Conurbano: el reclamo por la asistencia alimentaria y el hambre como campo de disputa

El pasado 29 de abril, más de 80 intendentes bonaerenses, encabezado por el aparato de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y Andrés Larroque, manifestaron frente a la sede del Ministerio de Capital Humano contra el recorte del financiamiento del Servicio Alimentario Escolar.

Lo que expuso la ´movilización´ fue mucho más que una disputa administrativa por fondos atrasados, sino la crisis de un régimen entero: Nación, Provincia y municipios disputándose recursos en medio de una bancarrota estatal y social crecientes. Dos millones y medio de chicos reciben la asistencia alimentaria del SAE.

Sin embargo, presentar el conflicto como una simple “agresión” de Javier Milei contra la provincia de Axel Kicillof es quedarse en la superficie. Porque mientras el gobierno libertario descarga el ajuste bajo la bandera del “equilibrio fiscal”, el peronismo bonaerense aplica su propio reordenamiento regresivo del hambre mediante el recorte y suspensión del programa MESA, que garantizaba módulos alimentarios directos a las familias trabajadoras. Los fondos retaceados a este se destinan a complementar el SAE. Es un juego de suma cero - se quita de un lado para reforzar otro dispositivo igualmente insuficiente. Este dato no es menor dado que, los montos por estudiante -que apenas alcanzan para cubrir una fracción mínima de una comida diaria- exponen el carácter de esta política que evidencia que no hay "dos modelos2 enfrentados sino distintas administraciones del mismo ajuste.

Por otro lado, la descentralización del SAE hacia los municipios profundizó esta dinámica. Según declaraciones de Larroque, “el 90% del presupuesto de nuestro ministerio está dedicado a la cuestión alimentaria”. Como resultado, los intendentes quedaron convertidos en gerentes de la contención social en territorios atravesados por la pobreza, la precarización y el derrumbe de los ingresos. Ya no administran "desarrollo social" sino emergencias alimentarias. Esa administración está atravesada por una feroz disputa por recursos, caja y control territorial. En ese marco deben leerse las tensiones internas del peronismo.

La disputa ya no es solo electoral. Es una pelea por quién administra el derrumbe social y quién conserva capacidad de control sobre municipios que se han transformado en verdaderos polvorines sociales.

Los datos presupuestarios desnudan esa crisis. El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), reglamentado este año por la provincia, prevé un piso de 250.000 millones de pesos para asistir a municipios asfixiados financieramente. No obstante, esos fondos dependen, en gran medida, del propio endeudamiento provincial y de futuras negociaciones con Nación. Dicho de otro modo, la asistencia a los municipios está atada a la refinanciación de la deuda provincial, que a su vez demanda "equilibrio financiero".

En este escenario, la crisis del SAE no es un hecho aislado sino la expresión descarnada de la bancarrota del Estado en todos sus niveles. Nación ajusta transferencias, Provincia y los municipios aplican ese ajuste mediante redistribuciones regresivas de escasez administrando el hambre y en el medio quedan millones de hijos de trabajadores que atiende el SAE. Para quienes el comedor escolar es un apoyo alimentario en el marco de una crisis social insostenible.

Mientras tanto, las burocracias sindicales docentes y estatales mantienen un silencio de radio. Hablan de “gestión”, de “articulación” y de “acompañar el esfuerzo”, mientras subordinan los intereses más urgentes de los trabajadores y sus familias a la supervivencia política de Kicillof.

Por último, el peronismo intenta mostrarse como muro de contención frente a Milei, pero la propia crisis del SAE pone de manifiesto que forman parte del engranaje que descarga el ajuste sobre los trabajadores y sus hijos.

Entonces, la salida no vendrá ni de las negociaciones entre Nación y Provincia ni de las internas entre intendentes. Tampoco de un recambio de camarillas dentro del PJ.

Se hace vital para los trabajadores, docentes y familias, la organización independiente mediante autoconvocatorias para discutir en asamblea: en cada escuela, barrio y lugar de trabajo un programa que ponga en agenda las demandas urgentes de los trabajadores: Salario igual a la canasta familiar , trabajo genuino, presupuesto al SAE equivalente a la magnitud de la crisis.