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El salteño Gustavo Sáenz acaba de presentar en la Legislatura provincial un proyecto de reforma electoral que prevé la reinstalación del viejo y repudiado sistema de lemas en todas las categorías, a excepción de la de gobernador, para las elecciones de 2027.
Como Javier Milei y Donald Trump, que promueven reformas electorales a la medida de sus propios intereses, Sáenz hace lo propio para cercenar la voluntad popular. El monopolio del proceso político y la eliminación de libertades democráticas y constitucionales son recursos propios de regímenes políticos en franca disgregación.
La reforma electoral fue presentada como una ley de "participación democrática". Ni participación, ni democrática: la reforma del saenzcismo consuma un nuevo y mayor fraude contra los trabajadores de Salta. En primer lugar, establece que en las categorías legislativas y para intendentes las alianzas electorales pueden presentar hasta cuatro listas en la misma categoría. Naturalmente esas listas compiten una contra otra y con el conjunto de las listas de las demás fuerzas políticas presentes en la elección. Sin embargo, la ley de lemas establece que los votos a un candidato sumen a otro del mismo frente o alianza, al que obtenga el mejor resultado. De este modo, no resulta ganador necesariamente el candidato más votado en términos absolutos, sino el que sume votos de candidatos contradictorios. El proyecto de Sáenz no favorece la "participación democrática" sino el oportunismo político. Es un recurso ante la crisis histórica del PJ, que en las últimas elecciones no conquistó ni un solo representante en los parlamentos provinciales, ni municipales. La ley de lemas fomenta el arribismo a cualquier precio. Establece un “mercado” electoral.
La ley establece un requisito proscriptivo para la participación con candidatos a la gobernación provincial. Exige la presentación de listas completas en 15 departamentos de los 23 que componen la provincia, como condición necesaria y excluyente para presentar lista a gobernador. Sáenz busca institucionalizar mediante una ley de "participación democrática" la proscripción política. El gobernador promueve la oligarquía política y deforma el principio de representación popular. El 80 % de los habitantes de la provincia están concentrados en tres departamentos, Capital, San Martin y Orán.
El régimen electoral y la modalidad del voto fueron siempre una moneda de cambio en favor del gobierno de turno. La reforma del ´saenzcismo´ reduce el plazo formal de convocatoria a las elecciones provinciales de 6 a 4 meses. Esto amplía, en cambio, el margen de maniobra del gobernador para desdoblar o unificar la fecha de las elecciones provinciales con las nacionales, según las conveniencias del momento.
Sáenz se valdrá de la mayoría oficialista en las Cámaras para que la ley se imponga sin debate. El parlamento se presenta una vez más como un instrumento del Estado para consagrar el fraude contra la población, y en este caso, formalizar un golpe de carácter institucional contra la soberanía popular.
Sáenz opera, como lo hace Milei a nivel nacional, violando la independencia de todos los poderes del estado. El bloque de legisladores liberticidas anunció, sin embargo, que buscará judicializar la iniciativa, a pesar de que la Justicia salteña es una muleta del régimen de Sáenz. No será la única impugnación judicial: el aparato del Partido Obrero declaró que analiza una presentación de inconstitucionalidad. La vía judicial es un camino estéril si no se desarrolla una acción de lucha de las masas contra este cercenamiento de derechos democráticos. Milei incurre en la desobediencia judicial de manera sistemática, cuando desconoce los fallos judiciales que lo obligan a pagar la emergencia en discapacidad, la ley de financiamiento universitario, a jubilados, etc.
La reforma electoral expresa, de fondo, la fragilidad de un gobierno desesperado, que quiere mantener el control de los grandes negocios del capital minero, agroexportador e inmobiliario en la provincia, cuando su orientación política agrava cada vez más los choques y las contradicciones con las masas de la población. Sáenz ha perdido las dos últimas elecciones en Salta en cargos legislativos, a manos del partido de un socio político, Milei. El salteño anticipa una jugada a conciencia de que la destrucción de las condiciones de vida de las masas y el empobrecimiento galopante de los trabajadores son factores que ponen en riesgo su continuidad en la gobernación. Por eso busca blindarse de cara a las elecciones de 2027.
La política antidemocrática en Salta no es nueva. En definitiva, Sáenz profundiza la reforma reaccionaria de la constitución provincial que impuso en 2023, que bloqueó el ingreso de minorías a los concejos deliberantes y duplicó la duración del mandato de los concejales de 2 a 4 años, para escindir aún más estos cargos del ya escaso control popular que garantiza el régimen político vigente. Sáenz abolió el derecho a huelga de los trabajadores con la imposición de la figura de “falta injustificada”. Bajo esta figura antiobrera despidió a 127 docentes después de la huelga autoconvocada de 2023. Con la aprobación de esta reforma electoral, Sáenz inaugura su campaña por la reelección, “reinterpretando” su propia reforma constitucional que impide 3 mandatos consecutivos.
Para defender lo que queda del estado de derecho que los llamados demócratas están pulverizando y, sobre todo, para defender el irrevocable derecho que tenemos los explotados a rebelarnos contra los regímenes reaccionarios y antiobreros, proponemos poner en pie comités obreros y asambleas, impulsamos la acción directa y la huelga general para defender nuestras conquistas democráticas y todas las reivindicaciones.
