Escribe Emiliano Fabris
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Las muertes por una seguillida de choques de trenes en España treparon a 46 personas. El gobierno liderado por Pedro Sánchez ha anunciado que se siguen investigando las causas de los accidentes, en especial el que tuvo lugar entre dos trenes de alta velocidad en Andamuz. El informe preliminar presentado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sugiere que la vía presentaba grietas antes de la catástrofe. Se ha puesto en el centro de la discusión las responsabilidades del gobierno en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.
La oposición en su conjunto (el Partido Popular y el ultraderechista VOX) está pidiendo la renuncia del ministro de Transporte, Óscar Puente. Puente desembarcó en el gobierno en reemplazo del ministro José Luis Ábalos, uno de los grandes protagonistas de la trama de corrupción conocida como “el caso Koldo”. Puente ha afirmado ante el Senado que el sistema ferroviario es “extremadamente seguro, uno de los más seguros de Europa” y que “vamos a intentar mejorarlo”. La oposición ha solicitado una auditoría integral del tejido ferroviario, que el ministro Puente ha rechazado. Afirma que las vías afectadas habían sido remodeladas a nuevas, recientemente; la oposición en cambio denuncia que fueron construidas en 1992 y luego soldadas -una eventual causa del accidente, que Sanchez buscaría esconder-. El ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en España) admitió que el carril afectado no fue inspeccionado en los 58 días previos a la tragedia. Parte de los accidentados denuncian una asistencia tardía.
Por el momento, el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios mantiene la convocatoria a un paro los días 9, 10 y 11 de febrero; considera “inadmisible el empeoramiento constante del ferrocarril y la seguridad y fiabilidad de la red". La demora de esta huelga le está dando un tiempo político muy valioso al PSOE.
La cabeza de Puente es pedida tambien por aliados de Pedro Sanchez, como el caso de Esquerra Republicana. A pocos días del choque en Adamuz, en Cataluña descarrilaron dos trenes de Rodalies, uno de los cuales chocó frontalmente con una pared derrumbada sobre la vía generando la muerte de uno de los maquinistas y 36 heridos. La red ferroviaria ha quedado prácticamente paralizada desde ese entonces. Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña pidió la renuncia del ministro Puente por “incapacidad manifiesta”.
Si bien el ejecutivo español está conformado por la alianza del PSOE y el partido ‘Sumar’, Sanchez debe pactar ley por ley con sus otros aliados en el Congreso. De hecho, Sanchez hace tres años que no posee un Presupuesto general del Estado por falta de acuerdos parlamentarios. Antes de esta tragedia, el PSOE venia de ser acosado por una serie de denuncias por corrupción. El mencionado caso ‘Koldo’ investiga una presunta red de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos y obras públicas. El PSOE mismo está bajo investigación por una posible financiación irregular del partido. La esposa de Sanchez, Begoña Gómez, es investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en la Universidad Complutense de Madrid. Otra investigación apunta al empresario Víctor de Aldama, quien tendría fuertes vínculos con altos cargos del PSOE y del gobierno, por un millonario fraude en el IVA de combustibles,
En 2021, se había abierto un mercado para la red ferroviaria de alta velocidad, antes únicamente administrada por la empresa estatal Renfe. Así ingresaron nuevos operadores, incluyendo las “low-cost”, como la empresa francesa Ouigo y la italiana Iryo (uno de los trenes que chocó en Adamuz). Las empresas pagan un canon a la ADIF por el uso de la infraestructura ferroviaria. La competencia originó una reducción promedio de las tarifas de los servicios, lo cual fue celebrado como un ‘éxito del mercado’. Pero impulsó también un mayor uso de las frecuencias de trenes y por lo tanto de la red ferroviaria. Un informe de 2025 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia destacó que la competencia de tres operadores intensificó el uso de la red un 42 % entre 2019 y 2024. Al mismo tiempo, España destinó, en 2024, el 15,8 % de su inversión ferroviaria al mantenimiento de la red, el nivel más bajo desde 2016, según datos de la publicación especializada ‘El periódico de la ingeniería’.
Este ‘modelo’ ferroviario español es una expresión brutal de las contradicciones del capitalismo para organizar las funciones sociales más básicas; el conjunto del sistema es ahora cuestionado y se encuentra al borde del colapso. El ‘socialista’ PSOE ha sido su promotor y esto lo coloca en el centro de las responsabilidades de esta tragedia. El carancheo de los derechistas PP y VOX no puede ocultar que el conjunto del arco político español es defensor de la privatización de los trenes y de desviar los fondos para su mantenimiento hacia el capital y la guerra imperialista.
