Gobierno liberticida: con aliados, vuelve a la carga para bajar la edad de imputabilidad.

Escribe Agustín Fernández

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Patricia Bullrich ha manifestado que el gobierno nacional presentará al Congreso un proyecto de ley para “reestructurar” el Régimen Penal Juvenil, es decir reducir la edad de imputabilidad. El actual ordenamiento jurídico precisa un parámetro etario a partir de los 16 años, dos años menos a la mayoría de edad.

La pretensión liberticida es que un adolescente que recién está terminando la escuela primaria o iniciándose en el secundario, sea declarado sujeto capaz de comprender una cantidad de conductas que están penadas por el Estado. Argumenta que “año tras año aumentan un 20% los delitos graves cometidos por menores” (Perfil, 2/7) sin especificar un número absoluto ni tampoco de qué tipo de delitos habla. Las estadísticas que relevan la participación de juvenil en estos casos es muy reducida. Los delitos cometidos por menores son principalmente contra la propiedad, sean hurtos o robos, y están íntimamente vinculados a la desesperación social.

Esta iniciativa se embarca en el discurso de ´mano dura´ como solución a los problemas sociales, como han sido propuestas por los distintos gobiernos en el pasado. La particularidad, en el contexto actual, es regimentar aún más la vida social, que se cristaliza en el protocolo antipiquetes (y su nueva variante, la “seguridad productiva”, destinada a evitar bloqueos en puerta de fabrica), la “reiterancia” como causal de prisión preventiva sin condena, recientemente votada en CABA, y que dará mayores poderes y discrecionalidad a las distintas fiscalías.

En este cuadro es que también se instaló la 'ambiciosa' “lucha contra el narcotráfico”. Pullaro, gobernador de Santa Fe, ha sumado su apoyo a esta orientación. Agrega que no debería haber piso de edad si el menor pertenece a una “organización criminal”. Sucede que la participación de menores en el narcotráfico, principalmente como soldaditos, ha sido divulgada por los medios y el gobierno como los principales responsables de la barbarie que afecta a Rosario y alrededores. Pero es cortar el hilo por la parte más fina, y garantizar la impunidad de quienes mueven los hilos de todos estos entramados. En Santa Fe, el juez federal Marcelo Bailaque está siendo investigado por haber contratado en su juzgado al hijo de un contador de un importante narcotraficante.

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