la maniobra; Piccirillo le advierte a Huauque que “están todos metidos, toda la política” y Huauque le responde que Massa no los va a ayudar y “se lava las manos”. También asegura que Milei “es un tipo que tendría que estar tomando ya cartas en el asunto con funcionarios corruptos que hicieron un desastre. Del presidente hasta el último del que está ahí adentro y nadie tomó ninguna medida” (reproducidos en La Nación, 28/1). Las ramificaciones del caso involucran, entre muchos otros, a Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, la cueva financiera favorita de “Chiqui” Tapia.
En cualquier caso, resulta inverosímil que una maniobra que de estas dimensiones (¡1.400 millones de dólares en pleno cepo cambiario!) no contara con la complicidad del poder político. La mecánica del fraude parece estar encriptada en la propia reglamentación oficial. “Lo que se investiga es si se habilitó a las casas de cambio comprar dólares a bancos sin límite, con el supuesto de abastecer ventas minoristas. En ese entonces, había un tope para vender US$ 100 en efectivo y US$ 200 con la cuenta bancaria por persona al mes. Pero no había restricción sobre el volumen de dólares que una casa de cambio podía conseguir para dicha finalidad” (Clarín, 27/1). De ese modo, bajo esa excusa, se abría el grifo a demanda de estas organizaciones criminales paraestatales.
Además de Romina García, por entonces inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA, figuran entre los investigados Diego Volcic, inspector jefe; Analía Jaime, inspectora general; Fabián Violante, gerente principal, y María Valeria Fernández, supervisora. Se desprende de los audios que todos estaban al tanto y colaboraban con estas operaciones. “Todos dependían del entonces superintendente Claudio Golonbeck, hombre cercano al expresidente del BCRA Miguel Pesce, quien fue reemplazado por Juan Curuchet el 14 de diciembre de 2023, ya bajo la gestión de Santiago Bausili” (MDZ, 27/1). Como se señaló antes, todos ellos continúan revistando en sus puestos. Las autoridades del Banco Central se escudan en que no les llegó ningún requerimiento de la Justicia. Tampoco trascendió si se puso en marcha algún mecanismo de investigación interna.
