Costa Rica: La derechista Laura Fernández se impone en primera vuelta

Las recientes elecciones presidenciales de Costa Rica, consagraron como ganadora a Laura Fernández, de Pueblo Soberano (PS), con un 48,33% de los votos. Andrés Robles Barrantes, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN), quedó 15 puntos abajo con un 33%. Con 4,56%, Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana, quedó tercera. La abstención, del 30,9%, fue importante, pero 6 puntos menor que en 2022. Al superar el 40% de los votos emitidos, Fernández se impone en primera vuelta.

Continuismo pro imperialista

La nueva presidenta, fue la ministra de Planificación y de Presidencia del actual presidente Rodrigo Chaves, una suerte de Trump local y admirador de Bukele, que no pudo imponer una reforma constitucional que posibilite su reelección, por encontrarse en minoría en una asamblea nacional fuertemente disgregada. Siguiendo la línea del fascista yanqui, Chaves prohibió la participación de la china Huawei, en la licitación del servicio de 5G en su país, mientras que tomó del fascista salvadoreño su demagogia de combate contra el crimen organizado y las pandillas bajo el mote del “terrorismo”.

Para garantizar la continuidad de su política reaccionaria, el presidente saliente apeló a la candidatura de Fernández, convirtió la compulsa electoral en una suerte de plebiscito de su presidencia y se puso al frente de la campaña de su candidata lanzando acusaciones contra los candidatos opositores, los medios de comunicación y hasta contra el Tribunal Superior de Elecciones sobre un posible fraude. Ahora, Chaves podría ser nombrado como ministro de la Presidencia, según la propia Fernández; a la vez que enfrentará causas penales en curso por corrupción.

La victoria de Pueblo Soberano le garantizó la consecución de 30 escaños, sobre los 57 que conforman la Asamblea Nacional. El Partido Liberación Nacional mantuvo sus 18 legisladores, pero pierde la presidencia del cuerpo; el Frente Amplio obtuvo 7 escaños –uno más que en el periodo actual- y los dos restantes fueron para el Partido Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana.

Si bien ahora el oficialismo detentará una mayoría simple propia, que triplica su base parlamentaria actual, ha quedado 10 escaños debajo de la mayoría agravada que Fernández y Chaves se propusieron conquistar en la elección para poder imponer sus “reformas estructurales”, todas de corte reaccionario.

Verano económico y vacancia opositora

Fernández obtuvo su victoria apoyada por una bonanza capitalista circunstancial acicateada por un fuerte ingreso de capitales norteamericanos bajo el gobierno de Chaves, que migraron desde China hacia las zonas francas tecas, proceso que se amplió en 2025 bajo la guerra comercial y arancelaria de Trump. En el mismo período EEUU acrecentó la importación de productos costarricenses, principalmente dispositivos médicos producidos por empresas yanquis o intermediarias en estas zonas francas. Este proceso ha beneficiado a un puñado de capitalistas intermediarios y profundizado la polarización social. Las actividades económicas que sostienen el consumo interno, que concentran el 85% de la producción nacional, crecen a un ritmo “considerablemente menor” (Diario Extra, 02-01-26). La baja “histórica” de la desocupación, la reducción de la pobreza y la inflación “negativa” bajo el gobierno de Chaves, de la que hizo gala el oficialismo durante las elecciones, se posa en un achicamiento de la población en condiciones de trabajar (La Nación de Costa Rica, 14-10-25) en la sobrevaloración artificial de colón costarricense y en la manipulación estadística de la caída del consumo en toda una serie de ramas de la economía.

Por otro lado, Chaves ha llevado un fuerte ajuste del gasto social que desfinanció la Caja Costarricense de Seguro Social y con ello las ayudas a las capas más empobrecidas de la población, las becas estudiantiles y los programas de alimentación escolar; siempre en nombre del “equilibrio fiscal”. El crecimiento exponencial de los asesinatos bajo el gobierno de Chaves, fue explotado por éste para inculpar a la oposición política y al poder judicial sobre la situación y llevar adelante medidas de mano dura. El poder judicial teco ha informado que “los últimos 3 años han sido los más violentos de la historia nacional, con 905 homicidios en 2023, un récord histórico” (CNN, 01-02-26).

La disgregada oposición burguesa no tuvo interés alguno de organizar y movilizar a las capas obreras y explotadas contra esta política confiscatoria y fascistizante, ni denunció el reforzamiento de la histórica dependencia política, financiera y comercial del país con el imperialismo yanqui. En las elecciones tampoco levantó un programa alternativo, reduciéndose a denuncias aisladas y a reclamar un voto para frenar el totalitarismo de Chaves, emulando al derrotado peronismo argentino. Sin embargo, en el tramo final de la campaña, estos planteos impulsaron la realización de una serie de pronunciamientos de artistas y personalidades que beneficiaron al centroizquierdista Frente Amplio para la categoría de legisladores, en donde triplica los votos obtenidos para la presidencia. Lo contrario sucedió con el PLN, quien obtuvo un 30% menos de votos para legisladores que su candidato presidencial (La Nación de Costa Rica, 02-02-26).

Tercera República: la cobertura de un estado policial

Una vez conocidos los resultados, Fernández aprovechó su discurso de victoria para atacar a la oposición parlamentaria después de haber sido saludada por Robles Barrantes, quien se comprometió a colaborar con su gobierno. También atacó a los medios de comunicación y bajo los eufemismos de la democracia y la concordia, sentenció el fin de la segunda república y la inauguración de una tercera. Retomó de este modo el discurso de Chaves contra el régimen político vigente, francamente en ruinas desde hace al menos una década.

Laura Fernández, quien asumirá como presidente el 8 de mayo próximo, ha dejado en claro de entrada, que el no haber obtenido la mayoría agravada necesaria en la Asamblea Nacional teca para llevar adelante una reforma constitucional que habilite la reelección consecutiva indefinida de la presidencia; imponer reformas reaccionarias del sistema judicial y del código penal; y, sobre todo, la eventual imposición de un estado de excepción que permita arrestos y detenciones sin orden judicial previa; no la desviará ni un milímetro de esta agenda reaccionaria levantada abiertamente en su campaña electoral. A esto se le suma que, durante la campaña, Fernández prometió consumar la promesa del actual presidente sobre la construcción de una mega cárcel con capacidad para 5.000 detenidos, en un acto que contó con la presencia del salvadoreño Bukele hace dos semanas; y defendió la privatización de activos estatales, comenzando por el Banco de Costa Rica.

Muchos observadores caracterizaron estas elecciones como un “punto de inflexión” de la democracia más estable de Latinoamérica – con elecciones ininterrumpidas desde 1948 a la fecha- hacia un “régimen autoritario”, a lo que habría que agregar que, a diferencia del chavismo venezolano, este autoritarismo es apoyado abiertamente por Donald Trump y el conjunto del capital. Omiten hacer un balance sobre como la declinación de la democracia, tanto en Costa Rica, considerada la suiza latinoamericana, como a nivel internacional, es la que ha dado paso a la reacción política capitalista, también de alcance mundial. En esta línea, la presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, aprovechó el anuncio de los resultados electorales para llamar a dar marcha atrás en la confrontación política y sobre todo contra las instituciones del país. Por el contrario, ante un escenario de desaceleración económica (Diario Extra, 02-01-2026) y de una fuerte precariedad económica y financiera, producto de la dependencia de Costa Rica del mercado mundial y del imperialismo yanqui, la presidencia de Laura Fernández inaugura un periodo de choques políticos y sociales aún mayores.