Tiempo de lectura: 5 minutos
El martes pasado tuvo lugar en Comodoro Py la indagatoria a Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero en la causa que se les sigue por supuesta extorsión y desvío de fondos. Delegaciones de organizaciones políticas y sociales se hicieron presentes, incluido nuestro partido, Política Obrera. Un desmesurado despliegue policial rodeaó los tribunales, incluyendo carros hidrantes, un marco intimidatorio avalado por el Poder Judicial.
Belliboni fue indagado durante tres horas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. Presentó tres biblioratos para incorporar a la causa como prueba de la labor política y asistencial de su organización. Rechazó, en cambio, responder preguntas sobre las facturas que, según la Justicia, encubrían el desvío de fondos públicos. “Mucha militancia y poca explicación, fue la conclusión de una fuente judicial que participó de la audiencia”, dijo saber Infobae (25/6), poniendo de manifiesto la tesitura de la fiscalía en relación a la marcha del juicio.
Belliboni denunció una persecución política. “Esta persecución se inició el 20 de diciembre, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prohibió las movilizaciones de reclamo y de protesta”, acusó (Página/12, 26/6). Refutó las supuestas pruebas recogidas por el fiscal en su imputación por extorsión. Pollicita, por ejemplo, considera que haya dentro de la organización personas que reciben una asistencia mayor que otras (los llamados “planes dobles”) es indicio de una “organización piramidal” que extorsionaba a los beneficiarios para que concurriran a marchas a cambio de un plan social o comida. Pollicita parece ignorar que esa estructura (planes Nexo, cuadrillas, unidades de gestión, etc) fue establecida por el ex ministerio de Desarrollo Social, única dependencia, además, con potestad para asignar o retirar la asistencia tanto a las organizaciones que actuaban como intermediarias como a los beneficiarios de los programas asistenciales. También fue indagada María Isolda Dotti (“Tango”), quien sufrió uno de los 27 allanamientos que se sucedieron el 13 de mayo pasado. Señaló que el dinero secuestrado en su casa por la policía correspondía a la venta de una casa que heredó de su padre, como surge de la documentación que la respaldaba. “La noticia fue filtrada a los medios sin ninguna mención de que esa suma estaba justificada, como si se tratara de un indicio de un hecho de corrupción” (Página/12, 26/6), mientras regía el 'secreto de sumario'.
El gobierno de Milei desencadenó una política persecutoria de las organizaciones de desocupados desde el primer día, cuando dictó el protocolo 'antipiquetes' y amenazó con que “el que marcha, no cobra”. Habilitó una línea telefónica para recibir denuncias de beneficiarios que hubieron sido obligados a concurrir, pero logró poco y nada: apenas media docena de personas acudieron al llamado. A pesar de ese escaso resultado, el fiscal Pollicita salió a la 'pesca' de evidencia que respaldara la hipótesis oficial, con el concurso de los servicios de inteligencia y la violación del 'secreto de sumario'. Focalizó en el Polo Obrero y en el FOL. El Gobierno, además, congeló el monto de los planes sociales e interrumpió el suministro de mercadería a los comedores populares y la retuvo en galpones de dependencias oficiales, a cargo de los funcionarios del Ministerio de “Capital Humano” (sic) involucrados en malversaciones de todo tipo.
El eje de la pesquisa apunta a supuestas facturas truchas que habría presentado la Asociación Polo Obrero en la rendición de cuentas por los fondos que recibió para las cooperativas a su cargo. Sobre este tema, Belliboni dijo que haría su descargo por escrito. De acuerdo a Clarín (26/6), aseguró que “nunca se desviaron fondos y todo está justificado como rendido”, y que el Polo Obrero no habría recibido sucesivos desembolsos “si no estaba todo rendido como corresponde”. Hasta el momento, ningún ex funcionario de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández ha sido involucrado en este tramo de la causa, a pesar de su pertinencia.
Durante la gestión de Carolina Stanley, bajo el gobierno de Macri, se habilitaron centenares de miles de planes sociales. La contraprestación requerida, en un principio, consistía en que los beneficiarios completaran sus estudios primarios y secundarios. A instancias de la UTEP de Juan Grabois y el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, y con el aval de la CGT, el programa fue virando hacia el financiamiento de la 'economía popular', una plataforma de trabajo precario que promovía emprendimientos productivos y convenios de las llamadas 'organizaciones sociales' con los intendentes para realizar el trabajo de la planta municipal, pero sin derechos laborales de ninguna clase. La 'contraprestación laboral' pasó a ser el requisito del subsidio social. El gobierno de los Fernández perfeccionó este 'modelo', al integrar a la grilla ministerial a representantes de cada una de las organizaciones que tenían a cargo “unidades de gestión”, entre ellas, también el FOL y el Polo Obrero, con el propósito de controlar la administración de esos planes. Hubo un intento de replicar este sistema de contraprestación laboral al ámbito privado, por parte de Juan Grabois y Gustavo Grobocopatel, el magnate de los ‘pooles’ de siembra. Al llegar al gobierno, Milei redujo el subsidio social a la tarjeta Alimentar; suprimió el suministro de alimentos -con excepción de las organizaciones clericales- y abrió un registro de empleo privado llamado “Volver al trabajo”, ello, en medio del crecimiento masivo de la desocupación.
La neutralización de la movilización de los trabajadores desocupados y precarizados ha sido un propósito perseguido desde finales de los 90 – desde los 'consejos consultivos' y la tentativa represiva de Duhalde que produjo los crímenes de Kosteki y Santillán, hace exactamente 22 años. La integración de las organizaciones sociales aún no había comenzado. De eso se encargó Néstor Kirchner, luego de que desistiera de su anunciado propósito de crear una “brigada antipiquetera”.
Luego del ciclo de declaraciones indagatorias se espera un pronunciamiento del juez Casanello. La prosecución de la causa será un arma que utilizará la reacción política para una campaña de estigmatización contra el movimiento obrero combativo y la izquierda política.
