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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció por WhatsApp la detención de un “simpatizante de la agrupación antifascista”, difundiendo imágenes que pretendían ser prueba de delito: réplicas y juguetes sin ningún poder de fuego de la Segunda Guerra Mundial, envases de cerveza vacíos, banderas de Palestina y pines del movimiento ANTIFA. Todo presentado bajo la excusa de que “serían útiles para la fabricación de cócteles molotov”. Además, para el gobierno, lo que incrimina a Nico M., de 37 años, es que -según el parte oficial- “con el apoyo de personal de la Dirección General de Inteligencia Criminal, se estableció que el buscado actuaba como promotor y articulador entre el movimiento de jubilados y las organizaciones de izquierda más radicalizadas, participando activamente de reiteradas movilizaciones en apoyo a ellos”. Es decir: participar en movilizaciones y vincularse con jubilados que protestan contra el ajuste se convierte en causal de persecución.
El Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO), dependiente del Ministerio de Seguridad, comenzó a investigarlo desde mayo del año pasado por sus dibujos y fanzines. Por ese material lo acusan de “intimidación pública” en redes sociales, aunque se trata de imágenes de denuncia contra la violencia policial impulsada por Bullrich. Su abogada, Laura Taffetani, explicó que la figura penal invocada “consiste en infundir temor público, provocar tumultos o desórdenes utilizando medios materiales idóneos (como amenazas de bomba o falsas alarmas) para causar caos” (El Destape, 27/02/26). Nada de eso se verifica en el caso.
El procedimiento recuerda al de Milton Tolomeo, masajista detenido el 14 de febrero, acusado de arrojar una bomba molotov en una movilización sin pruebas materiales, más allá de poseer un libro sobre anarquismo en su biblioteca. La propia ministra Monteoliva ordenó su traslado a un penal de “alto riesgo”. Durante la movilización en defensa de la Ley de Glaciares -que el Estado terminó modificando en favor de las empresas responsables del ecocidio- fueron detenidos manifestantes de Greenpeace que realizaban una performance artística y pacífica en las escalinatas del Congreso (Greenpeace, 26/02/26). No conformes con ello, las fuerzas represivas golpearon y detuvieron a un camarógrafo de A24 que estaba registrando los hechos en ejercicio de su labor periodística.
A esta escalada se suma la noticia de que Milei evalúa indultar a los genocidas de la dictadura de 1976, a 50 años del golpe, liberando a condenados por delitos de lesa humanidad. La criminalización del antifascismo y la rehabilitación política del terrorismo de Estado forman parte de una misma orientación.
Estamos frente a un gobierno que respalda abiertamente la limpieza étnica en Gaza. No se trata solo de convicciones ideológicas reaccionarias: el sostén financiero y político de la administración Milei depende del alineamiento incondicional con Trump. En un contexto de escalada bélica internacional, ese alineamiento implica arrastrar al país a una estrategia imperialista que sólo puede sostenerse con ajuste interno y represión. La guerra afuera exige disciplinamiento adentro.
La contrarreforma laboral, la criminalización de la protesta, la persecución de militantes, la amenaza sobre el derecho al aborto y la ofensiva contra las libertades democráticas responden a esa misma lógica. Cuando el sistema entra en crisis, la clase dominante recorta derechos. Estos gobiernos avanzan mientras encuentran pasividad social. Pero cada intento de retroceso histórico también encuentra resistencia. Frente a la criminalización del antifascismo, frente al indulto a genocidas y frente al alineamiento con la guerra imperialista, la respuesta no puede ser fragmentada. Es necesario retomar los métodos históricos de la clase obrera: la huelga general, la movilización masiva y la acción directa. El 8M y el 24M deben transformarse en jornadas de lucha contra el ajuste, la represión y la guerra. No se trata solo de defender derechos amenazados, sino de enfrentar el régimen que necesita destruirlos para sobrevivir. Porque cuando el poder criminaliza la protesta está mostrando miedo. Y el miedo del régimen es la antesala de su crisis.
