Escribe Leonardo Perna
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Con la firma del decreto 198/2024 publicado en Boletín Oficial el miércoles pasado, Milei dio por finalizado el programa Potenciar Trabajo y traslada los titulares a dos nuevos programas llamados “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”. Junto con esto se anunció “la quita del control a los intermediarios y organizaciones sociales” y el cierre de las Unidades de Gestión (UG). Desde las organizaciones consideraron que el decreto es una respuesta a la contundente jornada de cortes del viernes 23. El nuevo formato es similar al implementado en Chile, donde se segmenta en grupos poblacionales la ayuda social.
La masa de titulares se distribuiría de la siguiente forma: un millón de personas ingresarían al “Volver al Trabajo” (población de 18 a 49 años); y unas 200.000, al “Acompañamiento Social”. El primer programa estará a cargo de la Secretaría de Trabajo de Omar Yasín, mientras que el segundo estará a cargo del Secretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre, un sector que recientemente sufrió una crisis interna y renuncias. Sandra Pettovello asegura que "Potenciar Trabajo fue un plan ineficaz donde de 1.400.000 beneficiarios apenas el 1.3% consiguió un empleo formal". La Ministra no aclaró cómo se generarán los puestos de trabajo que promete, en el cuadro de la actual recesión económica. La Ministra asegura que los objetivos son fortalecer las “habilidades laborales” y mejorar la “empleabilidad” para la reinclusión en el mercado formal “con capacitaciones y promoción de emprendimientos productivos”.
En el caso del programa “Acompañamiento Social” dirigido a mayores de 50 años y a madres con 4 o más hijos, se dará asistencia inmediata y se buscará “empoderar a estos individuos a través de un acompañamiento”. Esta segmentación discrimina, según criterio de los funcionarios, a aquellos que tienen posibilidad de conseguir trabajo de los que serían rechazados por el mercado.
Según difunden desde las oficinas de 'Capital Humano', estos nuevos programas estarían libres de la 'intermediación' y 'manejo discrecional' de los recursos por parte de las organizaciones sociales. Se eliminarán las planillas de asistencia y la obligatoriedad de la presencialidad en las U.G., herramienta administrativa que se esgrimía para las bajas de planes sociales. También se retira la incompatibilidad por dos años de los programas con el trabajo en blanco hasta el tope de 3 salarios mínimos.
En contraste con lo dicho por fuentes del Ministerio, desde que asumió el nuevo gobierno y se suspendieron todos los convenios, el control de planes sociales quedo 100% en manos del Estado, que avanzó con bajas y descuentos masivos. La mayoría de estos, bajo la excusa de incompatibilidades como viajes al exterior u otros ingresos registrados. Ante los reclamos y protestas, esto no fue revertido y las bajas continúan mes a mes. **El mismo FMI informó, en auditorias previas, que un 30% del padrón del Potenciar Trabajo debía ajustarse y todo indica que el gobierno actuará en consecuencia.
También se suspendieron los fondos para la promoción laboral con cursos, que tenía asignados unos 34 millones de dólares al año, otra de las cajas ocultas de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta puja de recursos se suma a los fondos nacionales para las cooperativas de la “Economía Popular” y fideicomisos como el FISU a las provincias.
Los nuevos programas pedirían completar cursos de capacitación y no tendrían tareas específicas como el mantenimiento de plazas y calles o el barrido y recolección de residuos, dando final a la contraprestación de cuatro horas diarias. La UTEP informa que tiene más de 400.000 cooperativistas bajo esta modalidad. Todo el registro de las capacitaciones, en cambio, presenciales correrían por cuenta de los funcionarios del gobierno. No se informó si las entidades religiosas como Cáritas, CoNIn -del reaccionario Abel Albino- y la red de iglesias evangélicas continuarán manteniendo sus convenios o serán considerados también parte de la "intermediación" a combatir.
Así finalizará el Potenciar Trabajo, nacido en el año 2020, que tenía bajo su órbita el salario social y subsidios para proyectos socioproductivos. Este programa tuvo, durante el gobierno de Mauricio Macri, un relanzamiento con el ‘Plan Empalme’, que buscaba instalar a la fuerza de trabajo en actividades precarias por subsidios salariales a las patronales, inferiores al mínimo.
Por estas horas diferentes organizaciones denunciaron ante estos cambios un “brutal ajuste” y “más de lo mismo”. Intentos anteriores, como el Empalme o el ‘Puente al Trabajo’ que impulsó Sergio Massa, fueron estrepitosos fracasos. Apenas un puñado de puestos de trabajo generados en la industria textil y la construcción, bajo la forma de subsidios salariales y fuertes exenciones impositivas a las patronales.
El gobierno de Milei tiene el objetivo de desarmar las organizaciones sociales. Podrá lograrlo con los agrupamientos estatizados, pero el ataque a los desocupados deberá reforzar la voluntad de lucha de las organizaciones independientes. Ya no se trata de volver al Potenciar, que busca diluir el carácter clasista de todo auténtico movimiento piquetero, sino de lanzar una campaña por un seguro al parado –un 80% del salario medio– y una Bolsa de Trabajo bajo una dirección piquetera votada.
Mal que le pese a Milei y Pettovello, el movimiento piquetero precede a los planes sociales, a la “economía popular” y a los diferentes esquemas de cooptación impulsados por los gobiernos, desde Carlos Menem a la fecha.
El objetivo de la Tendencia del Polo Obrero es “organizar a los desorganizados”. La pelea contra el hambre y por trabajo entra necesariamente en una etapa de combates y movilizaciones.