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El viernes pasado, la Justicia boliviana levantó la orden de arresto contra el secretario Ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y otros dirigentes, para que se allanen a participar en una mesa de “diálogo” con el Gobierno. Sin embargo, los ampliados de la COB y de la Túpac Katari, de este fin de semana, junto con un multitudinario Cabildo Abierto de la Fejuve de El Alto, el martes 2, han decidido rechazar cualquier diálogo con el presidente Paz Pereira y ratificar la exigencia de su renuncia. El vicepresidente Edmaund Lara, enemistado con Paz Pereira, ha convocado a su propia mesa de diálogo junto a la iglesia católica y otras instituciones, que también fue desairado.
El operativo gubernamental fue quebrado por una fenomenal presión de las bases en el Cabildo Abierto de la Fejuve. Todavía está fresco en la memoria de las masas que en enero pasado la COB levantó la lucha contra el decreto 5503 en un ampliado interrumpido por la presencia de varios ministros de Paz Pereira.
La COB mantiene la exigencia de renuncia de Paz como "la única demanda del pueblo movilizado", pero soslaya las demandas que activaron al ´pueblo movilizado´ - aumento de salarios, abajo el naftazo, compensación por la nafta adulterada. El "ampliado" de la COB señala: "No permitiremos que ningún político o ex autoridades del pasado se quiera colgar de esta lucha legítima y reivindicativa, de los sectores sociales y sindicales", en referencia a Evo Morales.
La rebelión de los obreros y campesinos bolivianos carece de un planteo de poder. El ex ejecutivo de la COB, Jaime Solares, ha llamado, en un reportaje al programa televisivo Contacto Bolivia (01/06), a esperar que las reivindicaciones de los sectores en lucha sean levantadas por los eventuales candidatos que se presenten en las elecciones que surjan de la caída de Paz Pereira. La derecha fascista propone como alternativa continuista a ‘Tuto’ Zamora, el ex candidato a presidente.
Desde el lunes pasado, los bloqueos han ascendido a más de 100 y se han extendido a Pando. En Beni y Tarija han tenido lugar movilizaciones contra el gobierno y contra una declaración del estado de excepción, aunque sin bloqueos. En La Paz, epicentro de la lucha, la plaza Murillo y el Palacio de Gobierno siguen sitiados por la policía y rodeados de manifestaciones constantes, muchas de ellas reprimidas. Organizaciones campesinas cruceñas han tomado el pozo petrolero de Campo Humberto Suárez, en la localidad de Santa Rosa del Sara (La Razón, 02/06), mientras que autoconvocados de la localidad de Yapacani, de la provincia cruceña de Ichilo, resolvieron tomar los pozos petroleros de la zona si Paz Pereira no renuncia en un plazo de 24 horas (Radio Fides de Bolivia, 01/06). El acceso a la planta de YPFB en Senkata, El Alto, también ha sido bloqueado por los sectores en lucha (La Razón, 02/06).
Los choferes de La Paz han denunciado que el llamado al “diálogo” es una farsa, pues acumulan tres actas-compromisos firmadas e incumplidas. Desde el lunes han dado también 24 horas al gobierno de Paz para resolver su reclamo.
La derecha cruceña y los capitalistas bolivianos no han dejado de exigir que se declare el estado de excepción. Han comenzado a disparar críticas a la política de Paz contra la rebelión popular La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Santa Cruz, exige a Paz Pereira “que gobierne”, denuncia que sus “corredores humanitarios” no son una solución y advirtió que permitir que la “parálisis” se extienda es tan grave como haberla provocado (El Deber, 02/06).
El diputado Carlos Alarcón, principal dirigente de Comunidad Ciudadana, la fuerza política del ex presidente Carlos Mesa, ha propuesto que la Asamblea Plurinacional convoque a un referéndum revocatorio extraordinario de Paz Pereira, el vicepresidente Lara y la totalidad de los asambleístas, para sortear el actual “callejón sin salida”. Alarcón advirtió que la caída de Paz por la rebelión en curso y la asunción de Lara, sería un puente para el regreso de Evo Morales al poder (Erbol, 01/06). Lara rechazó la propuesta tildándola de “inconstitucional” (La Razón, 02/06) y los diputados de Paz Pereira la denunciaron por desconocer el “mandato popular”.
En este marco, después de una reunión de gabinete se conocieron las renuncias del ministro de Defensa (Correo Del Sur, 02/06) y la ministra de Educación (Los Tiempos, 02/06), lo que se parece más a una desintegración del gobierno que a la reorganización del gabinete.
