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La mañana del 30 de marzo estuvo conmocionada por un hecho que envuelve a menores y a la comunidad de la localidad santafesina de San Cristóbal.
Uno de ellos, de 15 años, portando un arma de fuego ingresó a su escuela y comenzó a disparar en varias oportunidades. Terminó siendo controlado por un portero del establecimiento escolar que le quitó el arma. El resultado del hecho dejó un niño de 13 años fallecido y a otros con lesiones leves. El tema se trasladó a la órbita nacional, ya que reviven los episodios como el de Carmen de Patagones y su desenlace fatídico.
Desde que se viralizó lo sucedido, se han lanzado cuanta cantidad de opiniones e hipótesis que ninguna deja nada en concreto. O de lo contrario, son distracciones para correr el foco de la cuestión. Argumentan desde la escuela, amigos y compañeros que el ejecutante no tenía antecedentes de ningún tipo, que era buen alumno y tranquilo, y que nadie se esperaba algo así y menos en San Cristóbal. El ministro de Educación, por otro lado, afirmó que el sindicado sufre una compleja situación intrafamiliar, desviando el foco al ámbito privado de este. Otros presentes señalan que el suceso formaba parte de un “plan” y que el joven de 15 años era víctima de bullying por compañeros. De parte de la víctima, no hay ninguna afirmación que haya tenido que ver con alguna conducta contra el involucrado. San Cristóbal es una ciudad que alcanza los 15.000 habitantes, se encuentra en el oeste de la provincia, más próxima a Rafaela, y su momento de apogeo se debió al desarrollo del ferrocarril.
Lo cierto es que en el estado de situación actual no hay ningún tipo de certeza. Pullaro y compañía se han manifestado inmediatamente, pidiendo calma y desplegando todo un operativo de contención en la ciudad mientras la investigación judicial hace su trabajo. Pidió “activar el proceso penal” (Letra P, 30/3) sin desarrollar exactamente qué implica esto. Sucede que la ley que bajó la edad de imputabilidad a partir de los 14 años aún no está vigente, porque recién a los 180 días de aprobada se incorporaría a la legislación. Es el lapso que le dan a las provincias para reorganizar sus recursos y poder cumplir con la “demanda” que este cambio implica. Por lo tanto, el atacante se encuentra por fuera del marco de la imputabilidad vigente y solo es susceptible de medidas socioeducativas, no puede privársele de su libertad. No olvidemos que Pullaro, en el caso del adolescente Jeremías Monzón, confluyó políticamente en reducir la edad.
Mientras tanto, la noticia llegó al gabinete libertario, que como un acto reflejo manifestó que no era su problema (Letra P, 30/3), aunque seguían de cerca al mismo, derivándolo a que es un problema de regulación de la tenencia de armas de fuego. Es decir, que podría explicarse cierta irresponsabilidad de los adultos o del titular del arma utilizada, deslizando que mediante una política de mayor control estas situaciones no existirían. En este pasaje de manos entre promotores de la mano dura, se deja de relieve que su única perspectiva es la punición del desviado, además de su propia absolución política. Ni una palabra de la contención previa, del abordaje de la salud mental, ni nada que se le parezca brotó de las declaraciones de ambos gobiernos. Y eso que cuando se trata de “prevención” policial son los primeros en izar la bandera.
Sin embargo, la declaración política más trascendente la dio el propio intendente de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk. Al ser entrevistado, afirmo categóricamente: hace tiempo que se está pidiendo auxilio a la provincia y demás autoridades para frenar la violencia que se desató en la ciudad. Expresó que la violencia y principalmente entre jóvenes se ha profundizado, afirmando que el principal detonante de la misma es el consumo de drogas y las adicciones. Además de solicitar mayor presencia policial, el intendente (que pertenece al justicialismo) denunció la falta de recursos de infraestructura y humanos para paliar las adicciones en crecimiento.
Así planteado, deja entrever que el triángulo del narcotráfico-adicciones-decadencia social atravesó un poro social aún no evidente, ya que no estamos hablando de conflictos entre bandas que se disputan algún mercado con métodos sanguinarios. Tampoco ha involucrado a barrios periféricos, a lo que los medios acostumbran.
De lo contrario, sugiere una nueva dinámica que involucra a sectores sociales que no habían sido alcanzados, hasta el momento. Es la desintegración social de un sistema que liquida la vida en todas sus formas.
