Escribe Iara Bogado
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Los correos electrónicos de Jeffrey Epstein recientemente filtrados (The New York Times, 03/04) son una radiografía del horror, pero sobre todo de la impunidad planificada. No muestran solo los crímenes de un individuo, sino una red de protección donde el Estado, sus leyes y sus agentes actuaron como el escudo de la burguesía frente a las denuncias de las mujeres. Mientras el discurso oficial hablaba de "creerles a las víctimas" durante el movimiento #MeToo, los archivos muestran a los dueños del poder perfeccionando los mecanismos para silenciarlas. A su vez, los mails evidencian la crisis al interior del régimen político norteamericano con respecto a la guerra.
Los correos muestran a magnates, publicistas y abogados operando coordinadamente para fabricar la duda. Desde la extrema derecha de Steve Bannon hasta sectores del progresismo cultural como Woody Allen o incluso Noam Chomsky, la consigna fue la misma: presentar a las denunciantes como "mentirosas seriales" o "buscadoras de dinero". El programa del #MeToo ha quedado encerrado en la lógica del régimen sancionatorio burgués, bajo la falsa premisa de que ante la ley "todos somos iguales" y que la violencia se resuelve con penas más severas. Pero el caso Epstein desmiente esta igualdad de un plumazo: mientras el sistema judicial exige pruebas imposibles a las víctimas reclutadas en barrios obreros, garantiza el secreto y la "presunción de inocencia" para los magnates y políticos sentados a la mesa del financiero. En Maryland, Ohio o Nigeria, el patrón se repite: la mujer que pide ayuda termina siendo la sospechosa (The New York Times, 3/04).
En la sociedad burguesa no hay igualdad; hay expropiadores y expropiados. El capitalismo no eliminó la desigualdad del hogar legada por el feudalismo, sino que la asimiló. Las menores traficadas por Epstein no eran hijas de la burguesía; eran jóvenes atrapadas por la miseria económica, la misma que le impide a una mujer trabajadora golpeada a marcharse. Mientras una mujer de la pequeña burguesía o de la burguesía misma puede exigir una cuota de confort, la mujer trabajadora -o la joven vulnerada por una red de trata estatal- soporta un escarmiento que ningún código penal ha resuelto en 250 años.
El caso Epstein evidencia el uso del cuerpo de las desposeídas como mercancía para el sostenimiento del status quo. A esta violencia no la frena un juez de la casta, porque el Estado es el proxeneta que administra el silencio.
Los límites del movimiento #MeToo son los límites políticos de su dirección. El caso Epstein se ha convertido en un "carpetazo" entre los partidos patronales de EE. UU. (Demócratas y Republicanos) para desplazarse unos a otros sin cuestionar jamás al régimen. Al adscribir a la política patronal, la dirección del movimiento se vuelve incapaz de denunciar la podredumbre total del sistema. Hoy, el avance o el sellado de los archivos de Epstein no depende de la "justicia", sino de la suerte de la guerra y del mantenimiento del dominio imperialista norteamericano. La burguesía decide qué "destapar" según convenga a la estabilidad del Estado. La inviabilidad de las reformas impulsadas por el feminismo de los ministerios y la ONU queda hoy a la vista. Confiar en que "más presupuesto para el Poder Judicial" o "capacitaciones de género para la policía" va a frenar a redes como la de Epstein es una capitulación. El Estado es responsable y no puede ser el árbitro de una violencia que él mismo administra. Pedirle al mismo que "investigue" cuando sus propios servicios de inteligencia (Mossad, CIA) y sus principales figuras políticas estaban sentadas a la mesa de Epstein, es una vía muerta. El lenguaje de la "sororidad" académica es una estafa, una mujer en la cúpula del poder financiero o diplomático tiene más intereses compartidos con Epstein que con las jóvenes trabajadoras que fueron sus víctimas. Esto queda evidenciado con la participación activa de la mujer y socia del magnate, Ghislaine Maxwell, que está presa por abuso y trabajó para empañar la reputación de la Sra. Giuffre, denunciante (The New York Times, 3/04). Otro ejemplo es la esposa de Donald Trump, que ampara a un delincuente sexual. Queda claro que la brecha es de clase.
El fracaso de las reformas del feminismo liberal, que terminaron con más denuncias, pero menos condenas, demuestra que el aparato judicial es inmodificable. El reformismo burgués, intenta "mejorar" el capitalismo para mantenerlo en pie. Pero el sistema judicial, el Estado capitalista, es el garante de que la "presunción de inocencia" solo funcione para los hombres de la clase de Epstein. Para las y los socialistas, la lucha contra esta podredumbre es inseparable de la lucha contra el capital y la guerra imperialista. No queremos "fiscales con perspectiva de género", queremos desmantelar el aparato de secreto de vigilancia y explotación que permite que existan islas de impunidad. La única garantía de una vida libre de violencia es terminar con un sistema que convierte los cuerpos y las vidas en mercancía de intercambio para la burguesía imperialista. Y en este punto se vuelve indisociable la lucha contra la guerra de la lucha de la mujer trabajadora. Abajo los gobiernos de la guerra. Socialismo o barbarie.
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