El financiamiento universitario sólo será arrancado con una lucha decisiva

La “cuarta” marcha federal educativa cargó sobre sus espaldas con el nombre que le pusieron sus organizadores -es decir, “otra” marcha más, repitiendo el programa y el camino rutinario que el consejo de rectores viene impulsando en las tres movilizaciones anteriores. En estos dos años, el gobierno desconoció los reclamos universitarios. La reiteración de planteos que no consiguen resultados, no entusiasma a nadie: la concurrencia fue inferior a la de las marchas anteriores, que a su vez habían menguado respecto de la primera gran movilización de medio millón de personas. En la marcha de ayer, dominó el activismo universitario y juvenil de facultades y colegios, pero la concurrencia espontánea que había caracterizado a la primera movilización fue inferior. Ello no le quita mérito a los más de 100.000 jóvenes y docentes que ganaron la calle, y donde se volvió a manifestar la juventud secundaria de la ciudad y del conurbano. Las nuevas generaciones, a las que se atribuía un papel decisivo en la victoria electoral de Milei, alimentan hoy un odio irrevocable contra el ajustador. Pero para que ese rechazo conduzca a una victoria, es necesaria otra orientación de la lucha educativa.

Los Rectores y la Corte

En su mensaje político, los Rectores y las burocracias estudiantiles y docentes que dirigieron la marcha de ayer cifraron toda la expectativa en un fallo de la Corte en favor de la ley de Financiamiento. Esa ley, aprobada y luego refrendada en el Congreso contra el veto presidencial; ratificada en dos instancias por la justicia y vuelta a apelar por el gobierno, reposa ahora en las oficinas de la Corte. El tribunal deberá decidir si se aboca a tratar la cuestión o rechaza el recurso, en cuyo caso la ley de financiamiento quedaría “en firme”.

La expectativa de un rechazo de la Corte al pedido del gobierno tiene pronóstico reservado. Por lo pronto, el tribunal no tiene plazos: el destino de la universidad podría correr la suerte de los miles de juicios de jubilados, cuyos expedientes reposan en las oficinas de Rosatti, Ronzenkrantz y Lorenzetti. Además, el gobierno pidió el apartamiento de estos jueces por sus antecedentes como profesores universitarios - otra chicana para dilatar una resolución. A pocas horas de la marcha, Alejandro Álvarez, el gánster a cargo de “Políticas Universitarias”, declaró que “la ley (de financiamiento) nació muerta”. No solo se refería a la oposición terminante del gobierno a aplicarla, sino a la duplicidad de la oposición que la impulsó en el Congreso. Una parte de ella avaló después una ley de presupuesto que no contemplaba los recursos para la universidad. Actuaron en complicidad con un gobierno que presentó un presupuesto en completa ilegalidad, pues omitía los recursos necesarios para normas que estaban vigentes.

El “Financiamiento Universitario” no aumenta ni crea nuevas partidas para los claustros. Apenas devuelve parcialmente el dinero que le fuera confiscado cuando el presupuesto universitario, al igual que muchos otros gastos y educativos, resultó planchado en medio de la hiperinflación del verano de 2023-24.

Financiamiento Universitario y oposición

Entre los partidos capitalistas que coquetean con “la importancia de la universidad pública”, nadie quiere que se aplique efectivamente la Ley de Financiamiento. Esa norma fue redactada bajo la presión de las marchas y ocupaciones de facultades de 2024 y 2025. El radicalismo y el peronismo, partidos que albergan a la mayoría de los rectores, impulsaron la ley para poner bajo su tutela al movimiento de lucha de los claustros, y encorsetarlo detrás de la perspectiva parlamentaria. La zanahoria de “La Ley” fue empleada para gambetear una lucha resuelta - la huelga general con ocupación de las facultades. Una vez que el movimiento refluyó, los rectores y sus partidos dejaron que el gobierno avanzara con sus maniobras económicas y judiciales. No hay que olvidar que, después de la primera gran marcha, gobierno y rectores alcanzaron un acuerdo sobre el “financiamiento” que disponía un aumento del 270% para los gastos generales de las universidades; en cambio, los salarios docentes y no docentes ´durmieron el sueño de los justos´. Ahora, el Consejo de Rectores ni siquiera está comprometido con la ley de Financiamiento que dicen defender. Han expresado su disposición a discutir con el gobierno un “Financiamiento Low Cost” o bastardo: algunos fondos para los gastos generales, y un aumento para la docencia que represente la tercera parte de lo perdido en los dos últimos años. En esa perspectiva, atacan las huelgas universitarias.

Para los funcionarios libertarios, el salario de los profesores, como dijo uno de ellos textualmente, no es “para vivir de eso”. Debe ser un “complemento de la actividad privada”. Por esa vía, las cátedras, sus docentes y los contenidos de estudio resultan cooptados por el capital privado. El objetivo estratégico de la ofensiva libertaria es la privatización del conocimiento. Como ocurre con toda su política, Milei-Caputo aspiran a convertir a la universidad pública y su patrimonio científico en un Protectorado de la oligarquía digital que lucra con Trump y la guerra imperialista. Para ese propósito, el 90% de la Universidad argentina es material sobrante.

La ley de financiamiento habilita a una recuperación del orden del 35% de los salarios docentes (la mitad de lo perdido en los últimos diez años, que supera el 70%). Es lo sustraído por el gobierno de Milei después de la híper de 2023-2024. Un calco de lo ocurrido con jubilaciones, salud, gastos sociales, discapacidad. Milei teme que una restitución a las Universidades abra la compuerta para el mismo reclamo por parte de todos los demás sectores agraviados. Los partidos patronales que se preparan para el “hay 2027" tampoco quieren alterar ese “trabajo sucio” perpetrado por Milei. A eso aluden cuando afirman que “el equilibrio fiscal es razón de Estado”. Volviendo a la Corte, la historia de sus fallos es particularmente sensible a esas “razones del Estado”, como cuando intentó habilitar el 2x1 a los genocidas de la dictadura. Ese fallo fue volteado por la movilización de masas más imponente de las últimas dos décadas. La cuestión universitaria -y toda la motosierra oficial- también exige una acción histórica, la huelga general educativa, cuyo bulto esquivan todas las fuerzas políticas y sindicales que actúan en los claustros universitarios.

Lo que está planteado

La convicción de que las reivindicaciones universitarias sólo pueden ser arrancadas con una lucha decisiva ha venido ganando lugar en las facultades. Es el mandato que dejaron numerosas asambleas de base de las dos CONADU, en las vísperas del inicio de clases, y que luego fue desconocido o manipulado por las burocracias docentes. Es el camino que, a pesar de los bloqueos, decidieron emprender los docentes de Exactas de la UBA. En cambio, las burocracias del sindicalismo universitario insisten con sus paros intermitentes, a la medida del desgaste y la desmoralización.

La movilización de ayer, a la luz de todo lo anterior, deja un saldo contradictorio. El acto anodino y rutinario del final es la expresión de una orientación de derrota, piloteada por los rectores, las burocracias y los partidos que están detrás de ellas. Pero la concurrencia numerosa de docentes y jóvenes es la materia prima para colocar la lucha en un peldaño superior: la huelga general universitaria, hasta arrancar los reclamos planteados.