La ‘renovación’ de la vieja Constitución de Santa Fe

El año pasado, el gobernador Pullaro y su alianza de gobierno (PRO, Partido Socialista, entre otros) pactaron con el exgobernador Omar Perotti, del PJ, la reforma de la Constitución provincial. Alegaron la necesidad de una adaptación a la reforma nacional de 1994, aunque el propósito fundamental era adaptarse a la novedad del gobierno de Javier Milei. La reforma del 94, pacto Menem-Alfonsín mediante, había introducido la reelección presidencial, descontando de ella el ejercicio del período vigente y la ampliación de las facultades del Ejecutivo (gobierno por decreto). La nueva Constitución de Santa Fe fue votada con 52 votos a favor y 17 en contra de los partidos de Amalia Granata y LLA. El peronismo aprobó con críticas el inmenso articulado.

Los puntos nodales de la reforma fueron establecer la reelección del gobernador y su vice; el equilibrio fiscal como una obligación constitucional; la legalización de los decretos de necesidad y urgencia; la ficha limpia para ejercer cargos públicos; la autofinanciación de los municipios; la limitación de la reelección a dos períodos, para senadores, diputados y concejales; la derogación del privilegio mayoritario para los senadores y los concejos deliberantes; una declaración de laicidad en materia religiosa. En suma, una Constitución de ‘ajuste’ fiscal, que apunta contra los gastos sociales y que no tuvo en cuenta la dependencia del Tesoro provincial de la coparticipación federal. Un Poder Ejecutivo de plenos poderes y un debilitamiento de la casta legislativa. Pullaro se aplicó a este ajuste mucho antes de la convocatoria a la Convención reformadora, que tenía preescritos de antemano los artículos que podía reformar o establecer.

La inmensa mayoría de las fuentes periodísticas (Rosario3, 8/9) y los constitucionalistas califican a la reforma de “woke”, o sea, orientada a “paliar desigualdades estructurales”. Los rescates financieros del Estado a la industria en crisis no despiertan dudas acerca de su financiación, porque tienen como contrapartida los ajustes sociales y el recurso a la privatización de activos estatales. Incentiva la destrucción del derecho laboral y la reducción de las jubilaciones del Estado, como insiste en repetirlo la vicegobernadora Scaglia. Las nuevas cartas orgánicas de los municipios deberán prever su autofinanciación, o sea, su ajuste, liberando al Estado central de la coparticipación provincial de los ingresos. El ´rojo´ de la Caja de Jubilaciones Municipal de la ciudad de Santa Fe se resolverá con su transferencia a la “motosierra” del Estado nacional y a la habilitación de los seguros de retiro privados.

La reelección del Ejecutivo significa que Pullaro podrá beneficiarse de un segundo mandato. La facultad del Ejecutivo para conceder indultos es muy peligrosa en una provincia donde domina el narcotráfico, que puede pedir el derecho al ‘arrepentimiento’. Es lo que Pullaro ha reclamado para concederlo a policías condenados por casos de gatillo fácil y ‘excesos’ en sus funciones. Fueron descartados los decretos de necesidad y urgencia, vigente en otras provincias, debido a que provocó una crisis interna dentro del oficialismo. Se sancionó la ficha limpia, o sea, el impedimento para ejercer cargos públicos, aun sin condena definitiva. La limitación de las inmunidades parlamentarias al derecho de opinión otorga el arbitrio judicial para que proscriba a adversarios políticos, como ya ocurre con los juicios por “antisemitismo” contra quienes denuncian el genocidio en Gaza.

La Constitución reformada crea un órgano extrapoder, el Ministerio Público, dividido entre la fiscalía y la defensa, que ya no estará bajo la órbita de la Corte Suprema. Los detractores de esta autonomía achacan que se trata de un intento de control del gobierno sobre la política criminal. Incluso se crea un Consejo Asesor, un remedo de Consejo de la Magistratura, que estará bajo la órbita del Ejecutivo y la discrecionalidad del gobernador para la selección de jueces y fiscales. La agenda de la reforma excluyó cualquier normativa nueva para el sistema penitenciario, de modo que no exige que las cárceles deban destinarse a la resocialización de los condenados. Esto pone en crisis todas las garantías y beneficios de ejecución de la pena.

Los cambios han sido regresivos para los trabajadores y la ciudadanía en general, en lo que respecta a la organización política. La organización de los partidos sigue reglamentada, un modo de estatizar a una organización que, en democracia, debe ser independiente. A pesar de la euforia oficial, muchos objetivos originarios no llegaron a buen puerto. De todas formas, el factor político inmediato de la reforma es posicionar a Pullaro políticamente ante el ocaso del gobierno liberticida. Pullaro se ha lanzado al armado de Provincias Unidas, una gran avenida del medio a la que podrán emigrar liberticidas y peronistas.

Desde Política Obrera calificamos a este embuste constitucional como antidemocrático y antiobrero.