Rusia asimila el golpe del “corredor Trump” en el Cáucaso sur

El 13 de mayo, la Duma Estatal rusa aprobó en segunda y tercera lectura -prácticamente de manera unánime- una enmienda a las leyes de ciudadanía y defensa que otorga a Vladimir Putin la facultad explícita de desplegar tropas en cualquier país del mundo “para proteger a ciudadanos rusos” sometidos a arresto, detención, proceso penal o “persecución” por tribunales extranjeros o instancias internacionales en las que Rusia no participe (como la Corte Penal Internacional). La norma, que espera la firma presidencial para entrar en vigor, amplía formalmente las bases jurídicas para operaciones militares extraterritoriales. Según el texto y las declaraciones de sus impulsores, el objetivo es contrarrestar la “rusofobia”. El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, y el jefe del Comité de Defensa, Andrei Kartapolov, lo presentaron como escudo contra detenciones arbitrarias en Europa y EE.UU, citando casos como el del arqueólogo ruso Alexander Butyagin, detenido en Polonia.

Moscú ya había invocado la “protección de rusos” (o “rusoparlantes”) para justificar la guerra de 2008 contra Georgia, la anexión de Crimea en 2014 y la “Operación Militar Especial” en Ucrania en 2022.

Es una práctica a la que Estados Unidos ha recurrido en numerosas ocasiones. Analistas y opositores advierten que podría usarse para justificar nuevas incursiones en el Báltico, Moldavia (Transnistria), o incluso países de la UE con importantes comunidades rusas, en e; contexto actual de guerra prolongada en Ucrania y de crecientes alertas sobre un posible cerco de la OTAN en sus flancos sur. El Kremlin podría invocarla de forma preventiva ante las amenazas que percibe en Europa del Este, el Cáucaso Meridional y Asia Central.

Representantes de la Presidencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores (las tres principales instituciones políticas de Rusia) han advertido en las últimas semanas sobre estos riesgos, que, de no neutralizarse, podrían derivar en una guerra indirecta en tres frentes contra Rusia. El punto de inflexión fue el anuncio, en agosto del año pasado, de la “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales” (TRIPP), un megaproyecto que según los analistas “tomo por sorpresa a Moscú”. Todo indica que Moscú confió hasta último momento en que Armenia y Azerbaiyán cumplirían el punto del alto el fuego de noviembre de 2020 -mediado por Moscú-, que preveía un corredor de conectividad regional bajo protección del FSB, la muy influyente agencia de seguridad estatal, considerada la principal sucesora de la KGB. En cambio, ambos países sustituyeron el rol ruso por el estadounidense, convirtiendo la ruta en un corredor logístico militar de la OTAN hacia Asia Central. Poco después, Azerbaiyán anunció la completa adaptación de sus fuerzas armadas a los estándares de la OTAN. Kazajistán, por su parte, firmó un acuerdo sobre minerales críticos con Washington y reveló planes para producir proyectiles compatibles con la Alianza Atlántica. La visita del vicepresidente de EEUU, J.D.Vance a Armenia y Azerbaiyán en febrero completó lo que en Moscú se interpreta como un cerco estratégico.

Rusia tardó meses en digerir el golpe. El viceprimer ministro Alexei Overchuk declaró a TASS que la Ruta Trump “perturbó el equilibrio regional existente desde 1828”. El ministro de Defensa Andrey Belousov alertó sobre los intentos de “Estados extrarregionales” de establecer presencia militar y logística en Asia Central. Para entonces, Azerbaiyán ya había sellado una alianza militar de facto con Ucrania, que se suma a sus estrechos vínculos con Estados Unidos, Turquía y el Reino Unido. Aunque no se menciona de forma explícita, en Moscú se percibe con claridad que la Organización de Estados Turcos (OTS) se consolida como un bloque militar y de seguridad que aspira a reemplazar a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (la alianza militar liderada por Rusia considerada el equivalente ruso de la OTAN) especialmente en Kazajistán y Kirguistán. El objetivo sería arrancar estos países de la órbita rusa, de manera similar a como la OTAN y la UE intentan separar a Armenia de la OTSC y la Unión Económica Euroasiática. Un escenario considerado catastrófico para la seguridad rusa. La posición geoestratégica de Azerbaiyán le otorga un papel central en este cerco impulsado por la OTAN. Si el proceso se acelera, Azerbaiyán -considerado en la sombra un miembro de la Alianza- y Kazajistán podrían coordinar, junto a Ucrania, una presión en tres frentes.

Frente interno

Este año ha dejado huella en la sociedad rusa con un combo de aumentos de impuestos, restricciones en el acceso a internet y los evidentes efectos colaterales de la guerra. A ello se suma el estancamiento económico, que se traduce en cierres de negocios, encarecimiento de los alimentos y un fuerte aumento de facturas. Aunque el conflicto en Irán ha impulsado al alza los precios del petróleo, la sociedad rusa no ha percibido los beneficios de ese repunte. El descontento se manifiesta de forma diferenciada según los sectores. Las personas mayores se quejan principalmente de sus magros ingresos y del creciente costo de vida: “En Volgogrado, estallaron manifestaciones espontáneas contra el aumento de los precios. En Pskov, los comerciantes organizaron una huelga fiscal, negándose a pagar el IVA incrementado. En Moscú, jubilados manifestaron ante el Kremlin para exigir un aumento de sus pensiones, congeladas desde 2022.” Cuenta Luisa Corradini, corresponsal en Francia de La Nación (5/5).

“Aunque los índices de aprobación de Putin han disminuido recientemente, siguen siendo significativamente más altos que en los años previos a su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, según el Centro Levada, una encuestadora independiente”, matiza el New York Times (11/5).

Un amplio sector de la población expresa su frustración por una guerra que ya se extiende por cinco años. Los analistas coinciden en que la población tiende a dirigir su malestar hacia el gobierno en general o hacia las autoridades locales, pero rara vez hacia el propio Vladimir Putin. “Por el momento, ‘el zar es bueno y los boyardos son malos’”, señala un observador retomando un viejo refrán ruso que describe a un líder benevolente supuestamente rodeado de malos consejeros.

En paralelo, Kiev ha intensificado sus ataques de largo alcance contra territorio ruso, utilizando nuevos misiles de crucero y drones de fabricación ucraniana. Los días previos al desfile del Día de la Victoria, este sábado, estuvieron marcados por intensas especulaciones sobre un posible ataque ucraniano durante las celebraciones, presumiblemente mediante drones guiados a través de internet móvil. Estas alertas provocaron un fuerte despliegue de medidas de seguridad y duras advertencias rusas de una respuesta devastadora.

La aprobación de la ley de seguridad de rusos en el extranjero, llega en un momento delicado para el Kremlin. La economía rusa soporta el esfuerzo bélico gracias al petróleo y a la represión interna. Ampliar el marco legal de intervención es un preaviso para una escalada en la guerra: Putin busca mantener viva la narrativa de “Rusia asediada”.

Ante su crisis, Putin recurre al nacionalismo gran-ruso y al militarismo. No defiende “al pueblo ruso”, sino los intereses de la oligarquía ligada al Estado y al aparato represivo. Los rusos que verdaderamente sufren son los soldados enviados al matadero ucraniano y los trabajadores aplastados por la inflación y la censura. La ley de la Duma no es un acto de defensa sino una ampliación del radio de acción de los servicios secretos; es un paso a una mayor militarización.