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El pasado 4 de noviembre se llevó a cabo una reunión del Consejo de Planeamiento Estratégico del Municipio de Bariloche -un organismo no vinculante- en la que estaba previsto informar sobre un proyecto de privatización del Cerro Catedral. La cantidad de participantes que manifestaban su rechazo desbordó cualquier previsión y la reunión debió suspenderse.
El proyecto repudiado incluía la construcción de un hotel con 12.000 camas y loteos para la construcción de dos barrios privados en 79 hectáreas, a 1.200 metros de altura.
El Cerro Catedral, el centro de esquí más grande de Sudamérica, fue jurisdicción nacional hasta 1985, cuando fue cedido a la provincia de Río Negro. Finalmente, en 2009, fue traspasado a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
En 2020, en plena pandemia, la justicia autorizó al gobierno municipal a extender la concesión a la empresa CAPSA-Catedral Alta Patagonia Sociedad Anónima- hasta el 2056 a cambio de un cánon ínfimo. Esta barbaridad fue resistida por el pueblo de Bariloche, con movilizaciones masivas, juntada de firmas y presentaciones judiciales, pero el contrato sigue vigente.
Ahora CAPSA plantea este proyecto. Advertimos el avance de las fronteras de explotación capitalista, sea de la mano del negocio agroganadero, inmobiliario o turístico, que arrasa con la naturaleza y su equilibrio y el disfrute de esta por parte de la población.
El rechazo popular al proyecto privatizador tiene fuerte sustento.
El Segemar -Servicio Geológico Minero Argentino- hizo estudios geomorfológicos en el cerro y evaluó las posibilidades de uso del suelo. Determinó que, por la erosión de las pircas y el desmonte ya hecho, existe peligro de avalanchas y desmoronamientos como ya hubo en dos ocasiones y esto requiere de importantes tareas de contención. Es decir, definitivamente, se trata de un suelo no apto para el emprendimiento turístico.
CAPSA construyó el año pasado una laguna artificial a 1.200 metros de altura, que representa un gran peligro porque es zona de sismos y lluvias intensas, lo que podría provocar enormes desbordes, deslaves y destrucción. Vertientes de agua desviadas, hábitat de plantas y animales arrasado: la afectación del ecosistema es inevitable.
Por otro lado, un hotel de doce mil camas y dos barrios privados produciría una sobredemanda de servicios de agua, energía y cloacas, cuando Bariloche ya tiene grandes déficits en servicios. Barrios enteros carecen de servicios por el crecimiento caótico que ha tenido la ciudad. El pueblo de Bariloche, por lo tanto, rechaza el emprendimiento porque sabe bien que se privilegiarían los servicios para el turismo de lujo de unos pocos a las necesidades de los barrios populares.
Reacción popular
La convocatoria a la reunión del Consejo de Planeamiento Estratégico resultó el canal de expresión de la bronca popular.
La población trabajadora de Bariloche sufre diariamente las penurias de una ciudad sin planificación, sin servicios adecuados ni suficientes. Especialmente en el verano, cuando la escasez de agua y los cortes de luz se hacen sentir en los barrios obreros. Una ciudad rodeada de lagos, con innumerables vertientes, en una provincia productora de energía eléctrica, atravesada por gasoductos, no provee los servicios elementales a su población.
Por otro lado, la población de Bariloche tiene una historia de grandes gestas en defensa del medio ambiente y la vida de sus trabajadores.
El Barilochazo, una reacción popular ocurrida el 28 de julio de 1970 en la que el pueblo se manifestó en contra de la designación de un Intendente por parte del gobernador de la dictadura de Onganía así como contra la entrega de tierras boscosas del Llao Llao, logrando ambos reclamos. El abrazo al Limay, en octubre de 1995, contra la construcción de una represa, Segunda Angostura, que reunió cinco mil personas en la naciente del río sobre el lago Nahuel Huapi. Las sucesivas y multitudinarias movilizaciones lograron frenar el proyecto que habría degradado y secado al río.
La construcción de un gigantesco estacionamiento de cinco pisos bajo tierra en una elevación en pleno centro de la ciudad que habría provocado un desastre ambiental por el desvió de vertientes, derrumbes y deslaves, también fue frenado por la movilización popular.
El repudio al proyecto de privatización del cerro Catedral debe ser reforzado con contundencia. De hecho, el proyecto debe ser aprobado por el Concejo Deliberante. La movilización de los doscientos vecinos que desbordaron la reunión de esta semana puso en cuestión que el Ejecutivo tenga los votos necesarios para su aprobación.
Hasta ahora, había sólo tres pronunciamientos en contra y ocho a favor, suficientes para la aprobación. Luego de esta irrupción, dos concejales -uno del oficialismo local y otro del PRO, que se habían manifestado a favor del proyecto- pusieron en duda sus votos.
Más organización, más movilización, lograrán frenar este proyecto depredador.
