La rebelión obrera y campesina en Bolivia, entre el doble poder y el estado de excepción

La rebelión obrera y campesina en Bolivia sigue creciendo después de casi un mes de huelga general decretada por la Central Obrera Boliviana.

En las últimas dos semanas los bloqueos se han cuadruplicado en número y extendido desde La Paz y Oruro, hacia Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz. Cada uno de los operativos represivos de Paz Pereira -sus “corredores humanitarios” se han cobrado hasta ahora al menos siete vidas- sólo han logrado incrementar la rebelión y la exigencia de renuncia del presidente. Las movilizaciones en La Paz también se suceden y masifican día a día, a pesar de la represión diaria, para evitar que las multitudes movilizadas se instalen en la Plaza Murillo, frente a la Casa Grande del Pueblo, actual sede del gobierno nacional.

Paz Pereira ha negado un aumento salarial por arriba de la inflación y ha culpabilizado del desabastecimiento crónico de combustibles a los bloqueos y movilizaciones populares, cuando el desabastecimiento ha sido justamente uno de los motores de la lucha. Ha pedido la orden de captura del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, por "sedición". Su llamado al “diálogo” es denunciado por la COB como una celada para arrestar a sus dirigentes.

Es indiscutible que la rebelión de obreros y campesinos de Bolivia es un desafío al poder político de Paz Pereira y del conjunto del Estado capitalista boliviano; la Asamblea plurinacional ha votado el estado de excepción por más de dos tercios en ambas cámaras. La crisis actual tiene como base la incapacidad de Paz para racionar democráticamente la distribución de gas, cuyo desabastecimiento ha paralizado la economía, para dejar que el mercado haga su tarea, mediante un tarifazo descomunal. Lo mismo ha ocurrido con las reservas del Banco Central, cuya recuperación se confía a una mega devaluación del peso; para este año se estima una contracción económica del 3,3 %, una inflación del 20 % y un déficit equivalente al 9 % del PBI (The Economist, 21/5). La política de Paz ha sido puesta en cuestión de entrada por la rebelión contra el gasolinazo por decreto.

En este escenario, la COB y la Túpac Katari reclaman una salida política; la renuncia de Paz, es decir un relevo dentro del régimen existente. No plantea medidas de poder, como la ocupación de YPFB y el control obrero para garantizar la provisión de combustibles y su calidad, acabando con el contrabando que involucra a diferentes sectores capitalistas, y presentarse de ese modo como una alternativa de poder. El reclamo central del aumento de salarios y jubilaciones ha sido dejado de lado; como así también la exigencia de estatización de la minería, para privilegiar el reclamo de la renuncia de Paz. La cuestión de la minería, particularmente el litio y tierras raras es una cuestión estratégica para los estados inversores, con los que la COB no querría entrar en conflicto.

La COB y demás organizaciones tampoco están organizando a obreros y campesinos para enfrentar el despliegue de las fuerzas armadas; por el contrario, las caracterizan como parte del pueblo, con las que no quieren confrontar, o sea que preferirían la hipótesis de una salida militar, que de ningún modo se vislumbra. La sola partida de Paz dejaría el mando del poder a la vicepresidencia, la Asamblea plurinacional, las gobernaciones de los departamentos, provincias y alcaldías, copadas mayoritariamente por fracciones derechistas. El MAS ha perdido las gobernaciones de los 9 departamentos, no tiene senadores y ha pasado de 75 a solo 1 diputado. Los expresidentes "Tuto" Quiroga o Carlos Mesa acechan como variantes de recambio. Es decir, no ocultan su preferencia por el vice de Paz, Edmund Lara. Durante la rebelión de octubre de 2003, Evo Morales, junto con las direcciones de la COB y la Túpac Katari de aquella época, ´reencauzaron´ el proceso insurreccional bajo un programa de ´capitalismo andino´.

Paz Pereira, mientras tanto, ha recibido 8.000 millones de dólares de diferentes organismos multilaterales y ahora busca un acuerdo con el FMI por 5.000 millones de dólares para estabilizar el peso, hacer frente a los vencimientos de deuda y cubrir las importaciones de gas. Su política de “estabilización” ha llevado la deuda pública boliviana de un 90 % a un 110 % de su PBI, sin frenar la debacle económica. Bajo ese marco, buscará imponer el aplastamiento del movimiento obrero y campesino en lucha con una mayor represión.