Bahía Blanca: por la libertad y absolución de Claudio Montiel

Una manifestación del Sindicato de Comercio de Bahía Blanca en las puertas del centro comercial Bahía Blanca Plaza Shopping, en el feriado del viernes 3 de abril, ha derivado en la encarcelación de su secretario adjunto, Claudio Montiel.

Ese día, el sindicato bloqueó las puertas de ingreso del shopping denunciando que se estaba incumpliendo un acuerdo con las patronales de los comercios de no convocar a trabajadores, a quienes además se los estaba amenazando de despedirlos en caso de que no concurrieran. Durante el piquete, se ha captado en un momento al secretario adjunto golpeando con un cono de plástico las puertas del shopping, sin romperlas.

La gerencia del shopping, en manos de la cadena de supermercados de la Cooperativa Obrera, junto con la Cámara de Comercio local, denunciaron el piquete como “un ataque directo a la libertad de trabajo y a la propiedad privada” y “solicitaron a las autoridades competentes que garanticen de manera inmediata el orden y la seguridad en la ciudad”.

Esto fue recogido personalmente, primero por el fiscal general de la ciudad, Juan Pablo Fernández, quien antes de las imputaciones judiciales realizó declaraciones públicas afirmando que las imágenes del piquete mostraban “a un energúmeno, a un patotero que pretende imponer sus deseos con la violencia”, al tiempo que remarcó que ese tipo de conductas “no son admisibles”. Es un ‘prejuicio’ por completo, donde Fernández asume la defensa directa de los intereses de las patronales por encima de una manifestación sindical. Por estas afirmaciones, los abogados de Montiel recusaron por imparcialidad a los fiscales de la causa.

Efectivamente, a partir de estos hechos es que se ha iniciado una fuerte persecución judicial que comenzó con allanamientos en la sede del sindicato, en las viviendas de miembros del sindicato y la posterior orden de detención del secretario adjunto el 14 de abril, a quien se lo ha imputado por “delitos de privación de la libertad agravada, coacción agravada, violación de domicilio y daño reiterado”. Es decir que podría afrontar una condena muy importante. En la justicia, Montiel negó haber realizado amenazas, daños o agresiones. También afirmó que no impidieron la entrada o salida de gente al shopping. A Montiel le fueron negados todos los pedidos de excarcelación, mientras que de estar detenido en una comisaria pasó a estar en la cárcel de Villa Floresta. Por su libertad bajo fianza debería pagar 30 millones de pesos.

El Concejo Deliberante, por su parte, votó por unanimidad un proyecto de declaración también para “rechazar los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes en el Bahía Blanca Plaza Shopping, en el marco de las protestas realizadas por afiliados de la filial bahiense de la Asociación Empleados de Comercio”. Lo votaron los concejales del peronismo, que son gobierno en la ciudad, junto con los libertarios y macristas.

Por su parte, el gobierno de la provincia de Kicillof también se involucró en el hecho, sancionando al superintendente de la Región Sur de la Policía bonaerense, el Jefe Departamental y a un subcomisario. Esta decisión está claramente vinculada a cuestionar la ausencia de una represión policial a la manifestación del sindicato y no haber detenido a los manifestantes.

La respuesta del conjunto del aparato estatal y de sus partidos de la ciudad ha sido, entonces, una fuerte ofensiva criminalizante buscando establecer una sanción ejemplificadora contra el movimiento obrero y el derecho a la protesta. Este mismo aparato es el responsable del incumplimiento sistemático de las leyes laborales, de la extensión de la precarización laboral y es el que acaba de sancionar una pulverización de derechos establecidos en la ley de Contrato de Trabajo con la reciente contrarreforma laboral de Milei. La Cooperativa Obrera, por caso, es una patronal encubierta que precariza a trabajadores subcontratándolos con otra cooperativa, llamada Borlenghi.

La criminalización de Montiel en nombre de la “violencia” esconde precisamente la súperexplotación contra los trabajadores, quienes deben vivir con un sueldo de miseria, trabajar jornadas superiores a las 8 horas diarias, pagarse su propio despido (fondo de cese laboral), tienen vedado por la ley la posibilidad de deliberar, protestar contra esta opresión, y ahora incluso no pueden descansar en un feriado.

Desde el Sindicato de Comercio y la CGT local denunciaron como “desproporcionadas” las imputaciones a Montiel y la doble vara de la justica por la celeridad y el peso de las imputaciones contra Montiel, pero no se pronunciaron así frente al “incumplimiento de las leyes laborales de los sectores empresariales”. Sin embargo, no ha anunciado ninguna medida de fuerza en defensa de Montiel.

Abajo la persecución y la criminalización de la protesta. Por un paro general de la CGT y todos los sindicatos en Bahía Blanca hasta la inmediata libertad y absolución de Claudio Montiel.