Escribe Violeta Gil
Tiempo de lectura: 4 minutos
Hace dos años, un pozo de petróleo al norte de Salta explotó y, desde entonces, no deja de brotar gas y líquidos hidrocarburantes; las sustancias en forma de barro emanan desde las profundidades de la tierra. El pozo ubicado en Lomas de Olmedo, en la localidad de Pichanal, fue perforado en 1983 por la empresa YPF que explotaba hidrocarburos en el norte salteño. Luego, su explotación pasó a manos de la empresa Presidente Petroleum S.A. que lo abandonó cuando el pozo dejó de ser rentable. No hubo controles ni mantenimiento de las instalaciones durante su vida útil y mucho menos cuando la empresa lo abandonó, pero la instalación quedó activa.
En 2024 la válvula del pozo colapsó y se produjo primero una explosión, después erupciones continuas, como si fuera un géiser.
El lugar era denominado Lomas de Olmedo, por su característica geográfica; el pozo estaba ubicado sobre una lomada de la que ya no queda nada, en su lugar hay una laguna tóxica porque la tierra se hundió. De aquella vieja perforación brotan fluidos y gases contaminantes, desechos que para las empresas y el gobierno ya no representan un negocio. El saldo es una catástrofe ambiental.
Los pobladores ya denunciaron la muerte de 350 cabezas de ganado vacuno, además de la destrucción de la flora y la fauna nativa de por lo menos 20 hectáreas cercanas al pozo. La contaminación afecta el aire, el agua y la tierra, toda la vegetación alrededor está seca y los animales que tuvieron algún contacto murieron intoxicados. El riesgo está latente para las personas de la zona, son por lo menos 48 familias las que viven en las cercanías. Por temor a las consecuencias de la contaminación evitan acercarse al perímetro y son quienes ahora llaman a la zona el "Chernobyl argentino".
Un productor rural es quien denunció a través de redes sociales que la válvula del pozo está cada vez más suelta, lo que genera que las erupciones constantes expulsen mayor cantidad de sustancias. En sus videos y entrevistas en medios locales, denunció que el pozo emite un ruido ensordecedor, como de un motor en funcionamiento, que es imposible respirar sin una máscara, que por las tardes la temperatura es más alta de lo habitual y que, a pesar de todas las denuncias, ningún funcionario del gobierno se acercó al lugar.
La situación está fuera de control. Cerrar el pozo y sanear la región contaminada requiere una suma millonaria que el gobierno de Gustavo Sáenz no está dispuesto a destinar. Por el contrario, el gobernador conformó un “comité de emergencia” durante 2025 sólo cuando la crisis tomó estado público. Sus funcionarios ya conocían las denuncias. En junio ordenaron a un equipo de peritos del Cuerpo de Investigadores Fiscales un relevamiento en la zona junto a la fiscal penal María Sofía Fuentes, de la localidad Pichanal.
La provincia inició una demanda civil y ambiental contra seis empresas que habrían intervenido en las operaciones de explotación en el pozo, entre ellas la última, President Petroleum S.A., que operaba en la zona desde 2014. President inició un recurso preventivo de crisis en 2023 y en agosto de 2025 se declaró la quiebra definitiva. Lomas de Olmedo no era el único pozo petrolero que operaba, tampoco fue el único en dejar abandonado, en la zona de Puesto Guardián existen pozos menores abandonados que permanecen activos.
El proceso judicial aparece como una vía muerta y, sin embargo, es el único rumbo que ha tomado el gobierno provincial. Sáenz se camufla detrás de la justicia para encubrir sus responsabilidades y las del Ministerio de Producción y Ambiente, ahora convertido en Ministerio de Producción y Minería. En sintonía con la política del liberticida Milei, defienden la libertad de las empresas para explotar recursos naturales sin restricción en nombre de la “seguridad jurídica”; el pasivo ambiental y las consecuencias de la destrucción de cuencas hídricas, del bosque nativo, del suelo y el aire son un saldo que pagan los trabajadores.
En el chaco salteño y el norte provincial, los pools de siembra, la Seaboard Co. (ex Tabacal) y Frigorífico Bermejo son sistemáticamente denunciados por campesinos, a causa de los daños ambientales que producen con incendios intencionales y el descarte de desechos tóxicos en los ríos. Los peones rurales denuncian incluso que las empresas cuentan con una guardia civil armada que vigila las cercas perimetrales y los amenaza cuando circulan cerca. Un territorio bajo las reglas de las patronales y los grandes grupos económicos de la provincia.
La política de Sáenz es incompatible con la defensa y preservación del ambiente, el agua, el suelo y los bosques, como espacios necesarios para la vida de las personas. Su destrucción, en una región tropical como es ésta, ya tiene como consecuencias el desequilibrio climático que produjo inundaciones, sequías y propagación de enfermedades históricamente superadas como la leishmaniasis y el hantavirus que se cobró la vida de 5 personas en 2025.
Mientras Gustavo Sáenz negocia con el gobierno liberticida el voto de sus legisladores en el Congreso Nacional para imponer una contrarreforma laboral contra la clase obrera y además la destrucción de los glaciares como reservas de agua dulce fundamentales para la vida humana y los cultivos, en el subsuelo de la provincia de Salta se siguen acumulando contradicciones explosivas, entre gases y líquidos hidrocarburantes, y un derrumbe sistemático de las condiciones de vida de la población.
