Salud mental: enfrentemos la ofensiva reaccionaria de Milei con una posición independiente

El gobierno de Milei se propuso llevar su política de barbarie social al terreno de la llamada “salud mental”. Usa a su favor el malestar que en sectores de profesionales y familiares generó el fracaso de la Ley 26.657, sancionada en 2010, que en esta década y media acompañó el vaciamiento de los hospitales públicos, el colapso de los servicios de salud mental, la precarización de sus trabajadores y la tendencia a la medicalización y privatización de la atención en salud. Un malestar convenientemente azuzado por intereses empresariales y corporativos, que pretenden recuperar lugares de poder en el aparato del Estado y eliminar cualquier viso de regulación sobre clínicas y dispositivos privados. La ofensiva oficial se complementa con los brutales ajustazos sobre todas las partidas de salud, el cierre de cupos para las residencias interdisciplinarias (RISaM) y con otra la ley, la que ‘protege’ las patentes de los medicamentos a pedido de los laboratorios yanquis y la cámara de comercio norteamericana (AmCham), que obtuvo dictamen de comisión en Diputados y con la que Milei busca congraciarse con Trump.

La barbarie mileísta

La reforma reaccionaria del gobierno liberticida comienza por reemplazar el concepto de padecimiento subjetivo por el de ‘trastorno’, un reduccionismo biomédico que pretende sustraer a la vivencia psíquica de las relaciones sociales que la condicionan y degradan – la experiencia subjetiva es sustituida por la psicopatología. Es la perspectiva del capital financiero, que observa las urgencias subjetivas como una dispensa de diagnósticos a la que corresponde una dosis (creciente) de psicofármacos. El propio término “salud mental”, que aquí entrecomillamos, separa artificiosamente lo psíquico de lo físico, ignorando la unidad dialéctica de la realidad social y subjetiva del ser humano y la historicidad que entrelaza el carácter bio-psico-social de sus procesos de salud. El profesional de la salud quedaría subsumido, en consecuencia, a operar como un engranaje ‘técnico’, una suerte de ‘algoritmo’ o robot (palabras exactas de la directora mileísta de Salud Mental) para ponderar síntomas y prescribir medicamentos, en la cadena que va desde la industria farmacéutica a un mercado de pacientes en aumento directamente proporcional al sufrimiento que resulta del agravamiento de las condiciones existenciales de vida.

Siguiendo esta línea, la ofensiva mileísta coloca a las crisis de “salud mental” ya no en el ámbito de la salud, sino bajo la égida del poder judicial y las fuerzas represivas que le responden. Los jueces volverían a tener la potestad de disponer internaciones de pacientes, custodia policial mediante, más allá de la opinión de los equipos de salud. El equipo de salud mismo dejaría de ser tal, para ser reemplazado por la firma de un psiquiatra, como si los ‘trastornos’ se redujeran a problemas neurológicos con independencia de las circunstancias que atraviesa la persona, su historia y red vincular. El riesgo cierto e inminente, que debía mediar en las internaciones involuntarias, es trastocado por el riesgo ‘grave’, que vuelve a las estimaciones de ‘peligrosidades potenciales’ sin plazo temporal. Este retorno a los ‘viejos métodos’ se produce frente a un cuadro social enloquecedor, que es el resultado directo de la política oficial: despidos, sobretrabajo, miseria salarial, endeudamiento de las familias, crisis de vivienda y el aumento de los intentos de suicidio entre los jóvenes, de la violencia intrafamiliar y de la población que es arrojada a sobrevivir en la calle. En la misma sintonía, el macrismo porteño pretende abrir un pabellón para “crónicas sociales” en el Moyano, lo que fue repudiado con una asamblea de trabajadores que votó un acto y un corte de calle para la semana que viene.

El bloque “no es la ley, es su implementación”

La campaña oficial dio lugar a la formación de un ‘frente popular’ entre diferentes organizaciones profesionales, políticas y sindicales que postulan una línea de defensa de la ley vigente en nombre de la “desmanicomialización” y la llamada “salud mental comunitaria”. La Federación de Profesionales de CABA, por caso, envió una nota a los senadores con este contenido, evitando, como es su costumbre, convocar a asambleas de base, recabar mandatos y propuestas de acción. Emergió un bloque político que va desde el kirchnerismo derechohumanista hasta el FITU, que se escuda en la consigna “no es la ley, es su implementación”. Al PTS y el MST, que históricamente tuvieron esta posición acrítica, se sumó ahora el aparato del PO. Sin embargo, lejos de haber naufragado por su falta de puesta en práctica, la Ley 26.657 fracasó por los postulados, propósitos e intereses sociales que pretendió encarnar.

En su articulado, la ley habilitó desde el minuto cero el negocio de las clínicas, centros de atención y fundaciones del ‘sector privado’, que crecieron al amparo del vaciamiento de la salud pública y las tercerizaciones promovidas por el propio Estado. No por nada la ley fue votada en el Senado por unanimidad, con un consenso político excepcional que incluyó a pejotistas, radicales y macristas. Una vez conseguida la cooptación del movimiento de la salud, el kirchnerismo demoró tres años para sacar una reglamentación, en 2013, que favoreció aún más a las clínicas y establecimientos privados. Presentada como baluarte contra el manicomio, la 26.657 sirvió a objetivos más prosaicos, como los negociados inmobiliarios con los grandes terrenos de los hospitales monovalentes. El PRO se valió de la ley para intentar un desalojo brutal del Borda, que contó con el voto cómplice del bloque K de la legislatura porteña y sólo fue derrotado gracias a la vigorosa lucha independiente de sus trabajadores y pacientes.

Con el vaciamiento de los hospitales especializados estatales y la quiebra de las obras sociales, el capital privado tuvo el camino allanado para desarrollar sus clínicas, hospitales de día, casas de medio camino y toda clase de dispositivos lucrativos disfrazados al amparo de fundaciones y ONGs. El financiamiento de dispositivos terapéuticos intermedios por parte del Estado fue dejado a iniciativa “de cada jurisdicción”, mientras se prohibió la construcción de nuevos hospitales monovalentes como si la especialización fuera sinónimo de encierro o internaciones crónicas. El 10 % del presupuesto para “salud mental”, dentro del miserable presupuesto público para salud, no fue redactado como una resolución de ejecución inmediata, sino dilatado a largos plazos. Es cierto que el límite a las internaciones proviene en buena medida de la carencia de camas y recursos y no de la letra de la ley, pero esto no se trató de un “descuido” sino una política orquestada por el Estado y los ajustes sucesivos que todos los gobiernos pactaron con el FMI.

La mentada “salud mental comunitaria”, que amalgama ideológicamente desde la OMS y el kirchnerismo a los intelectuales de ‘ideas de izquierda’, es una entelequia cuando se la confronta con la ‘comunidad’ real, dividida entre explotadores y explotados. La reinserción social de los pacientes tiende a colisionar contra una estructura clasista que reproduce la alienación, el despojo, la miseria y el padecimiento. La defensa de la “salud mental” frente a la experiencia deshumanizante del capitalismo decadente se produce en la lucha por la remoción de sus bases sociales. Esto no niega la necesidad, y la urgencia, de dispositivos terapéuticos transicionales, pero no justifica el apoyo a una ley que habilita su privatización mientras entrega al hospital público. Todo esto fue dicho y recontra dicho por el Partido Obrero en 2010 y también mucho antes, cuando la primera ley ‘progresista’ de salud mental fue votada en el año 2000 en la legislatura porteña bajo el auspicio del Banco Mundial (https://prensaobrera.com/politicas/una-ley-progresista). Hoy, el aparato que usurpa aquel nombre saltó a la otra vereda.

Una posición obrera y socialista

A la ofensiva reaccionaria del gobierno es necesario responderle con una gran movilización de los trabajadores de la salud, pacientes y familiares. Promovamos la deliberación y las autoconvocatorias en todos los centros y hospitales para luchar por tirar abajo la reforma de Milei, no en defensa de la ley vigente, sino del conjunto de las reivindicaciones acuciantes que se derivan del fracaso de la 26.657, del avance de la privatización, del colapso de los servicios y de los recortes sistemáticos contra la salud pública perpetrados por éste y todos los gobiernos. Repudiemos el acuerdo entreguista anudado con Trump en favor de los pulpos farmacéuticos, por la nacionalización sin indemnización de los grandes laboratorios y la anulación de las patentes privadas, para colocar al conjunto del aparato científico y tecnológico al servicio de las necesidades de salud de la población trabajadora. Luchemos por una pensión igual al costo de la canasta familiar para todos los pacientes (y sus familias) incapacitados de trabajar. Y un salario mínimo igual a la canasta familiar como piso para todos los trabajadores de la salud.

Defendamos la libertad de elección para los pacientes (o sus familiares) entre los diferentes abordajes y modalidades terapéuticas. Movilicémonos por un aumento del presupuesto de salud que pueda garantizar las necesidades materiales que requieren las variadas modalidades de abordaje terapéutico. Postulemos un sistema de salud único, estatal y gratuito, bajo el control de sus trabajadores, que integre todos los recursos y niveles de atención sanitaria: los centros comunitarios y preventivos, el hospital público y las obras sociales. Organicémonos no en rescate de la panacea de un ‘paradigma’ encubridor del carácter enfermante de las relaciones sociales capitalistas, sino para oponer a esas relaciones y a la descomposición material y subjetiva que provocan un movimiento que reunifique en la lucha a todos los que viven de su trabajo. Coloquemos la cuestión de la “salud mental” en el campo de la clase obrera y de una perspectiva histórica emancipatoria y socialista para la humanidad.