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En noviembre de 2024 el proyecto de privatización del Cerro Catedral fue repudiado por la población de Bariloche y fue a cuarteles de inviernos. Ahora el gobernador Weretilneck lo reflota junto con el intendente de Bariloche, Walter Cortés. Ya en el tramo final de su mandato aspira a que sea aprobado este megaproyecto que sigue siendo repudiado por el pueblo de Bariloche. El apuro estaría vinculado a las dificultades políticas crecientes que enfrenta el oficialismo provincial.
El rechazo tiene como activos protagonistas a los comerciantes locales, que vislumbran grandes pérdidas si se desarrolla el proyecto porque los visitantes ya no tendrían necesidad de pasar por la ciudad. Pero también la población que ve con preocupación varios puntos del proyecto, el impacto ambiental en primer lugar.
El proyecto sale de CAPSA (Catedral Alta Patagonia-Sociedad Anónima) bajo control de la familia Trappa, dueña a su vez de la empresa de transporte Vía Bariloche y múltiples empresas de turismo y comunicación. Fue un escándalo cuando el intendente anterior, Gustavo Gennuso, en ese entonces del oficialismo provincial, Juntos Somos Rio Negro, le extendió la concesión sin licitación de los medios de elevación hasta el 2056. No solo tiene la concesión de los medios de elevación, estacionamiento y centro comercial, sino la llave para este proyecto de 70 hectáreas de tierras fiscales para desarrollar un emprendimiento inmobiliario que ahora vuelve a la luz.
El proyecto en cuestión se desarrollaría en un área de 70 hectáreas de la base y la montaña: un hotel de 6 estrellas, con 10.000 camas, con salida a la pista a 1200 metros sobre el nivel del mar, barrios residenciales y turísticos en una de las laderas del cerro, además de otros servicios necesarios para que puedan alojarse allí más de 10.000 visitantes. La entrega de esa superficie a una empresa es uno de los puntos más resistidos por los vecinos. La Carta Orgánica Municipal precisa que el pueblo de Bariloche "reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio". Pero más resistido lo es por advertir los efectos deletéreos ambientales que tendrá ese emprendimiento.
El Segemar -Servicio Geológico Minero Argentino- hizo estudios geomorfológicos en el cerro y evaluó las posibilidades de uso del suelo. Determinó que, por la erosión de las pircas y el desmonte ya hecho, existe peligro de avalanchas y desmoronamientos como ya hubo en dos ocasiones y esto requiere de importantes tareas de contención. Es decir, definitivamente, se trata de un suelo no apto para el emprendimiento turístico.
CAPSA construyó el año pasado una laguna artificial a 1.200 metros de altura, que representa un gran peligro porque es zona de sismos y lluvias intensas, lo que podría provocar enormes desbordes, deslaves y destrucción. Vertientes de agua desviadas, hábitat de plantas y animales arrasado: la afectación del ecosistema es inevitable. Por otro lado, un hotel de diez mil camas y dos barrios privados produciría una sobredemanda de servicios de agua, energía y cloacas, cuando Bariloche ya tiene grandes déficits en servicios. Barrios enteros carecen de servicios por el crecimiento caótico que ha tenido la ciudad. El pueblo de Bariloche, por lo tanto, rechaza el emprendimiento porque sabe bien que se privilegiarían los servicios para el turismo de lujo de unos pocos a las necesidades de los barrios populares.
La decisión pasa por el Concejo Deliberante
Se necesitan ocho votos para aprobar el proyecto. El oficialismo del intendente Walter Cortés, con tres concejales, impulsa la iniciativa y sumaría los dos votos de Gerardo Del Río y Mari Coronado. El tercero, Tomás Hercigonja, conocido por haber renunciado a su banca por razones de salud y haber vuelto para que no asumiera una joven libertaria que integró el Ejecutivo por algunos meses, está en duda. El oficialismo provincial llevó a una de sus concejales a cumplir funciones en provincia, siendo que se oponía al proyecto. Así es que tiene dos votos, los de Juan Pablo Ferrari y Laura Totonelli. Es incierto que quien ocupe la banca de la flamante funcionaria provincial vote a favor del proyecto. La primera suplente ya renunció, el segundo pasó a las filas de Tortoriello, ex PRO y actual libertario. El oficialismo pretende que no asuma por razones ideológicas, pero por las dudas tiene un carpetazo preparado, denuncias por la venta de licencias de conducir truchas. ¡Este es el plantel que decidirá el destino ambiental de nuestro lugar!
El Consejo de Planeamiento Estratégico se reúne el 9 de febrero. En la convocatoria anterior, en 2024, no se pudo avanzar por la resistencia ciudadana: cientos de vecinos se acercaron a la reunión del Consejo con la intención de tomar el micrófono para manifestar su rechazo. El Ejecutivo decidió congelar el debate, hasta ahora. La convocatoria para escuchar y sumar aportes llegó a funcionarios del Ejecutivo, a los once representantes del Concejo Municipal, cámaras empresariales, colegios profesionales, instituciones, y empresas como el Departamento de Aguas Provincial, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), la distribuidora de gas Camuzzi y otras entidades que forman parte de la consulta estatal.
La población de Bariloche tiene una historia de grandes gestas en defensa del medio ambiente y la vida de sus trabajadores. En medio de los incendios más destructivos que se recuerden, con la conciencia de vivir bajo riesgo de catástrofe, no permitiremos que este proyecto se concrete. Lo rechazamos una vez, lo lograremos otra vez.
