Trump declara la guerra total: la “estrategia antiterrorista” como arma del imperialismo contra su población y la izquierda

En solo 16 páginas, el memorando de la administración Trump del 2026 expone con crudeza el programa de venganza y dominación del gran capital estadounidense. Bajo el pretexto de “contraterrorismo”, el documento equipara militantes antifascistas, anarquistas, opositores de izquierda y activistas defensores de causas democráticas con ISIS y Al Qaeda, mientras eleva a los cárteles a “narcoterroristas”. La frase lapidaria “Los encontraremos y los mataremos” resume el espíritu: una declaración abierta de guerra contra enemigos reales e imaginarios, dentro y fuera de las fronteras. Esta estrategia unifica la guerra de Trump contra el mundo —intervenciones en Yemen, Somalia, Venezuela y el Caribe— con la represión letal interna, tal como se vio en Minneapolis. No es mera retórica. Es la síntesis del trumpismo como sistema de gobierno facista al servicio de los intereses imperialistas más agresivos.

Enemigos internos: de Antifa a los “extremistas protrans”

El texto identifica tres amenazas principales: islamistas, narcoterroristas y “extremistas violentos de izquierda”, donde entran las organizaciones antifascistas, anarquistas y cualquiera que desafíe el orden MAGA («Haz a Estados Unidos grande otra vez»). Se menciona repetidamente a quienes siguen una “ideología radical protransgénero” o posiciones “antiamericanas”. Es la actualización moderna de COINTELPRO: un programa secreto e ilegal del FBI que operó entre 1956 y 1970, bajo la dirección de Edgar Hoover, creado para vigilar, infiltrar, desacreditar, y neutralizar a organizaciones y personas que consideraba "subversivas" o una amenaza para el orden social y político estadounidense.

Entre los principales objetivos se encontraba el Partido Comunista, el Movimiento por los derechos civiles (Martin Luther King Jr.), las Panteras Negras y el Movimiento contra la Guerra de Vietnam. También incluyó a grupos de extrema derecha como el Ku Klux Klan, aunque el foco principal estaba en la izquierda y los movimientos de minorías.

“Este documento es una lista de los enemigos de la administración y una promesa de lo que les van a hacer”, denuncian desde las organizaciones en defensa de los derechos civiles. Ya lo aplican en la práctica. Arrestos del ICE contra estudiantes pro Palestina, como el caso de Mahmoud Khalil en Columbia, donde denuncias anónimas y sin sustento sirvieron para tildarlos de “simpatizantes de Hamas”. Procesamientos por “terrorismo” contra manifestantes en Texas (Prairieland) y el uso del aparato federal para perseguir ONGs y disidencias. La estrategia convierte la etiqueta “terrorista” en un arma flexible para reprimir cualquier oposición. Esto no es nuevo, pero sí más descarado. Trump retoma y profundiza las extralimitaciones ejecutivas de Bush, Obama y Biden: listas secretas, reglas de enfrentamiento laxas y el derecho a matar sin juicio. El general Gregory Guillot, al mando del Comando Norte, dejó claro que ejecutaría órdenes de atacar dentro de EE.UU. si las considera “legales”. Cuatro estrellas no se ganan resistiendo al poder.

Primeras condenas

Ocho activistas que participaron en una protesta frente a un centro de detención de ICE en Prairieland (Texas) han sido condenados por proporcionar “apoyo material al terrorismo”, principalmente por vestir de negro completo —la indumentaria característica del “black bloc”— durante la manifestación. Siete de ellos enfrentan ahora posibles penas de hasta 60 años de prisión. El Departamento de Justicia ha señalado que estos casos representan sólo el inicio de una línea de acción más amplia. El incidente ocurrió la noche del 4 de julio de 2025. Según los registros judiciales, los manifestantes lanzaron fuegos artificiales y pintaron con aerosol vehículos en el aparcamiento del centro. Algunos participantes portaban armas de fuego, algo legal en Texas. Durante los disturbios se produjo un intercambio de disparos en el que un agente de policía resultó herido leve. Sin embargo, la fiscalía no acusó a los ocho condenados de participar directamente en el tiroteo. Las pruebas presentadas en el juicio incluyeron memes antigubernamentales encontrados en sus perfiles, dibujos, publicaciones en fanzines “radicales”, el uso de la aplicación de mensajería cifrada Signal y su pertenencia al bloque negro. El caso ha sido seguido de cerca por portales alternativos, mientras los grandes medios le han dado menor o nula cobertura. Organizaciones de defensa de las libertades civiles han criticado el veredicto, considerándolo un caso de prueba para la aplicación de la orden ejecutiva antifascista y el NSPM-7, el memorándum presidencial que instruye a las agencias federales a investigar como posibles amenazas de terrorismo interno a quienes defiendan determinadas posiciones políticas de izquierda. Hasta el momento, las autoridades locales no han entregado todos los registros públicos solicitados sobre la respuesta policial a la protesta. El caso de Prairieland se produce en un contexto de mayor énfasis por parte del gobierno federal en la persecución de actividades que vincula con el “extremismo antifascista”.

La tormenta que se avecina

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció la compra masiva de “Municiones Especializadas Menores no Letales”, un eufemismo oficial para designar un amplio arsenal de armas químicas, proyectiles de impacto y dispositivos de aturdimiento destinados a herir e incapacitar a personas. Según el documento de contratación, la agencia busca un proveedor capaz de suministrar grandes cantidades de 123 tipos diferentes de municiones distribuidas en 10 categorías. La enorme variedad ha generado alarma entre especialistas.“Cuando hay tantos tipos diferentes, te hace preguntarte, tácticamente, ¿cuál es el objetivo ahí?”, señaló Rohini Haar, médica de urgencias e investigadora especializada en munición “no letal”, en declaraciones a The Intercept. El uso indiscriminado de estas armas se ha convertido en sello distintivo de la política migratoria de Trump. Gases lacrimógenos, granadas de humo, proyectiles de espuma química y dispositivos de distracción formarán parte del equipamiento habitual de agentes federales contra manifestantes. La lista incluye dos agentes químicos principales, uno usado por EE.UU. en Vietnam y prohibido hoy para uso militar. Además, cien mil proyectiles de impacto lanzados desde tubos tipo lanzagranadas. Incluye 12 variedades de granadas de gas lacrimógeno, granadas de humo en cuatro colores y proyectiles “Hurón” (más de 12.000 unidades), diseñados para atravesar paredes, vidrio y barreras antes de liberar químicos al otro lado.“Si puede atravesar vidrio, aglomerado y paredes, puede atravesar un cuerpo”, advirtió Haar. Scott Reynhout, investigador de Physicians for Human Rights, expresó preocupación por la compra de granadas de goma y proyectiles de dispersión tipo “perdigones”, usados en Chile (2019), que causó cientos de casos de ceguera por parte de las fuerzas represivas.

Esta millonaria inversión confirma la orientación del segundo gobierno Trump: convertir la frontera y las ciudades en zonas de ocupación militar interna, donde cualquier protesta sea enfrentada con un arsenal variado y letal. Se trata de preparar la maquinaria represiva para contrarrestar una caldera social en aumento.