La baja de edad de imputabilidad penal, una discusión entre cómplices

Escribe Ana Belinco

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El asesinato de un turista extranjero que recorría en bicicleta el barrio porteño de Retiro, en un intento de robo, presuntamente a manos de un adolescente de 15 años, reavivó la polémica respecto a la modificación del Régimen Penal Juvenil.

El incidente criminal motivó el enésimo choque entre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y su par de Nación, Sabina Frederic, a favor y en contra de la reducción de la edad de imputabilidad, respectivamente, de 15 a 14 años. Kicillof, el ‘soviético’, terció a favor de Berni. Massa, del oficialismo, y diversos referentes de JxC reclamaron reducir la edad de minoridad. CFK presentó, en 2009, un proyecto punitivo, que obtuvo media sanción, pero no prosperó por la oposición en el propio kirchnerismo.

La línea represiva había sido defendida también por Raúl Zaffaroni, el teórico del “garantismo”, con el argumento de que una extensión del ámbito del régimen penal permitiría a los adolescentes contar con garantías y derecho a defensa. La tesis convenció al mismo MST, que hoy revista en el FIT-U, el cual se pronunció “a favor de debatir un nuevo régimen penal juvenil" (ver Prensa Obrera #1080, 23/04/2009). En la controversia aparece un hecho fundamental: la policía, no sólo el delito organizado, recluta jóvenes, en especial bajo amenazas, para tercerizar (sub-contratar) la delincuencia de matriz estatal. Incluido el mercado del turismo. El planteo de Frederic, en cambio, recoge la doctrina de Verbitsky-Garré – la ´prevención´ combina instrumentos asistenciales con el ´monitoreo´ y el patrullaje policíaco.

Lo que está en debate es, precisamente, la estrategia represiva del Estado. En este marco se dio la polémica sobre la compra de pistolas Taser. Más tarde, en el programa Animales Sueltos, Berni denunció que no contaba con el apoyo del gobierno Nacional y que "en materia de seguridad estamos solos". Fuego amigo.

“Desigualdad”

En el debate de candidatos presidenciales de octubre de 2019, AF había afirmado que el problema de la inseguridad está vinculado a la desigualdad. Hoy 6 de cada 10 niños y adolescentes argentinos son pobres; la pobreza entre los menores de 17 años se elevó del 59,5% al 64,1%. Más de 7,5 millones de chicos y adolescentes viven en hogares con carencias básicas. Dentro de este rango etario la indigencia subió del 14,8 al 16%. Por su parte la ministra de Seguridad habla de “políticas de prevención”, cuando es la autoridad política de un conjunto de fuerzas represivas, como la Gendarmería Nacional o la Policía Federal, responsables de un sinfín de casos de gatillo fácil, implicadas hasta el tuétano en la organización del delito, desde la ´liberación de zonas´ hasta el narcotráfico o la trata de personas, y la sub-contratación forzada de jóvenes.

Lo cierto es que las estadísticas oficiales indican que la incidencia de niños y adolescentes menores de 15 años en el delito es insignificante.

Por la organización independiente y socialista de la juventud, para luchar contra el gatillo fácil y por el derecho a la educación, al trabajo y a la vida.

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