Nuevos allanamientos contra organizaciones de desocupados

La persecución a las organizaciones de desocupados tuvo esta semana un nuevo capítulo. Por orden del juez Ariel Lijo -candidato del gobierno para integrar la Corte Suprema-, la policía allanó 14 domicilios vinculados a organizaciones sociales y comedores populares, ubicados en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Se secuestraron teléfonos, cuadernos, planillas y todo aquello que consideraron “pruebas”. El “megaoperativo” se realizó en el marco de “una causa por extorsión y amenazas contra beneficiarios de planes sociales” (Clarin, 28/6).

Las organizaciones que fueron objeto de estos allanamientos fueron el Movimiento Evita, el MTL Barrios de Pie, el Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, UTEP y la Agrupación Confluencia Popular. Las denuncias que motorizan los allanamientos surgen de la línea telefónica que habilitó el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich para quienes fueran “obligados” a movilizarse a Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2023, a pesar de que estas organizaciones -de filiación kirchnerista- no fueron de aquella partida. Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, dirigentes del Evita y Barrios de Pie, respectivamente, fueron funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la distribución de la asistencia social. La ´investigación´ a cargo de Lijo se desarrolla en paralelo a la que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, que tiene foco en el Polo Obrero. En aquella, se investigan supuestas irregularidades en la rendición de cuentas por los fondos recibidos para las cooperativas a su cargo. Pérsico era entonces el responsable de la Secretaría de Economía Social, y su firma era necesaria para la asignación de fondos y la liberación de cada desembolso que recibió el Polo Obrero.

La línea telefónica 134 estuvo acompañada de la amenaza de que se iban a registrar los rostros de quienes movilizaran y si cobraban un plan ya no lo cobrarían. Sobre 16.150 llamadas recibidas, solamente 1.200 fueron consideradas con algún grado de asidero: apenas media docena de personas formalizaron una ´denuncia´ en sede judicial. Aquel 20 de diciembre del año pasado fue la primera vez que se implementó el “protocolo antipiquete” y la primera vez también que tuvieron que dar marcha atrás cuando las columnas avanzaron cortando las calles. Sin embargo, apenas media docena de supuestas ´denuncias´ alcanzaron para poner en marcha al aparato judicial para perseguir y atacar a las organizaciones de desocupados. El gobierno es el único extorsionador.

Desde que asumió Milei, las filas de desocupados no ha dejado de trepar y se engrosa el porcentaje de población pobre –con o sin trabajo-. La asistencia social ha sido pulverizada por los tarifazos. El gobierno dejó de suministrar comida a los comedores populares, congeló los montos de los planes sociales y aún hoy retiene toneladas de alimentos en sus depósitos, a pesar de que prometió que serían repartidos por el ejército y por Conin, una organización clerical dirigida por Abel Albino, un ultramontano enemigo de la masturbación y el uso de preservativos.

En los depósitos aún quedan, según un recuento periodístico, 72.186 unidades de aceite de mezcla de 0.9 litros; 1.142.475 de aceite de girasol, 302.508 de aceite de soja, 23.592 paquetes de arroz con carne de medio kilo, 232.170 de latas de garbanzos de 400 gramos, y 3.036.685 kilos de yerba entre otros productos (Clarin, 28/6). Ha transcurrido casi un mes desde que se denunciara que comida con fecha próxima a vencerse abarrotaba depósitos oficiales.

El gobierno pretende sofocar todo vestigio de organización de los desocupadas, cuando las condiciones de vida de la clase trabajadora siguen empeorando. La estigmatización de las llamadas “organizaciones sociales” es un golpe dirigido al conjunto de los trabajadores. Esta campaña injuriosa complementa todos los aspectos represivos del actual gobierno.

No hubo gobierno que no se quejara de los cortes y los piquetes. Ensayaron la represión y la cooptación, alternativamente.

Las causas judiciales contra las organizaciones sociales no involucraron, hasta ahora, a un solo funcionario encargado de habilitar el traspaso de un plan a otro ni del otorgamiento de financiamiento o la validación de las rendiciones.

Repudiamos el allanamiento de comedores y la persecución a las organizaciones de desocupados. Universalización de la asistencia social a todos los desocupados, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares.

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