Escribe Ezequiel Amarilla
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A mediados de 2025, un grupo de padres y docentes de la Secundaria 7 de San Miguel se organizó para reclamar ante el municipio el grave deterioro del edificio y la falta de calefacción durante los períodos de bajas temperaturas. Realizaron una movilización hacia la municipalidad, donde llevaron adelante una permanencia hasta ser recibidos por el subsecretario de Educación, no sin antes sufrir hostigamiento policial. El funcionario se comprometió a reparar la totalidad del sistema de calefacción de la escuela y a presentarse en el colegio en agosto para dialogar con la comunidad y explicar las obras realizadas. Sin embargo, no hubo obras ni rastro del funcionario en agosto.
Hace dos semanas, debido a las temperaturas extremadamente altas y a las aulas sin ventilación, padres y docentes volvieron a organizarse de manera autoconvocada. Esta vez, programaron una gran reunión para el viernes 28 de marzo, a la que asistirían muchos más padres y docentes dispuestos a retomar los reclamos por las mentiras del municipio. Pero el miércoles 25, dos días antes, el municipio se reunió de emergencia con los directivos del colegio para informar que las obras comenzarían de manera inminente. A los pocos días, efectivamente se realizaron trabajos en la escuela, aunque el problema de la ventilación nunca se solucionó: solo arreglaron puertas rotas y colocaron algunas que faltaban. Esa reunión entre el municipio y los directivos logró, a corto plazo, desactivar momentáneamente la lucha autoconvocada por la escuela, pero los organizadores decidieron darse un plazo para esperar resultados concretos. Mientras tanto, por los medios locales nos enteramos de una movilización de padres de la Secundaria 24 y la Primaria 18 por razones edilicias similares. Esto despertó un interés natural por unificar los reclamos, por lo que se planteó la posibilidad de coordinar las luchas de ambas comunidades y extenderlas a otras escuelas donde, como es sabido, la situación es idéntica.
Como hemos ilustrado, existe un creciente descontento de la comunidad educativa en relación con la infraestructura escolar. La ya mencionada Secundaria 7, un estandarte del distrito, aparece en medio de esta crisis como el modelo de decadencia de la educación pública a nivel distrital. A nivel provincial, la situación se replica en distritos como Moreno, José C. Paz, Pilar, La Matanza, etcétera. Las escuelas de la provincia están golpeadas. Sin refacciones en las aulas, en muchos casos se dan clases en situación de hacinamiento y con temperaturas extremas, lo que lleva a que las clases se desarrollen en medio de grandes conflictos o directamente se suspendan. Esto nos coloca tanto a los docentes como a la comunidad educativa en una situación de vulnerabilidad, pues no se garantizan las condiciones elementales de vida: salario, derechos, salud. Pero tampoco se garantizan las condiciones de cursada para el desarrollo intelectual de la juventud.
Al contrario de lo que balbucea la burocracia celeste de SUTEBA, las familias y las comunidades de las escuelas públicas no son un obstáculo para llevar los reclamos de la escuela a la calle; son, por el contrario, motores de la lucha. A la crisis del salario docente se suma la crisis edilicia. Esto afecta la salud de los chicos y, en consecuencia, la de las familias. Los burócratas están por fuera de los intereses de las escuelas, los docentes y las comunidades; han acompañado el ajuste de Milei en toda la provincia y han frenado cualquier foco de lucha. Está en nuestras manos -es decir, en las de los docentes y las familias de las escuelas- avanzar en función de nuestros intereses.
Desarrollemos autoconvocatorias en el distrito para luchar por el salario, por las escuelas, en contra de la ley de "libertad" educativa que plantea la mercantilización de la enseñanza, y luchemos por un sindicato de base que resuelva según los intereses de los trabajadores y no del Estado.
