Rechazamos la condena contra Zé Maria, dirigente del PSTU de Brasil, por denunciar el genocidio del pueblo palestino

Hace solo unos días, el martes 28 de abril, el juez Massimo Palazzolo del Cuarto Tribunal Penal Federal de San Pablo condenó al histórico dirigente del PSTU de Brasil, Zé Maria, por “racismo” a dos años de prisión. El PSTU ha anunciado que apelará la condena ante el Tribunal Federal de San Pablo.

Las frases por las cuales Zé Maria fue enjuiciado y condenado fueron pronunciadas en un discurso realizado el 14 de octubre del 2023, cuando el Estado de Israel impuso una ofensiva genocida contra el pueblo palestino. Allí, Zé Maria defendió el derecho legitimo del pueblo palestino a rebelarse contra la opresión del sionismo.

La denuncia fue realizada a instancias de la CONIB (Confederación Israelita de Brasil) y la FISESP (Federación Israelita del Estado de San Pablo) alegando entre sus argumentos la definición de la IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) que equipara cualquier denuncia al Estado de Israel como un acto de antisemitismo. En Brasil, esta definición no tiene respaldo oficial desde julio de 2025, cuando el gobierno de Lula se retiró de la organización IHRA. Previamente, el gobierno de Bolsonaro se había aliado de manera incondicional con el gobierno de Trump y Netanyahu, inscribiendo a Brasil como país veedor del cumplimiento y adhesión de otros países de la región a la definición de antisemitismo promovida por la IHRA.

La acusación ha encontrado terreno fértil en San Pablo, que se encuentra bajo el dominio del ultraderechista bolsonarista Tarcisio de Freitas como gobernador, quien ha participado en varias convenciones de la CONIB junto a otros bolsonaristas. La misma organización había dado su apoyo explícito a Bolsonaro en las campañas presidenciales de 2018 y 2022.

Estas organizaciones, CONIB y FISESP, no sólo han impulsado cargos contra Zé Maria, también intentaron silenciar a periodistas en 2023 y a otros dirigentes políticos, como Rui Costa Pimenta y Francisco Weiss Muniz, del Partido Causa de los Trabajadores (PCO) en 2024.

La derecha brasileña se encuentra impulsando un proyecto de ley para reintroducir la definición del IHRA como un marco legal en el país. Esto ha contado con el acompañamiento de la derecha que integra la “gran coalición” de Lula. La diputada Tabata Amaral (PSB-SP) ha presentado este proyecto, que ya recibió el nombre de “Ley Mordaza” y que se encuentra alineado con el proceso impulsado por el gobierno brasileño para definir una "Estrategia para Combatir el Antisemitismo" en un plazo de seis meses, movilizando al menos a ocho ministerios. En contrapartida, la propia derecha ha promovido la aprobación de una ley a medida de Bolsonaro para quitarle años de cárcel por su fallido golpe de Estado en 2023.

Esta movilización del bolsonarismo en Brasil coincide con la persecución a la denuncia del genocidio al pueblo palestino que promueven los gobiernos de extrema derecha, como Milei en la Argentina, e incluso los “izquierdistas” como el britanico del laborista Keir Starmer, quien ha llegado a calificar de terrorista por vía parlamentaria a la organización Palestine Action.

Este ataque a la libertad de expresión y movilización busca cercenar al conjunto de los oprimidos en sus derechos democráticos. Denunciamos la condena contra Zé Maria, impulsamos su absolución inmediata y promovemos la más intensa movilización de los trabajadores para ponerle fin a las guerras y matanzas que emprende el imperialismo en asociación con el sionismo sobre los pueblos del Medio Oriente.