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Este 26 de febrero se cumplen 20 años del crimen impune de Paulina Lebbos, la joven estudiante de comunicación tucumana brutalmente asesinada. El caso conmovió a la provincia no solo por la crueldad del hecho, sino por el accionar encubridor de la justicia y el poder político. El entonces gobierno de José Alperovich, junto a altos funcionarios y la cúpula policial, orquestó un plan de impunidad para proteger a los autores materiales.
Paulina estuvo desaparecida casi dos semanas. La policía mintió haber hallado el cuerpo, cuando en realidad fueron lugareños quienes lo encontraron. En la escena del hallazgo se adulteraron actas y pruebas de forma planificada. El primer fiscal de la causa fue removido tras ser fotografiado saliendo de la casa del gobernador Alperovich; su sucesor, Carlos Albaca, mantuvo el expediente en secreto durante ¡siete años!, permitiendo deliberadamente la degradación de pruebas clave.
La lucha inclaudicable del movimiento de familiares de víctimas de la impunidad permitió que se sustanciaran tres juicios, logrando condenas para la plana mayor de la Policía y del Ministerio de Seguridad de aquel entonces, así como para el exfiscal Albaca. En marzo de este año comenzaría el juicio -demorado también durante siete años- contra César Soto (expareja de Paulina) y Sergio Kaleñuk (hijo de un exsecretario de Alperovich), señalados como presuntos autores materiales. No obstante, un planteo de prescripción del delito por parte de sus defensas amenaza con demorar el inicio, ya que exigirá que se expida la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
También está en curso la causa judicial por encubrimiento contra Virginia Mercado, amiga de Paulina y última persona en verla con vida. La acusación sobre ella se desprendió luego del juicio a los altos funcionarios de seguridad y de la policía (hace 7 años) por diversas inconsistencias. A casi 20 años, en una audiencia de juicio abreviado, confesó que mintió a cambio de quedar en libertad, pero nadie le preguntó cuál es el nombre del asesino ni que ocurrió esa noche de 2006, en una nueva demostración de la impunidad que rodea el caso.
A 20 años del crimen de Paulina queda claro que el andamiaje montado para encubrir a los asesinos, durante el entonces gobierno de Alperovich, sigue intacto. El ministro público fiscal, Pirincho Jiménez, es una pieza clave y su continuidad durante todos años expresa que los posteriores gobiernos, incluido el actual, con Osvaldo Jaldo a la cabeza, se manejan de la misma forma. Todas las denuncias que involucran al poder político, empresarios amigos, policías tienen un manejo discrecional, buscan dilatarse y garantizar impunidad.
El camino para enfrentar este régimen es la lucha: sin la movilización independiente, la coordinación de familiares y la denuncia permanente, no se habría avanzado un solo paso. Este 26 de febrero, en la 20ª jornada de lucha contra la impunidad, preparemos una fuerte movilización que reclame justicia por Paulina y por todas las víctimas pero que también sea una caja de resonancia de los atropellos del Estado y el gobierno: la reforma laboral, el reforzamiento represivo con la baja de la edad de punibilidad y las facultades de espionaje y represión a los servicios de inteligencia, la modificación de la ley de glaciares, el desconocimiento de la ley de financiamiento universitario.
Es fundamental sentar las bases de una lucha de conjunto para tirar abajo el régimen de impunidad.
