El FMI dicta el apretón de clavijas

Tras una serie de reuniones en Washington y Buenos Aires, se publicaron las conclusiones de la cuarta revisión del acuerdo entre el FMI y el gobierno nacional.

Uno de los nudos del informe es la cuestión del gasto social, donde se plantea que el monto total de las asignaciones y subsidios que perciben los desocupados no supere bajo ninguna instancia un salario mínimo (hoy en $80.342). Es lo que llaman la “superposición de programas”, la cual, según el Fondo, compite con “el ingreso al mercado laboral”. El planteo es revelador, porque los planes solo “compiten” con los salarios miserables que se ofrecen, por ejemplo, en el trabajo rural. Bastaría con que las patronales agrarias y otras –que enarbolan el reclamo contra los planes- ofrecieran un salario que cubra la canasta familiar de peones y cosecheros para que se termine la “competencia con los planes”. El planteo del Fondo no cuida el “gasto”: su propósito estratégico es avanzar en una reestructuración social antiobrera. Haciéndose eco de este planteo, el Ministerio de Desarrollo Social comunicó que se empiezan a dar los pasos para la auditoria del plan Nexo ($34.750), que reciben 160.000 personas que, con esto, lograban completar un salario mínimo por tareas en comedores y cooperativas.

“Tenemos que empezar a trabajar en la superposición y el solapamiento de políticas sociales” y “Necesitamos ver cómo y de qué manera no se convierten en un desaliento para que las personas sigan en negro. No es la Argentina de trabajo que queremos”, dijo la ministra Victoria Tolosa Paz a poco tiempo de circular el informe. Nuevamente, hay que responderle que, con un salario en blanco, de convenio y con derechos previsionales, cualquier compañero prescindiría del plan. Pero en vez de obligar a las patronales a cumplir con las leyes y convenios laborales, el gobierno precariza todavía más la situación de quienes reciben un plan. Ahora, impondrían la exigencia de que cada titular de un plan Nexo deberá demostrar 8 horas de trabajo diario para la Unidad de Gestión de la organización social en la que esté inscripto. La enorme mayoría se encuentra bajo la órbita de las agrupaciones oficialistas, como el Movimiento Evita.

El FMI considera “un éxito” la reciente auditoria, que arrojó casi 100.000 bajas del programa Potenciar Trabajo. Y proyecta en el mediano plazo la inclusión en el mercado laboral de 400.000 beneficiarios para reducir las partidas presupuestarias. Los “técnicos” omiten, sin embargo, el escenario recesivo que ya se precipita en la Argentina, bajo el peso de las propias recomendaciones del Fondo. En ese cuadro, las promesas de capacitación tienen el mismo destino que otras experiencias anteriores: la imposibilidad del ingreso al trabajo, incluso con una formación. Combinado con el cierre de altas en los programas sociales, este plan de acción fondomonetarista intentará dar por concluida toda asistencia, con el único objetivo de abaratar el salario de los más precarizados y explotados.

Límites a la moratoria previsional

El informe advierte sobre la nueva moratoria votada por el congreso y pone en un cono de sombras a su financiamiento, si no se limita su aplicación. El Fondo propone como salida el pago anticipado de los aportes adeudados para poder acceder a la jubilación.

Aunque el gasto ya era reducido en el proyecto original, su reglamentación restringe su alcance aún más. Solo podrán acceder aquellas personas mayores sin vivienda (tope de 11 millones de pesos al patrimonio), sin autos de gama media y que demuestren un consumo mensual por debajo de los $330.000.

Claro, el FMI no olvida mencionar que su programa puede “alimentar el descontento social”. Para la burocracia con sede en Washington, el Frente de Todos podría carecer de las herramientas políticas para la plena implementación de las medidas.

La principal de las “correcciones” exigidas por el FMI al programa oficial ya ha sido puesta en marcha por el gobierno: nos referimos al “dólar agro”, que es una devaluación en regla sobre los alimentos que se exportan, con consecuencias sobre la carestía y el consumo popular. Recorte de los planes, miseria previsional, inflación en ascenso: el FMI y el gobierno abonan la ruta de una rebelión popular.