Desentrañando el debate sobre la ley penal juvenil (o la baja de edad de imputabilidad)

Con el correr de los días, a partir de la incorporación del debate de laa denominada “ley penal juvenil” o “régimen penal juvenil”, se han deslizado una cantidad de planteos políticos, jurídicos y hasta psicológicos sobre el punto neurálgico de esta iniciativa: la edad en virtud de la cual puede el Estado endilgarle a una persona la comisión de un delito y, por lo tanto, sancionarla.

El oficialismo, quien busca hacerse vocero de las familias de las víctimas de los últimos hechos que involucran a menores, no ha titubeado en señalar que, ante delitos de adultos, pena de adultos. La baja de edad es un tema discutido desde hace decenios, cuyas propuestas han flaqueado y nunca llegaron a sancionarse. Que no se haya concretado no quiere decir que la legislación argentina no se haya endurecido, ya que en el medio fueron aprobadas las leyes Bloomberg (que dispone el agravamiento de penas ante la utilización de armas de fuego) y la ley Petri en 2017 (que establece limitaciones enormes al momento de acogerse a los beneficios de libertad condicional y salidas transitorias).

Desde ese oportunismo, el gobierno libertario se apresta a dar un golpe de timón, tratando de consagrar una norma que aggiornaría al país a la tendencia mundial. En efecto, en América Latina tan solo Cuba comparte el podio con Argentina al sostener los 16 años. La media se promedia en los 14 años, mientras que en países como Brasil la han bajado hasta los 12. El segundo argumento político-criminal es que, de esta manera, los adolescentes en edad de ser imputados pensarán dos veces antes de cometer un delito. Esto se conoce como prevención general, lo cual significa que la existencia de la prohibición genera efectos disuasivos en quienes está destinada. Para Patricia Bullrich esto repercute en que un joven que se apresta a robar no robará y así sucesivamente. En forma indirecta sostiene que este factor incidirá en la reincidencia: el que cometió y fue castigado, no lo hará de nuevo.

Esa adaptación también la referencian con lo que plantea la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. El cambio de que este deje de ser un objeto, para convertirse en un sujeto de derechos, con voz propia y a recibir un trato digno, forma parte del cóctel jurídico con el que fundamentan la ley a discutir. Y que este tratado recepta que el régimen debe ser diferente al de adultos, dejando como el último recurso el envío a prisión.

Desde el punto de vista psicológico y social, argumentan que los chicos de hoy no son los del pasado. Que las actuales infancias están inundadas de violencia y acorraladas por las adicciones, la deserción escolar y una perspectiva que dista años luz de la vida de sus progenitores, más aún, de sus abuelos. No estamos imputando al hijo de un obrero especializado de la Ford o General Motors, sino al de uno dedicado al narcomenudeo en algún barrio periférico de Rosario o del conurbano bonaerense. Cualquier niño, señalan, es capaz de discernir qué es “bueno” o “malo”, o cuál conducta genera un daño y cuál no. Por lo tanto, son plenamente conscientes del menoscabo que pueden llegar a propinar. Esbozan que estas “conductas concretas” se diferencian de las abstractas, para las cuales se requiere de un mayor desarrollo cognitivo-cerebral (algo que se adquiere a medida que la experiencia de la vida va forjando la personalidad del individuo).

Evidencia en contra

La fundamentación de los libertarios, sin embargo, es arbitraria. Recolectan lo que les conviene de las fuentes que ellos mismos citan. En primer lugar, porque el Comité de los Derechos del Niño señalan que bajar la edad de imputabilidad es regresiva de derechos y, en consecuencia, atenta contra el principio de progresividad; entonces, es inconstitucional. Al mismo tiempo junto a UNICEF desmienten que estas modificaciones tengan algún correlato en la seguridad pública. Están los ejemplos de Dinamarca que bajó la edad a 14 para luego volver a subirla, ya que no se reportó una disminución en los jóvenes acusados de infractores ni tampoco bajó la tasa de reincidencia, como enuncian que sucederá. Sigue siendo ínfima la participación de niños en delitos graves, cuya media nacional según el Comité contra la Tortura es de 1,8 %. Casi el 60 % son por delitos contra la propiedad, y tan solo el 5 % cuenta con alguna intervención que tenga que ver con el tráfico de estupefacientes. También si comparamos Argentina con Brasil, la diferencia entre uno y otro país es abismal: la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes del primero es del 4,2 %, mientras que la el país vecino es del 23,1 %.

Igual de deshonesto es el planteo de modernizar el proceso juvenil. El mismo ya tiene vigencia en varias provincias (Salta, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba), que de alguna manera replica lo que exige la Convención de los Derechos del Niño. Ninguna novedad hay en todo esto. Ni siquiera el Congreso Nacional tiene competencia para legislar: es propia de las provincias. Por lo tanto, se aprestan a legislar una norma ya existente con un órgano que no puede hacerlo. Sobre esto es que la oposición patronal se apresta a votar a favor: desde el massismo hasta Esteban Paulón del Partido Socialista, se diferencian de Bullrich afirmando que bajarán la edad, pero incorporarán el régimen especial. Todos los caminos llegan a Roma.

Significado político

La reforma no cae en un vacío. Se da en un marco donde la iniciativa política del gobierno es a reducir la ciudadanía política a la mínima expresión. Todas las “modernizaciones” en danza son un aniquilamiento fenomenal de derechos conquistados con décadas de lucha. A la persecución ilegal para la cual ahora la SIDE está facultada, se le suma la incorporación lisa y llana del Estado argentino en el dispositivo fascista que desarrolla Trump en EE. UU. y en el mundo. No solo de encomendar a Argentina como un depósito de extraditados, sino que el propio gobierno lo está ejecutando. Sucedió en La Matanza días atrás. A la represión de las movilizaciones, la persecución de los activistas que se rebelan ante el gobierno de turno y su política, se le suma limpiar de un plumazo lo escrito en cualquier Constitución. La tendencia del estado de excepción se desarrolla interna y externamente: prueba cabal de esto es haber secuestrado un presidente en funciones, junto a las agresiones imperialistas al resto del mundo.

Ningún atisbo de progresividad vendrá con la ley que quieren votar. No hay infancia que le valga a uno de los principales socios del sionismo que masacra niños palestinos con total impunidad.

Concentrar los esfuerzos en defender las libertades democráticas se ha vuelto un punto en la agenda que la clase obrera debe tomar.

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La baja de edad de imputabilidad, en la agenda del Congreso Por Agustín Fernández, 29/01/2026.