Catamarca: cerró la paritaria docente

El cierre de la paritaria docente en Catamarca clausura un capítulo de intensa movilización, pero no se ha resuelto el conflicto salarial. La lucha docente autoconvocada ha demostrado una enorme capacidad de organización y acción, y se prepara ahora para una nueva etapa, con la perspectiva de reabrir la paritaria y conquistar una recomposición salarial real. La crisis salarial continúa abierta y se inscribe en un escenario más amplio de ajuste que afecta al conjunto de los trabajadores, planteando la necesidad de coordinar la lucha docente con otros sectores para enfrentar el deterioro del poder adquisitivo.

La cuarta semana de manifestaciones estuvo marcada por una creciente tensión en torno al cierre de la paritaria. El martes se desarrolló una manifestación provincial con una nueva marcha en la capital, en el marco del fin de la conciliación obligatoria, el preanuncio del cierre de la negociación, las extorsiones del gobierno en colaboración con la burocracia sindical, el cierre de liquidaciones y la confirmación de descuentos ilegales por parte del Ministerio de Trabajo. La marcha central volvió a pronunciarse por los reclamos principales: recomposición salarial acorde al costo de vida real que saque a los docentes de la pobreza, aumento que impacte al conjunto del escalafón, estabilidad laboral, cobertura de cargos, infraestructura y rechazo a los descuentos por huelga.

El miércoles el gobierno avanzó en sus términos, rediseñando su propuesta, pero sosteniendo el esquema de ajuste salarial, incorporando mejoras en titularización y en otras cláusulas, estableciendo un nuevo cuarto intermedio hasta el viernes. La mesa salarial se extendió hasta las últimas instancias, y el viernes por la mañana el gobierno presentó una “oferta definitiva” que mantuvo el núcleo del ajuste la que fue finalmente aceptada por la burocracia sindical. Trascendió que las reuniones reales de paritarias no se materializaron como tales, sino que se montó un operativo mediático acompañado por un chantaje: firmar el acuerdo o retirar la titularización, la implementación del ítem zona para establecimientos del interior y cláusulas para sectores postergados. A esto se sumó la amenaza de recategorizaciones y cierres de secciones y escuelas, en línea con la agenda oficial.

Ese mismo viernes tomó estado público la autorización del aumento del 27,83% en el componente provincial de la tarifa eléctrica, que se suma a la quita de subsidios y a la suba del costo de vida. Este incremento impacta directamente en el poder adquisitivo docente y reforzó el rechazo frente a la imposición salarial. Durante la tarde, la burocracia sindical impulsó nuevamente su mecanismo de consulta restrictiva —reuniones virtuales y encuestas manipulables— que volvió a arrojar un rechazo contundente. Sin embargo, la intersindical (que agrupa a los diversos sindicatos docentes) dio la espalda a sus propios resultados y firmó el acuerdo. Una minoría intentó desmarcarse denunciando la extorsión, pero sin romper con la aceptación final, en un gesto puramente demagógico.

Si se compara la propuesta inicial del gobierno, y los reclamos de la lucha docente autoconvocada, esta última propuesta del gobierno refleja un recule en varias cuestiones como lo reflejan los avances concretos en titularización, ítem zona y cláusulas para sectores desfavorecidos que no estaban en la agenda del gobierno. Sin embargo, el cierre de la paritaria hasta enero de 2027 representa una imposición inaceptable y mantiene abierto el conflicto salarial. El comunicado de los docentes autoconvocados destacó precisamente este punto, subrayando que la lucha continuará por la reapertura de paritarias libres, sin techo.

El acuerdo paritario finalmente estableció un salario mínimo garantizado por cargo de $870.000 desde marzo, con actualización bimestral por inflación hasta enero de 2027, junto con un incremento del punto índice del 10% en marzo y 5% en mayo, llevando el valor a $2.153,24, además de ajustes en función jerárquica. Sin embargo, este “salario mínimo” no impacta directamente en el básico ni en el conjunto de la escala, mientras que la suba del punto índice resulta ínfimo frente al reclamo de la docencia autoconvocada de $1.300.000 al básico, manteniendo abierta la cuestión salarial. El acuerdo incorporó además titularización de interinos al 31 de diciembre de 2025, ítem de nivelación para cargos de menor puntaje, incremento del adicional de transporte y conectividad a $40.000, y cláusulas tramposas de monitoreo salarial y actualizaciones automáticas por IPC. Las mejoras fueron introducidas en la negociación para imponer el esquema salarial de ajuste, pero constituyen conquistas arrancadas por la movilización de la docencia autoconvocada. El intento de cerrar la paritaria hasta enero de 2027 choca con un escenario de aumentos inminentes del costo de vida, lo que anticipa una crisis permanente y la continuidad de la lucha por la reapertura paritaria.

En paralelo, trascendió un pacto de austeridad entre el gobierno provincial y los intendentes municipales, orientado a la contención del gasto y al ajuste en los municipios. Este acuerdo condiciona auxilios financieros a la reducción del gasto en personal, control de plantillas y medidas de ordenamiento fiscal. El alcance político del pacto apunta a extender el ajuste a los trabajadores municipales y consolidar un frente de contención salarial en toda la provincia.

Se cierra así un capítulo signado por la farsa paritaria. Como denunciaron los autoconvocados, la mesa de negociación fue utilizada para legitimar un ajuste previamente decidido y acompañada por un sistema de presiones y chantajes. Sin embargo, la magnitud de la lucha docente dejó una marca profunda: marchas multitudinarias, cortes de ruta y acampes que se extendieron por toda la provincia, desde la capital hasta numerosos departamentos del interior como Belén, Andalgalá, Tinogasta, Santa María y otros puntos donde la docencia se organizó y salió a la calle. Esta rebelión trascendió los límites provinciales y forma parte de una lucha más amplia de los trabajadores de la educación y del conjunto de la clase trabajadora argentina.

En este proceso también quedó expuesto el comportamiento oportunista del FITU. Durante semanas sostuvieron la orientación de exigirle a la burocracia sindical que encabezara la lucha, reclamando paros de 48 horas o paros indefinidos convocados por los mismos sindicatos que actuaban como diques de contención. Cuando la dinámica de las autoconvocatorias desbordó esa política, algunos sectores intentaron adaptarse momentáneamente al movimiento real, ocultando su orientación previa sin ofrecer balance ni rectificación alguna.

La etapa que se abre plantea nuevas tareas. Sobre la base de las conquistas alcanzadas y de la experiencia acumulada, la docencia autoconvocada debe preparar nuevas acciones para reabrir la paritaria, libre y sin techo, y avanzar en la lucha por el salario. La crisis que atraviesa la provincia anticipa que el conflicto tenderá a profundizarse. La preparación de esa lucha exige fortalecer la articulación entre escuelas, localidades y departamentos, construir una coordinación provincial mediante representantes autoconvocados con mandato y avanzar en la unidad con otros sectores en lucha: trabajadores de la salud, municipales y estatales.

La formación de asambleas populares que integren las reivindicaciones de los trabajadores y del conjunto del pueblo aparece como una perspectiva necesaria frente al ajuste en curso. La experiencia reciente demostró que la docencia, cuando se organiza desde abajo y se moviliza de manera independiente, puede torcer la agenda oficial y conquistar avances. La paritaria se cerró, pero la lucha continúa.