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La aseguradora de riesgo de trabajo Galeno ART, el mismo día en el que FATE despedía a 920 trabajadores, entró en liquidación forzosa, dejando como saldo 600 trabajadores sin empleo.
Luego de que Galeno no presentara el plan de regularización exigido para revertir un déficit de capital mínimo de $ 12.954 millones, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) sentenció la disolución de la empresa aseguradora. Mediante la Resolución Sintetizada 56/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se resolvió la disolución automática y la liquidación forzosa de los bienes de la aseguradora de riesgos del trabajo, que había comenzado a operar en el año 1996.
El grupo liderado por Julio Fraomeni inició a finales del 2025 un proceso de liquidación que terminó de efectivizarse con la revocatoria de su autorización para operar por la SSN.
La caída en desgracia de Galeno se da en un marco de record de juicio laborales, que en 2025 superó holgadamente los 130.000, dando cuenta de las condiciones de higiene y seguridad de las fábricas y lugares de trabajo. En 2017, cuando también se registraron más de 130.000 juicios, el gobierno de Mauricio Macri, con el aval de la UIA y de la burocracia sindical, reformó la Ley de Riesgo del Trabajo fijando parámetros para las indemnizaciones y dispuso la creación de un Cuerpo Médico Forense en cada provincia, pero en la práctica no han sido puestos en funciones, una de las demandas de las ART, y denuncian, en términos de sus intereses, un “abuso” de los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales. Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), Mara Bettiol, presidente de la cámara empresarial señala que "el Sistema de Riesgo del Trabajo tiene una ley que acaba de cumplir nueve años de vigencia y el Poder Judicial no la cumple. La ley obliga a que el Poder Judicial conforme los cuerpos médico forenses". Al día de hoy las ART le dan cobertura a más de 10 millones de trabajadores en todo el país.
En este cuadro de situación, las ART miran de reojo la contrareforma laboral, ya que, especialistas en la materia señalan que de la ley se desprenden “ambigüedades” en algunos artículos, como los relacionados con la eliminación de incentivos para la registración y la precarización de cálculos indemnizatorios que generarán un gris que terminará resolviéndose en los tribunales, incrementándose la litigiosidad. Desde las ART claman para que la reforma laboral incluya medidas que terminen con “el flagelo de juicios por riesgos del trabajo". Desde LPO señalan que “una de las ART líderes se contactó con Federico Sturzenegger y decidieron abortar las negociaciones cuando advirtieron que le habían dado la idea al ministro para desregular también a las ART y quitar su obligatoriedad. ‘Las ART ya fueron’, fue el mensaje que se escuchó en el Ministerio de Modernización” (LPO, 19/2). Ante la avanzada “modernizante” de los liberticidas contra las condiciones de trabajo, para terminar con la mercantilización de la salud de los trabajadores es imprescindible un seguro del Estado bajo control de los trabajadores, por medio de comisiones obreras electas y con derecho a veto sobre condiciones laborales. A su vez, la cuestión seguridad e higiene debería formar parte de las paritarias, por medio de representantes electos por los trabajadores. La mejor “ley” sobre enfermedades y accidentes laborales en la historia argentina fue la paritaria y la huelga general de 1975. Allí, se impusieron en los convenios de ese año, las mejores condiciones laborales de la historia de la clase obrera argentina: la protección a la salud de la mujer, el reconocimiento de los certificados médicos de los trabajadores y las cláusulas gatillo frente a la inflación; además, se le impusieron a las patronales normas de seguridad que reducían accidentes. Desde la dictadura militar, pasando por los sucesivos gobiernos sólo se actuó destruyendo los convenios del ’75.
