Porqué la Justicia encara a las organizaciones sociales y hace la vista gorda al liberticidio y la destrucción de derechos de parte de Milei, Caputo y Bullrich

Por orden del Juez Federal Ariel Lijo, candidato del gobierno para ser Juez de la Corte Suprema, el miércoles y jueves pasado se realizaron allanamientos a locales y sedes de organizaciones sociales en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. Fueron requisados unos 14 domicilios y direcciones con el argumento de que fueron recibidas denuncias por “extorsión y amenazas de retiro de planes sociales”. Entre los principales apuntados se encuentran el Movimiento Evita, vinculado al kirchnerismo, que preside Emilio Pérsico, funcionario del ministerio de Desarrollo Social, bajo el gobierno de los Fernández. Entre los afectados se encuentran también Barrios de Pie y el Movimiento Territorial Liberación (MTL) encuadrado en la CTA-A. La causa de Lijo es paralela a la que se desarrolla en Comodoro Py por el fiscal Pollicita contra el Polo Obrero -oficial- y el FOL.

Esta causa se inicia al igual que otras a partir de las denuncias telefónicas recibidas a la línea 134 desde que el gobierno inauguró el Protocolo ‘antipiquetes’ de Patricia Bullrich. La utilización de este mecanismo de delación, sin el acompañamiento de premios, promueve las provocaciones, así como distintas formas de ajustes de cuentas. Es una herramienta típicamente fascista; es distinto cuando el “soplón” es protegido por la Justicia cuando denuncia presencialmente a integrantes de la burocracia del estado y al poder político en general. Significativamente, el expediente registra denuncias por participaciones en las movilizaciones de la CGT y CTA del 24 de enero, en el contexto de un paro, lo que convierte al tribunal de Justicia en un cómplice de la política de criminalización de la protesta social. El expediente judicial reitera el argumento de otros, relativos a una estructura piramidal de extorsión con premios y castigos dentro de las organizaciones. Esa estructura fue establecida por el ministerio de Desarrollo Social durante los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Es de ese modo que las unidades de gestión conveniaban con los gobiernos. En definitiva se trataba de un método de integración de las organizaciones sociales al Estado, con el propósito de ‘contener’ la crisis social en los barrios. El vacío dejado por las intendencias para estos menesteres fue llenado espontánea y metódicamente por las organizaciones que hoy están siendo judicializadas. Este cambio de ‘método’ refleja las diferencias de la lucha del estado capitalista contra los trabajadores sin empleo o empleo ocasional o parcial, y vulnerable.

Este miércoles, Silvia Saravia, referente de Barrios de Pie, denunció que su teléfono se encontraba intervenido y que había recibido llamados extraños: "Recientemente, me llamaron a las 5 de la mañana a mi celular y reprodujeron una reunión que había tenido el día anterior. Hago responsable a Milei de cualquier daño a mi persona y a mi familia". Y agregó acertadamente: "las dictaduras muchas veces comienzan antes de un golpe de Estado, como fue el caso en Argentina con la triple A. Las desapariciones y persecuciones comenzaron mucho antes del 24 de marzo de 1976”.

Nuevo impulso a la persecución

La judicialización de las organizaciones sociales se da en el marco de un crecimiento de la precarización laboral y nuevas olas de despidos, con una pobreza que ya supera el 55 % y una indigencia del 18 %. El escándalo que dejó a una decena de funcionarios despedidos y una crisis en el Ministerio de Capital Humano, con los alimentos retenidos en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, llevó a una intimación judicial contra la ministra Sandra Pettovello. Nada ha cambiado: solo una fracción de estos alimentos, principalmente la leche en polvo, fueron distribuidos a través de organizaciones como Cáritas y la CONIN del reaccionario Abel Albino.

Este lunes, el Ministerio, tras otra intimación de Casanello, propuso asignar estos remanentes a escuelas vulnerables usando el índice ICSE (Índice de Contexto Social de la Educación), armar esto demorará, al menos hasta la semana siguiente a la presentación de los listados a la justicia. Según el juez, la alternativa a esta presentación es que un funcionario comparezca en tribunales –“ofrecer en su lugar el testimonio de una persona responsable dentro del área competente, conocedora del plan diseñado, para que comparezca ante estos Estrados”-. Esta presentación va a contrapelo de lo que antes planteara la Leila Gianni, mano derecha de Pettovello, contra los “jueces militantes que se meten en la política pública”. Milei y sus funcionarios del grupo Techint han logrado neutralizar a los sindicatos, al punto de que consiguió que CGT apoyara la reforma laboral. Por otros medios, quiere asegurarse la retención de la asistencia social por medio del Ministerio, la Iglesia y organizaciones caritativas paralelas. Para eso tendrá que lograr algo difícil, como es domesticar la tradición de organización y de lucha en las barriadas.

La acusación judicial de Juan Grabois a Pettovello podría involucrar en la malversación a la distribución realizada a través de CONIN. Estos choques entre Grabois y ‘Capital Humano’ tienen la cuestión del FISU de trasfondo. Según la SIGEN en su última auditoría al FISU, no hubo malversación ni sobreprecios, sólo algunas demoras en la finalización de las obras. Esto va en línea con lo planteado por Sebastián Pareja, actual titular del FISU. Las especulaciones periodísticas con que el fondo pasaría a manos del ministro Caputo tras encontrarse irregularidades, finalmente no se comprobaron. Entre las observaciones de la SIGEN, se encuentra elaborar una base de datos que reemplace el registro en Excel y una crítica en el atraso de la rendición de cuentas. Esto envalentonó a Fernanda Miño: “Si quieren decir que hubo delitos, los van a tener que inventar”.

En contraste, la ola de allanamientos comenzó paradigmáticamente mientras las organizaciones llevábamos adelante el acto por Darío y Maxi del 26 de junio en una de las subidas del Puente Pueyrredón ante un gran operativo policial que no nos dejó avanzar. Para reforzar las herramientas represivas, Patricia Bullrich creó una unidad especial para accionar contra huelgas, piquetes y ocupaciones de fábrica, a través del Boletín Oficial con resolución 499/24, que se llamará “Unidad de Seguridad Productiva”. Esta unidad se prepara para implementar los artículos antisindicales y antilaborales más agresivos de la recientemente aprobada Ley Bases.

La ofensiva contra las organizaciones sociales, por parte de los liberticidas, explota el maridaje, en unos casos, y la integración o semiintegración de las organizaciones sociales al Estado, en otros, por medio de un recurso clásico –la judicialización y la intervención de los servicios de espionaje del estado-. El ofrecimiento de centenares de millones de pesos por parte del Estado debe ser siempre tomado con desconfianza, y en cualquier caso la rendición de cuentas no debe hacerse sólo a los auditores oficiales sino a la base de las organizaciones mismas. Es desde esta perspectiva política que llamamos a luchar contra la judicialización en marcha y a redoblar esfuerzos para defender a los comedores y otras acciones populares.