Trump presiona a la Corte Suprema

Escribe Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay)

El planteo racista del presidente busca discriminar a los niños que sean hijos de inmigrantes.

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En un hecho “sin precedentes”, Donald Trump estuvo presente en una audiencia de la Corte Suprema respecto a uno de sus primeros decretos del actual mandato. “La presencia del republicano se interpreta como un intento de presionar a los magistrados, que este miércoles analizan el caso sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento” (El País).

“La presencia del presidente Trump en el tribunal lo puso cara a cara con jueces a los que ha intentado intimidar y amedrentar”, afirma el [New York Times] (https://www.nytimes.com/es/2026/04/01/espanol/estados-unidos/trump-corte-suprema-ciudadania-nacimiento.html). El presidente “observó desde la tribuna de la corte cómo los jueces de todo el espectro ideológico cuestionaban sus esfuerzos por limitar estrictamente la ciudadanía por derecho de nacimiento”. Trump ha atacado sistemáticamente a los jueces, e insultó incluso a los integrantes de la Corte Suprema ante fallos en su contra. La Corte, de mayoría trumpista, se ha visto obligada a fallar en contra del presidente en algunos casos políticamente relevantes, los más recientes fueron las sentencias en contra de la militarización de la represión en las ciudades y contra los aranceles en base a la ley de emergencia económica.

El caso que trataba ayer la Corte Suprema era sobre la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense, que refiere al derecho a la ciudadanía por nacimiento. Trump firmó en su primer día en la Casa Blanca el año pasado 26 órdenes ejecutivas (decretos), y en todo 2025 alcanzó el récord de 225 decretazos, una expresión de su régimen de poder unipersonal. La cuestión del derecho a la ciudadanía fue el octavo decreto firmado el 20 de enero, una temática en la cual había querido incursionar ya en su primer mandato. La orden ejecutiva 14.160 pretende negar la ciudadanía a los niños nacidos en el territorio estadounidense si los padres no son ciudadanos o residentes legales permanentes, lo que excluye tanto a los hijos de inmigrantes “sin papeles” como incluso a residentes legales, aunque temporarios (por ejemplo, alguien con visa estudiantil). El decreto presidencial viola abiertamente la norma constitucional, por lo que ha sido bloqueada su aplicación en numerosos tribunales en todo el país. Ante los reveses en las cortes de justicia, el presidente apeló ante la Corte Suprema. El que defendía los argumentos reaccionarios en la audiencia era el procurador general John Sauer, ex abogado personal del propio Trump ante distintas denuncias en su contra.

Los argumentos de Sauer quedaron mal parados incluso frente a los jueces trumpistas. La Corte sin embargo no ha rechazado de inmediato el planteamiento claramente inconstitucional y liberticida del presidente, sino que ha aceptado tratarlo. El fallo final está previsto para junio o julio, y todo hace prever un nuevo revés para Trump.

La interpretación del trumpismo sobre la 14° Enmienda busca limitarla. “La Ciudadanía por Derecho de Nacimiento no se trata de gente rica de China, y del resto del Mundo, que quiere que sus hijos, y cientos de miles más, POR PAGO, se conviertan ridículamente en ciudadanos de los Estados Unidos de América. ¡Se trata de los HIJOS DE LOS ESCLAVOS!”, publicó Trump en las redes sociales a principios de esta semana. El origen de la enmienda constitucional refiere sí a un caso de un ex esclavo al cual se le negaba la ciudadanía, pero hay antecedentes de fallos de la Corte Suprema que le han dado un alcance mucho más amplio. En 1898 la Corte falló a favor de un cocinero de origen chino, nacido en Estados Unidos, al que se le denegaba el reingreso al país luego de visitar a sus familiares; la sentencia concedió la ciudadanía a Wong Kim Ark y estableció un precedente muy claro.

Trump ha realizado una agitación fascista contra la inmigración, afirmando que “está envenenando la sangre de nuestra nación”, un planteo que lo inscribe en la teoría racista del “gran reemplazo”, que asegura que los blancos están siendo sustituidos por inmigrantes de otras razas para diluir su poder. La retórica contra los inmigrantes del “tercer mundo” ha sido permanente durante este segundo mandato, y ha sido la base para cerrar la posibilidad de ingresar al país de personas provenientes de decenas de países. En contraste con esta medida, Trump ha llamado a los blancos sudafricanos a migrar a Estados Unidos, dándoles todas las condiciones para tramitar la ciudadanía.

La ciudadanía por nacimiento “ha dado lugar a una extensa industria de turismo de maternidad, ya que miles de extranjeras procedentes de países potencialmente hostiles han acudido en masa a dar a luz en Estados Unidos en las últimas décadas, creando toda una generación de ciudadanos estadounidenses en el extranjero sin vínculos significativos con Estados Unidos”, declaró Sauer ante el tribunal (ídem). La mentira del procurador quedó expuesta cuando el juez Roberts, presidente de la Suprema Corte, le pidió que cuantificara esos casos: Sauer se vio obligado a reconocer que “Nadie lo sabe con certeza” (USA Today).

En una audiencia que trata de la interpretación de la Constitución, el argumento del procurador trumpista es evidente que busca innovar y torcer el texto. El juez Roberts dijo que cuando se ratificó la Enmienda el supuesto turismo de maternidad no existía. Sauer le respondió: “Ahora estamos en un mundo nuevo donde ocho mil millones de personas están a un vuelo de tener un hijo ciudadano estadounidense”. La réplica del presidente de la Corte fue contundente: “Bueno, es un mundo nuevo, pero es la misma Constitución” (Infobae). Un argumento forzado del gobierno es que la Enmienda 14 aplica a personas “sujetas a jurisdicción estadounidense”, lo que implica excepciones por ejemplo a hijos de diplomáticos extranjeros o hipotéticamente a los hijos de un ejército ocupante. Roberts observó que el gobierno parecía querer ampliar las excepciones “a toda una clase de inmigrantes en situación irregular”, algo que calificó como “peculiar” (ídem). Roberts es un juez derechista, nombrado por el republicano George W. Bush.

Otros argumentos de Sauer referían a que otras naciones -por ejemplo, europeas- ponían limitaciones al “ius soli” (derecho a la ciudadanía por nacimiento en el territorio). Ante esto, otro juez derechista e incluso designado por el propio Trump, Brett Kavanaugh, le replicó: “Tratamos de interpretar la ley estadounidense con precedentes estadounidenses y basados en la historia de nuestro país. ¿Por qué deberíamos considerar las prácticas de otros países? No veo la relevancia en términos de interpretación constitucional o legal” (ídem). Según [CNN] (https://cnnespanol.cnn.com/2026/04/01/eeuu/trump-podria-arrepentirse-visita-corte-analisis-trax), “Trump podría arrepentirse de su histórica visita a la Corte Suprema” porque “sumado a una serie de fallos judiciales recientes en su contra, su presencia en la Corte Suprema corría el riesgo de subrayar lo poco que puede controlar al poder judicial”.

La cuestión de la nacionalidad por nacimiento no tiene implicancias exclusivamente en cuanto a posibilitar aumentar las deportaciones, ya que podría aplicarse incluso retroactivamente la nueva interpretación restrictiva. Trump viene agitando hace tiempo la supuesta incidencia de los inmigrantes ilegales en las elecciones, y forma parte de la fundamentación de algunos cambios legislativos que están en tratamiento en el Congreso, que podrían impactar en las elecciones de medio término de noviembre, pero sobre todo en la elección presidencial de 2028. Durante un debate en 2024, por ejemplo, Trump afirmó que “Ni siquiera hablan inglés. Prácticamente ni siquiera saben en qué país están. Y esta gente está intentando que voten, y por eso les permiten entrar en nuestro país”. La experiencia demuestra que los casos de no ciudadanos que puedan haber votado son insignificantes y no han incidido en ninguna elección. Sin embargo, este mito es agitado una y otra vez para dar impulso a la campaña fascista contra los inmigrantes y también para impulsar cambios en la legislación que permitan al gobierno federal (al propio Trump) controlar las elecciones, lo que también es abiertamente inconstitucional.

Es muy probable que la Corte Suprema falle en contra del gobierno, pero puede hacerlo en base a la inconstitucionalidad del decreto (lo que echaría por tierra definitivamente este planteo racista) o en base a su ilegalidad (se contradice con una ley de ciudadanía de 1952). Los argumentos de los defensores de los derechos políticos de los niños nacidos en suelo de EE.UU. aspiran a que el decretazo sea declarado inconstitucional, lo que sería el mayor golpe al gobierno trumpista. Para Sauer, “si el tribunal va a fallar en contra de Trump (…) la administración preferiría perder basándose en la ley de 1952 y no en la Constitución. Si eso ocurre, el Congreso aún podría revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento modificando la ley, aunque es extremadamente improbable sin amplias mayorías republicanas en ambas cámaras” (USA Today).

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