La “industria del despido”, el jugoso negocio que abre la contrarreforma laboral

La expectativa de que se profundice la baja del dólar y una suba en la cotización de la deuda pública es atribuida por algunos al “favorable clima de negocios” que crearía la sanción de la reforma laboral. Ese “clima”, en verdad, sólo existe en algunos titulares de los diarios, pues la agenda económica se encuentra dominada por los cierres de empresas y la venta de grandes cadenas comerciales o de yacimientos, principalmente por parte de accionistas externos. En cuanto a la reforma laboral, el optimismo financiero sólo obedece a una razón contante y sonante, y nada tiene que ver con los boatos acerca de la “creación de empleo” o la “atracción de inversiones”.

La razón que lleva al festejo de los especuladores es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se alimentará con una deducción de los aportes previsionales de todos los trabajadores: 1 % en caso de las grandes empresas y 3 % para las pequeñas y medianas. Según algunas estimaciones, el Fondo aportará unos 4000 millones de dólares anuales, y será administrado por la Comisión Nacional de Valores. Analistas financieros estiman la formación de un “stock institucional” que podría llegar en unos años a representar unos 15.000 millones de dólares. El destino principal del FAL es el mercado de deuda pública, al punto que el propio Caputo le atribuyó trascendencia para “no depender de Wall Street”.

Naturalmente, la proporción en que el Fondo podrá volcarse a rescatar al Tesoro y los acreedores depende de la llamada “tasa de cobertura”, es decir, la relación entre el fondo acumulado y las indemnizaciones a cubrir. Pero el régimen laboral instituido en la contrarreforma apunta, precisamente, a facilitar los despidos del personal con mayor antigüedad, reducir el valor de las indemnizaciones -al no computar pagos extras- y, en general, aumentar la rotación laboral. Por lo tanto, es un horizonte de indemnizaciones cada vez más “baratas”. Si se mantienen los actuales porcentajes de aportes al FAL, cada vez será menor la necesidad de previsionar recursos para las indemnizaciones y mayor el stock de dinero que quedará disponible para la deuda pública y otras colocaciones financieras.

Se ha montado una confiscación colosal de los recursos previsionales para salir en rescate de una deuda pública argentina que, con excepción de Trump y Scott Bessent, nadie quiere bancar. Toda la “modernización laboral” se circunscribe a este delito común.