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Tucumán es nuevamente escenario de una denuncia por abuso sexual que involucra a un integrante del poder político. Esta vez, las acusaciones apuntan al legislador de Fuerza Republicana Ricardo Bussi, el “Bolsonaro tucumano”.
Hijo del genocida, Bussi (h) es conocido en la provincia por sus posiciones reaccionarias y oscurantistas. Hace un mes atrás, con motivo del debate por la adhesión a la Ley Micaela, manifestó desconocer la existencia de mujeres víctimas de femicidios.
La denuncian es de una colaboradora de su partido. Acusa a Bussi de haber abierto una cuenta bancaria a su nombre sin que ella lo supiera, en la que depositó medio millón de pesos. Cuando ella reclamó ante el partido, Bussi la abusó sexualmente como represalia “y método de coacción” para que cesara en sus denuncias. El legislador, en un intento de revertir los términos, acusó a su víctima de tramar una venganza y de montar una operación política en su contra “porque es opositor”.
Pese a la gravedad de los hechos denunciados, a casi 10 días de la denuncia todavía no se inició la investigación y la justicia no brindó protección a la víctima. Además, desde el gobierno no se han pronunciado y muchos medios provinciales no se han hecho eco de la noticia. Este amparo a Bussi no tiene que ver con el peso de la herencia bussista sino por sus vínculos con el gobierno provincial, de quien es aliado en la legislatura.
La denuncia contra Bussi se suma a un listado en el que se encuentran José Alperovich, ex gobernador durante 13 años y actual senador nacional por el Frente de Todos; José Orellana, ex diputado nacional y actual intendente de la ciudad de Famaillá; Ariel García, ex legislador radical, y otro legislador del partido de Bussi, Horacio Vermal.
El denominador común de todas estas causas es la impunidad. Casi todas se encuentran paradas porque la Justicia no avanza. Con maniobras dilatorias se asegura que estos personajes sigan ocupando cargos en el Estado y prescriban las causas. Sólo aquellos casos que se apoyan en la movilización popular logran avanzar, como ocurrió con los de Paulina Lebbos y Marita Verón.
Es fundamental desarrollar una campaña por justicia para la víctima mostrando que la lucha es el único camino para lograr juicio y castigo, y sumar al conjunto de los casos de abusos impunes que involucran al régimen político.
