Jeremías Monzón: un crimen aberrante y la edad de imputabilidad

A finales del 2025, en las adyacencias de un galpón ubicado en las cercanías del Club Atlético Colon de Santa Fe, sucedía un crimen donde todos los involucrados son menores de edad. En el mismo se identifica la muerte de un joven de nombre Jeremías Monzón, quien tenía apenas 15 años. No obstante, lo que realmente llamó la atención del caso no fue la corta edad de estos, sino el ensañamiento con el que se habría ejecutado.

En concreto: se imputaron e investigan al menos a dos menores de 14 años, quienes ya fueron identificados. Asimismo, a una adolescente de 16, sobre la cual no queda claro si supo tener una relación sentimental con la víctima. En las últimas horas se detuvo a la madre de esta niña, sugiriendo una aparente participación en el hecho que hasta hoy era desconocida. Lo grotesco del hecho, según las fuentes, es que lo asocian a una supuesta “venganza” a raíz de unos videos íntimos de esta última que Monzón tenía en su poder, quien los habría difundido o se prestaba a hacerlo. Al igual que otros crímenes que se han mediatizado en el último tiempo, este quedó grabado en un teléfono celular que se ha comenzado a viralizar en los últimos días.

La familia de Jeremías desde el primer minuto reclama justicia por su hijo. Suceden varias cuestiones sobre este punto: al ser niños de 14 años, quedan por debajo de la edad de imputabilidad que comienza desde los 16. En la provincia de Santa Fe, jóvenes en conflicto con la ley penal quedan a disposición de la Secretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe y bajo su resguardo transitorio. Dicho de otra manera, solo puede disponer medidas administrativas el Estado, a quien está vedado de cualquier sanción penal. En cambio, cuando el sindicado oscila entre los 16 y los 18 años, se incorpora a un régimen llamado Penal Juvenil. Este es distinto al de adultos, por la simple razón de que por su corta edad se encuentran en una etapa de desarrollo como persona y, en ese sentido, la ley lo protege contra esa vulnerabilidad. Es al mismo tiempo la admisión de que cualquier privación de libertad profundizará su delicada situación.

Con el dolor reciente sus familiares han acudido a los medios señalando que el hecho no quede impune. Se han congregado movilizaciones, siendo la del pasado 23/1 la más convocante, coincidente con la viralización de las escabrosas filmaciones. De esto no hay responsables individualizados, a sabiendas de que los teléfonos celulares de los menores están secuestrados y en manos de la fiscalía.

Otra vez la baja de la edad de imputabilidad…

El tema ha dejado de ser un crimen común y se ha instalado en la agenda nacional, porque tanto Maximiliano Pullaro como Patricia Bullrich han recogido el guante. Volvió a desempolvarse la crítica del régimen juvenil, señalando que la edad de imputabilidad debe ser desde los 13 años. El argumento es que el menor que lleva a cabo un delito conoce perfectamente lo que está haciendo -plenamente consciente de la criminalidad de su acto-, por lo que comprende la sanción que lo espera. Según fuentes del gobierno libertario, este tema estaba previsto para las sesiones extraordinarias en conjunto con la modificación de todo el Código Penal. Sin embargo, este fue aplazado por la crisis que suscita la reforma laboral y el riesgo de que ni una ni la otra sean sancionadas. Otras fuentes del gobierno indican que, dado el caso Monzón, van a incorporarlo en la agenda que arranca en febrero. No hay ninguna certeza.

Populismo punitivo (contra la clase obrera)

Todo este oportunismo punitivo debe ser puesto en un contexto. Ambos gobiernos, el provincial de Santa Fe y el nacional, se jactan de llevar a cabo mano dura a diestra y siniestra. Han declarado su “tolerancia 0” en los hechos, bajo el falso eufemismo de "quien las hace, las paga”. La resultante de esto no ha sido ni más ni menos que una liquidación de garantías constitucionales básicas y una agudización de la selectividad punitiva contra trabajadores, explotados y el activismo que se enfrenta a este régimen decadente. Sucede todos los miércoles con la represión y posterior detención de manifestantes en las inmediaciones del Congreso, gracias al protocolo antipiquetes. Ni hablar de quienes son perseguidos por expresiones críticas a la política genocida del estado de Israel en Palestina. Como contracara de esto, a los autores de la estafa Libra$ y el desfalco del ANDIS no se les ha recortado ningún tipo de derecho, existiendo investigaciones contundentes. Es la típica cobertura del Estado capitalista sobre sus personeros.

Mientras tanto, Pullaro, quien en todo este tiempo reformó la constitución incorporando los institutos del estado de excepción y “resignificando” la seguridad pública, ha limpiado de un plumazo el afán resocializador de la prisión. Por si no fuese suficiente, construye cárceles al estilo Bukele con la etiqueta de “El Infierno” (que no va a respetar ni los 3 metros cuadrados por celda, configurando un trato inhumano y degradante a quien se lo aísle).

El delito juvenil es empuñado como chivo expiatorio de una crisis social sin precedentes. Si nos atenemos a las estadísticas de estos delitos, por ejemplo, en CABA en 2024 se iniciaron 1.788 causas a menores de entre 6 y 18 años, de los cuales el 81 % representaron robos y delitos contra la propiedad. Solo el 1,5 % reportó alguna participación en homicidios. Contrastado con años anteriores, se manifiesta una tendencia a la baja (Informe Anual 2024 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 17/03/2025). En el caso de Provincia de Buenos Aires, la información señala una participación de niños o adolescentes del 2,25 %, tomando en cuenta todas las causas iniciadas (Fuero de responsabilidad Penal Juvenil IPP Iniciadas por Departamento Judicial Año 2023). Si es necesario algún otro argumento más, el propio UNICEF señala que la baja de la edad no tiene ninguna relación que aporte a la mejora de la seguridad pública.

Es la decadencia social capitalista.

Derechistas y libertarios, con el concurso de más de un peronista, se aprestan a sancionar de conjunto toda una legislación que reduce al mínimo la ciudadanía política. Es el contenido del órgano parapolicial que se constituyó en la SIDE, con facultades privativas de libertad. Es el espíritu que tiene la reforma laboral, al liquidar el derecho a la libre asociación en base a fines comunes y políticos de los trabajadores en su lugar de trabajo y en el plano sindical, junto al derecho de huelga. Al igual que Trump, Milei, los Pullaro de las provincias y compañía exponen un programa fascistoide que socava el estado de derecho ante la monumental crisis social del capitalismo decadente: convertir la sociedad en una cárcel a cielo abierto.

Por todo lo expuesto, ninguna expectativa en la baja de la edad de imputabilidad. Cortar el hilo en lo más delgado solo potenciará el estigma contra la juventud inmersa en el mundo de las adicciones y la violencia diaria, en la que no tiene ninguna responsabilidad. El Estado, que no es capaz de garantizar sus derechos inalienables, pretende su propia absolución encarcelándolos. Debido a la barbarie a la que nos empuja la crisis, es necesario redireccionar los esfuerzos y organizar la lucha contra el Estado, los gobiernos y sus instituciones.