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Es indiscutible que en Chile se ha creado una situación revolucionaria. Una acción de masas indomable ha provocado una semi-paralización del aparato del Estado y reducido casi a la nada a los partidos políticos, o sea incluidos los de la oposición. De otro lado se han ido desarrollando organizaciones populares autónomas (cabildos o asambleas populares y grupos de acción contra la represión) sobre la base de esa acción de masas. La huelga de 24 horas del martes 12 pasado, por iniciativa de 110 organizaciones sindicales, con consignas políticas, ha puesto en movimiento a la clase obrera organizada, sin desmedro de que es un intento preventivo de la burocracia sindical, para evitar que los trabajadores desborden el aparato de control sindical. Las masas en la calle, sin dirección política, han puesto en la agenda una consigna de poder, que es la Constituyente Soberana, lo que significa la revocatoria de los poderes del Estado, y en primer lugar la caída del gobierno. El conjunto de estos factores tipifica una situación revolucionaria y el desenvolvimiento de un proceso revolucionario.
La puesta al día de la cuestión del poder se advierte en la decisión del gobierno de Piñera, es decir del alto mando militar y de la oligarquía financiera, de poner en debate la reivindicación política de las masas, a saber, la Asamblea Constituyente. El oficialismo promete, en resumidas cuentas, habilitar una reforma de la Constitución, que sería llevada adelante por el Congreso de la Nación en funciones. Pretende, de este modo, dar largas al asunto, abriendo un debate interminable con la oposición, para preparar la única salida en la que confía, que es el aplastamiento militar de la rebelión popular; el golpe militar en Bolivia anima todavía más esa opción contrarrevolucionaria. Piñera precedió el anuncio de este planteo con la convocatoria al servicio activo de personal retirado de Carabineros. Como alternativa de negociación, admitió llamar a una Constituyente, compuesta por mitades por legisladores en funciones y representantes electos; la Constitución chilena, pinochetista, no admite la figura de la Asamblea Constituyente.
La oposición, incluido el partido comunista, que tiene una presencia fuerte en las direcciones sindicales, planteó, en una primera instancia, la convocatoria a un plebiscito para decidir sobre convocar o no a una Constituyente, por un lado, para evadir la prohibición constitucional, pero por sobre todo para legitimar la continuidad política del gobierno y del Congreso, que serían los convocantes a ese plebiscito. Cualquiera de estas propuestas tiene como mira promover la desmovilización de las masas, lo cual daría paso, ulteriormente, a todo tipo de acciones contrarrevolucionarias. En una maniobra adicional, que demuestra la obsesión por liquidar la movilización popular, la oposición de centro-izquierda y el partido comunista han coincidido en dejar el plebiscito para el final, o sea como recurso ratificatorio de la Constitución que fuera aprobada. La Constituyente electa que propone la oposición funcionaría en paralelo al gobierno y al Congreso, o sea que carecería de poder e incluso estaría legitimando la continuación del régimen político. La derecha se opone a este planteo porque teme, aunque sólo hasta cierto punto, que una Constituyente paralela al sistema político pudiera chocar con él y derribarlo, a partir de una presión extraordinaria de las masas. El objetivo supremo de todo este cabildeo constitucionalista es sacar al pueblo de la calle y crear las condiciones para un viraje contrarrevolucionario.
La condición elemental de una Constituyente Soberana es la expulsión de Piñera del gobierno y la disolución del Congreso. Es decir que la Constituyente asuma el poder político, a partir de la liquidación del poder político que la precede. La Constituyente soberana, o sea gubernamental, tendrá como tarea primer una lucha para conquistar el poder real, lo cual significa desarmar a las fuerzas armadas pinochetistas y establecer una milicia republicana, armando a los trabajadores. El desarrollo político concreto de este proceso no solamente mandará al basurero de la historia a los partidos políticos actuantes, sino que debe crear órganos de poder propios de las masas – los cabildos populares deben ser suplementados por la creación de consejos obreros y la elección de un Consejo nacional de trabajadores, compuesto por delegados electos y revocables, desde los lugares de trabajo y regionales. El desarrollo del proceso revolucionario reclama revolucionar la organización de masas que impulsa este proceso revolucionario.
Para los luchadores socialistas de todos los países, lo que ocurre en Chile ofrece enseñanzas excepcionales, porque representa un desarrollo en la práctica de un proceso transicional y de un programa de transición. La reivindicación de la Asamblea Constituyente Soberana aparece como un pilar político fundamental, como puente entre la crisis política, la rebelión popular y la lucha por un gobierno de trabajadores. En Chile se manifiestan todas las contradicciones de esa transición y todas las maniobras de la reacción política y las fuerzas de conciliación de clase, que distorsionan esa reivindicación para mellar su lado revolucionario e imponer su ángulo conciliador, o sea como un planteo constitucionalista. La especie de que una Constituyente reproduciría el mismo régimen político que se quiere abatir, porque al final los partidos mayoritarios seguirían siendo los mismos, exhibe un nivel sorprendente de torpeza, porque el proceso político consiste, precisamente, en quebrar la resistencia de esos partidos a reemplazar al régimen político por una Constituyente Soberana, por medio de organizaciones de poder autónomos de las masas y por medio del desarrollo de un partido revolucionario.
Marx advirtió, primero que nadie, el carácter permanente de las revoluciones modernas, en el análisis de la Revolución Francesa, donde las creaciones y disoluciones de Asambleas y Constituyentes eran la expresión de una radicalización de la lucha de clases, que en Francia culminó con la dictadura jacobina, la Convención, y en la época de la decadencia capitalista debe culminar con la dictadura del proletariado,
El golpe contrarrevolucionario en Bolivia no puede ser entendido por fuera de la revolución chilena. Una derrota del golpe de Trump, Bolsonaro y Macri daría un impulso enorme a la rebelión popular en Chile, pero incluso la amenaza que ese golpe representa para el pueblo chileno puede ser un factor de radicalización de la revolución. En un escenario con las masas decididamente en lucha, el esquematismo luce más que nunca como una pedantería. Es necesaria una gran labor política de esclarecimiento en la clase obrera de Argentina sobre el alcance histórico actual de las rebeliones en Ecuador y Chile y el combate contra el golpe en Bolivia, porque el conjunto de las contradicciones que atraviesan a Argentina la colocan en el primer lugar de una lucha inminente entre revolución y contrarrevolución.
Conclusión:
Fuera Piñera, disolución del Congreso
Huelga general, Constituyente Soberana
Cabildos, Consejos Obreros, Gobierno de Trabajadores
